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Hay informes de varias muertes en los disturbios de Honduras

Las autoridades hondureñas deben detener de inmediato su respuesta “represiva” a una semana de violentos disturbios políticos que, según los informes, se ha saldado con cinco muertes, ha dicho Amnistía Internacional.

Al parecer, la policía mató a tiros a un hombre de 18 años en San Pedro Sula el martes. Según los informes, en la capital, Tegucigalpa, hubo otras cuatro muertes durante las manifestaciones generalizadas contra las autoridades de hecho.

"Las autoridades de hecho deben poner fin de inmediato a estas tácticas represivas y comprometerse a respetar los derechos humanos fundamentales”, ha dicho Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Desde que el lunes regresara a Honduras el depuesto presidente Manuel Zelaya, expulsado del país por un golpe de Estado en junio, se ha producido un repentino aumento de las palizas de la policía, las detenciones en masa de manifestantes y la intimidación de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Según los informes, las fuerzas de seguridad han disparado contra los manifestantes. Un hombre de 65 años murió a consecuencia de las heridas que le produjeron los disparos recibidos durante una manifestación en Tegucigalpa. Continúan sin aclararse las circunstancias en que se produjeron las otras tres muertes que, según los informes, hubo en la capital.

El hombre muerto por disparos en San Pedro Sula fue identificado como José Jacobo Euceda Perdomo, de 18 años.

Según los informes que han llegado hasta Amnistía Internacional, la noche del martes y la mañana del miércoles la policía asaltó vecindarios pobres de Tegucigalpa y San Pedro Sula buscando opositores a las autoridades que hubieran tomado parte en las protestas.

Los informes indican que los agentes irrumpían en las casas disparando con fuego real y lanzando gas lacrimógeno, y después golpeaban y detenían a sus ocupantes, al parecer sobre todo a las personas jóvenes.

Sigue sin saberse a ciencia cierta dónde se encuentran las personas detenidas en Tegucigalpa. A algunas de ellas las llevaron a las principales comisarías, mientras que a otras tal vez las hayan recluido en zonas de viviendas.

Estos métodos irregulares de detención ponen a las personas en peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos, puesto que es posible que su detención nunca llegue a registrarse oficialmente.

En Tegucigalpa hay testigos que han visto a los soldados golpear al azar con palos de madera a los transeúntes.

La preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras ha aumentado desde que el presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya, fue obligado a dejar el poder el 28 de junio y expulsado del país por un grupo de políticos apoyados por el ejército y encabezados por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional.

Desde el golpe de Estado ha habido disturbios generalizados en el país, con frecuentes enfrentamientos entre la policía, el ejército y los manifestantes. La tensión ha aumentado desde el regreso del depuesto presidente Zelaya, el 21 de septiembre.

Amnistía Internacional ha documentado las restricciones impuestas a la libertad de expresión desde el golpe de Estado, que incluyen el cierre de medios de comunicación, la confiscación de material y malos tratos a periodistas y operadores de cámara que informaban de los sucesos.

"El pueblo hondureño merece una rápida resolución de esta situación, cada vez más grave”, ha dicho Susan Lee. "Los esfuerzos de la comunidad internacional para mediar en una solución negociada del enfrentamiento político son la mejor oportunidad para evitar una crisis de derechos humanos y deben ser respaldados por todas las facciones políticas de Honduras”.