Las autoridades hondureñas de facto deben permitir que los periodistas informen mientras continúan las negociaciones sobre el futuro político del país, ha afirmado Amnistía Internacional.

Radio Globo y la emisora de televisión Canal 36 permanecen cerradas desde el 28 de septiembre tras la imposición de un decreto presidencial que limita gravemente la libertad de expresión, entre otros derechos humanos. La orden se anuló verbalmente el 5 de octubre, pero las fuerzas de seguridad hondureñas mantienen confiscado material de ambas emisoras.

“No existe base jurídica alguna para que Radio Globo y Canal 36 sigan cerrados” manifestó Susan Lee, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.

“Garantizar que los periodistas pueden informar al público y la protección de la libertad de expresión son cuestiones fundamentales que deben abordarse en las conversaciones en curso.”

“Además, pedimos al señor Micheletti que anule por completo el decreto publicando la orden en el boletín oficial del Estado y que dé instrucciones inequívocas a la policía y el ejército para que respeten y protejan los derechos humanos.”

La policía ha comunicado a los representantes legales de las emisoras de radio y televisión que el material confiscado es necesario para una investigación. No se ha facilitado más información relativa a esa investigación y ambos medios de comunicación siguen cerrados.