El presidente de facto hondureño, Roberto Micheletti, debe anular un decreto que otorga amplios poderes de detención a la policía, prohíbe todas las reuniones públicas e impone un toque de queda de 45 días, manifestó Amnistía Internacional el 29 de septiembre.
“Honduras corre peligro de entrar en un estado de desgobierno, en el que la policía y el ejército actúen en absoluto desprecio de los derechos humanos o el Estado de derecho”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. “Roberto Micheletti debe anular urgentemente el decreto y transmitir a las fuerzas de seguridad instrucciones claras de que deben respetar los derechos humanos en todo momento y en toda circunstancia.”
Los ataques de la policía y el ejército contra quienes se oponen al gobierno de facto han aumentado de manera alarmante desde que se publicó el decreto presidencial. Radio Globo y Canal 36, emisoras locales de radio y televisión, fueron cerradas por la fuerza y con violencia en operaciones conjuntas de la policía y el ejército, que actuaron con total desprecio de los procedimientos judiciales y los derechos humanos.
El 28 de septiembre, hacia las cinco y veinte de la madrugada, una fuerza conjunta del ejército y la policía echó abajo la puerta de las oficinas de Radio Globo mientras disparaba con munición real al aire, y tomó el edificio.
La policía y el ejército no habían dado aviso previo ni proporcionaron motivo oficial alguno para esa operación.
El personal de Radio Globo que se encontraba en la oficina se vio obligado a huir, y algunas personas, en estado de pánico, saltaron por la ventana de la tercera planta. El director de Radio Globo, según los informes, sufrió la fractura de un brazo y otras lesiones al huir del edificio.
También se confiscaron el equipo y los vehículos propiedad de la emisora. La policía y el ejército utilizaron los mismos métodos violentos y arbitrarios cuando tomaron simultáneamente el Canal 36.
El cierre de dos de los medios clave que ofrecen una visión alternativa a la del gobierno de facto socava el derecho de la ciudadanía de Honduras a acceder a información, y demuestra además la manera en que las autoridades reprimen la libertad de expresión y asociación.
Un periodista entrevistado por Amnistía Internacional dijo que ha habido un fuerte aumento de las agresiones de las autoridades de facto contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y manifestó que, con el cierre arbitrario de medios de comunicación clave por parte de la policía y el ejército, la atmósfera imperante es de fuerte tensión y auténtico miedo.