Hoy, martes 10 de marzo, se cumple el 50º aniversario del fallido levantamiento del pueblo tibetano en 1959, que obligó al Dalai Lama, máximo dirigente de la región, a huir a la India.
El año pasado, por estas mismas fechas, se produjo en la Región Autónoma del Tíbet y en zonas de provincias vecinas de población tibetana una oleada de protestas en gran medida pacíficas. Éstas comportaron detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos, como encarcelamientos y detenciones prolongadas, torturas y otros malos tratos.
La detención de decenas de tibetanos, la intensificación de la campaña de “educación patriótica” y el hecho de que las autoridades chinas no hayan abordado los persistentes motivos de queja del pueblo tibetano, como la desigualdad en el acceso al trabajo y la educación, han provocado manifestaciones de protesta a lo largo de los 12 últimos meses.
Organizaciones tibetanas radicadas en el extranjero han documentado entre 130 y 200 manifestaciones de protesta desde marzo de 2008.
En las manifestaciones de protesta de carácter popular registradas en las zonas de población tibetana han participado monjes y monjas, laicos y nómadas. Sobre todo en las últimas semanas, los informes al respecto se han visto acompañados de noticias según las cuales se han endurecido las medidas de seguridad y se han formulado llamamientos para “aplastar” cualquier manifestación de apoyo al Dalai Lama. A pesar de este hecho, han seguido produciéndose en toda la región manifestaciones multitudinarias.
Algunos observadores han interpretado el endurecimiento de las medidas de seguridad, como la expulsión de monjes y monjas de los monasterios y una mayor presencia de la Policía Armada Popular, como un acto de provocación.
El 18 de enero se inició en Lhasa la “Campaña Unificada de Invierno de Identificación y Acción Enérgica”. La campaña tenía como objetivo “mantener con energía la estabilidad y el orden social en la ciudad” e iba dirigida sobre todo contra personas no establecidas en Lhasa de forma permanente.
Según el periódico Lhasa Evening News, durante los primeros tres días de la campaña la policía había “comprobado a fondo la identidad” de casi 6.000 personas en bloques de viviendas, alojamientos de alquiler, hoteles, pensiones, cibercafés y bares. El 24 de enero, la policía había detenido ya a 81 sospechosos, entre ellos a dos personas por tener grabadas “canciones y opiniones reaccionarias” en sus teléfonos móviles.
El 27 de febrero, según los informes, la Policía Armada Popular disparó contra un monje tibetano de 24 años que se había prendido fuego. El monje portaba una bandera tibetana de fabricación casera en la que figuraba un retrato del Dalai Lama.
El incidente tuvo lugar en el condado de Ngaba (Aba, en chino), situado en la Prefectura Autónoma Tibetana de Ngaba (provincia de Sichuan), después de que las autoridades locales disolvieran a un grupo de centenares de monjes que se habían reunido para orar.
La agencia oficial de noticias china, Xinhua, confirmó que había tenido lugar una manifestación de protesta y que se había llevado a un monje a un hospital para que le trataran unas lesiones producidas por quemaduras. Posteriormente, las autoridades chinas desmintieron que se hubieran efectuado disparos.
El persistente bloqueo del Tíbet ha dificultado la verificación independiente de los informes recibidos y suscitado el temor de que las noticias sobre violaciones de derechos humanos que llegan al exterior representen sólo una parte de las registradas en realidad.
Anteriormente, los periodistas extranjeros necesitaban un permiso especial para poder viajar a la Región Autónoma del Tíbet. Sin embargo, tras las protestas de la primavera de 2008, sólo pueden visitarla en grupos organizados por el gobierno.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que permitan el acceso a expertos de la ONU en derechos humanos y a otros observadores independientes para que investiguen la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma del Tíbet y en las zonas de las provincias vecinas de población tibetana.
Las autoridades chinas han rechazado por “inconvenientes” las peticiones formuladas por varios expertos de la ONU en derechos humanos para visitar la región. En marzo publicaron un libro blanco, titulado 50 años de reforma democrática en el Tíbet, en el que acusan a “fuerzas occidentales antichinas” de asesorar a la “camarilla del Dalai Lama” y respaldar a las “fuerzas separatistas” que tratan de dividir China y entorpecer su desarrollo.
Los expertos señalan que las autoridades manifiestan una tendencia preocupante a replegarse en sí mismas, considerar las protestas como actos delictivos aislados y no reconocer la magnitud y profundidad de los agravios sufridos por el pueblo tibetano en toda la región.
Según las autoridades chinas, 21 personas murieron a manos de manifestantes violentos durante las protestas registradas en 2008, mientras que fuentes tibetanas señalan que fueron más de 100 los tibetanos que perdieron la vida.
Según la Comisión Mixta sobre China del Gobierno y Congreso de Estados Unidos, sigue sin conocerse el paradero de más de 1.000 personas detenidas durante las protestas de marzo de 2008. Las personas que fueron liberadas señalan que las condiciones de reclusión son espantosas, incluidas palizas, negación de tratamiento médico y comida y bebida inadecuadas.
Según noticias oficiales, se ha condenado a 76 personas en relación con las protestas registradas en la primavera de 2008. A las personas declaradas culpables se les han impuesto condenas que oscilan entre cadena perpetua y penas irrevocables de tres años de cárcel. A la mayoría de ellas se las ha condenado por delitos descritos como “incendios intencionados, saqueos, provocación de peleas y disturbios, congregación de multitudes para asaltar organismos oficiales, alteración de servicios públicos y actos de latrocinio”.
Amnistía Internacional ha documentado juicios injustos de manera reiterada y actos que revelan que las autoridades chinas no distinguen entre delincuentes y manifestantes pacíficos.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que faciliten información sobre todas las personas muertas, heridas o desaparecidas, así como de todas las detenidas en el Tíbet, incluidos nombres, paradero y cargos formulados en su contra.
La organización ha pedido también que se investiguen con prontitud e imparcialidad las muertes bajo custodia registradas durante el año pasado y las denuncias de tortura y otros malos tratos aplicados a detenidos tibetanos, con objeto de llevar a los responsables ante la justicia, y la puesta en libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por el simple hecho de haber ejercido de manera pacífica el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.