Dos activistas que prestaron ayuda a supervivientes del terremoto ocurrido en mayo de 2008 en la provincia china de Sichuan van a ser juzgados este mes. Su detención forma parte de los continuos esfuerzos de las autoridades por impedir las actividades pacíficas y legales en favor de los derechos humanos valiéndose de la legislación penal china.
Huang Qi comparecerá mañana ante el Tribunal Popular del Distrito de Houwu en la ciudad de Chengdu para ser juzgado a puerta cerrada por el cargo de “estar ilegalmente en posesión de documentos clasificados como altamente secretos”. Si es declarado culpable, podría ser condenado a cumplir hasta tres años de prisión.
Otro activista del terremoto, Tan Zuoren, será juzgado el 12 de agosto en el Tribunal Popular Intermedio de Chengdu por el cargo de “incitar a la subversión del poder del Estado”. Está acusado de difamar al Partido Comunista y al gobierno chinos en información que ha publicado en Internet sobre el modo en que las autoridades tratan la represión de Tiananmen de 1989.
No obstante, fuentes locales creen que la detención de Tan Zuoren está relacionada con su intención de publicar, con motivo del primer aniversario del terremoto, un informe basado en investigaciones independientes sobre el derrumbamiento de escuelas a causa de la corrupción del gobierno.
“Tras más de 13 meses de detención, Huang Qi padece graves dolencias, incluidos dos tumores que se le han desarrollado desde que fue detenido, y se teme que no reciba la debida atención médica –ha manifestado Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–. Las autoridades han rechazado las reiteradas solicitudes presentadas por su familia para que lo dejen en libertad bajo fianza en espera del juicio.”
Huang Qi ha sido interrogado repetidas veces en relación con su ayuda a diversas familias que entablaron acciones judiciales contra las autoridades locales tras la muerte de sus hijos e hijas al derrumbarse sus escuelas en el terremoto de Sichuan. Estas personas creen que los edificios públicos que se derrumbaron entonces se habían construido mal debido a la corrupción, en la que estaban implicadas autoridades locales.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que retiren los cargos presentados por motivos políticos contra Huang Qi y Tan Zuoren y los dejen en libertad de inmediato y sin condiciones.