El viejo adagio dice: “Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer”, pero un análisis detallado del coste de la expansión continua del estado de seguridad en Europa para los derechos humanos sugiere lo contrario.

Las investigaciones de Amnistía Internacional documentan ampliamente la preocupante tendencia orwelliana que se extiende por Europa, donde las crecientes atribuciones sin control de los Estados para combatir el terrorismo están aplastando las libertades.

Se están redefiniendo los límites entre los poderes del Estado y los derechos de las personas y se está desmantelando rápidamente el marco de los derechos humanos de Europa, tan cuidadosamente construido después de la Segunda Guerra Mundial.

Está surgiendo un panorama inquietante en el que las atribuciones sin control de los Estados están aplastando las libertades que durante mucho tiempo hemos dado por sentadas.

John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional

La nueva normalidad

En medio de una serie de ataques en Europa durante los dos últimos años, los gobiernos han rechazado la idea de que deberían proporcionar seguridad para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, y han adoptado la idea de que deben restringir los derechos para proporcionar seguridad.

Muchos países han facilitado que se puedan invocar y prolongar el estado de excepción y otras medidas de excepción, y lo que deberían ser atribuciones excepcionales y temporales, se han ido incorporando cada vez más de manera permanente al derecho penal ordinario.

Buena parte del problema se debe a unas definiciones excesivamente amplias de terrorismo. Como no existe una definición universalmente aceptada, los Estados y los organismos internacionales han creado la suya propia. Pero en ese proceso, las definiciones de terrorismo se han ido haciendo cada vez más vagas con el fin de que puedan aplicarse de forma arbitraria, lo que implica que se puede someter a ciudadanos respetuosos de la ley a una vigilancia injustificada, órdenes administrativas que restrinjan sus libertades, registros invasivos y cosas peores.

El caso de Ahmed

En noviembre de 2016, Ahmed H., residente en Chipre, fue condenado a 10 años de prisión en Hungría por un presunto “acto de terrorismo”, tras sostener un megáfono durante una protesta en un puesto fronterizo. Había ido a ayudar a su familia a huir de Siria en busca de seguridad.

“Nuestros hijos lo extrañan mucho. Ahmed es un padre excelente y un excelente esposo. No es un terrorista.”

Nadia, esposa de Ahmed

Ahmed admitió haber lanzado piedras a la policía en los disturbios que siguieron al uso excesivo de la fuerza por los agentes. Imágenes de las noticias muestran a Ahmed con un megáfono, pidiendo a refugiados y policía que mantuvieran la calma.

Esta sentencia se basa en un flagrante abuso de las disposiciones sobre terrorismo y refleja una confluencia preocupante de dos tendencias peligrosas: el uso indebido de los delitos relacionados con el terrorismo y el trato terrible a las personas refugiadas y migrantes.

Gauri van Gulik, Amnistía Internacional

Los “Estados vigilancia”

Muchos países de la UE se han unido a los “Estados vigilancia”, aprobando nuevas leyes que permiten una vigilancia masiva indiscriminada y otorgan atribuciones invasivas a los servicios de seguridad e inteligencia.

Las atribuciones de vigilancia masiva se han otorgado, o bien ampliado, entre otros países en Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica y Países Bajos. Dichas atribuciones permiten la interceptación masiva de datos de millones de personas, así como un posible acceso a dichos datos.

El brasileño David Miranda fue detenido en 2013 en aplicación de disposiciones antiterroristas mientras se encontraba en tránsito en Reino Unido. Llevaba documentos que le había proporcionado el denunciante Edward Snowden.

Fue registrado e interrogado durante 9 horas bajo sospecha de implicación en “espionaje” y “terrorismo”. Además, le confiscaron el teléfono móvil, el ordenador portátil, un disco duro externo y otros materiales.

En enero de 2016, el Tribunal de Apelación de Londres determinó que, aunque la detención fue legal, las disposiciones antiterroristas eran incompatibles con la legislación europea de derechos humanos relativa a la libertad de expresión, porque carecen de salvaguardias adecuadas para evitar el uso arbitrario de esas disposiciones. El gobierno se ha negado a modificar la ley.

[…] esta ley es un abuso de poder.

David Miranda

Un efecto terrible sobre la libertad de expresión

Algunos gobiernos han utilizado la amenaza del terrorismo contra personas que ejercen legalmente su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

En España, dos titiriteros fueron detenidos tras una actuación en la que una marioneta sostenía una pancarta con un eslogan que se consideraba que “enaltecía el terrorismo”.

En Francia, se ha utilizado un delito similar —“apología del terrorismo”— para acusar a cientos de personas, incluidos menores de edad, por delitos como publicar comentarios en Facebook.

Los titiriteros españoles

En España, dos titiriteros fueron detenidos tras una actuación en la que una marioneta sostenía una pancarta con un eslogan que se consideraba que apoyaba al grupo armado vasco ETA.

Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez actuaban en un espectáculo público en Madrid.

Fueron acusados de “enaltecimiento del terrorismo”, que conlleva penas de hasta cuatro años de prisión. Además fueron acusados de “incitación al odio o la violencia” hasta enero de 2017, fecha en la que un tribunal municipal de Madrid ordenó que también se retirara ese cargo.

Tras su liberación en febrero de 2016, se les prohibió dejar el país y tenían que presentarse todos los días en un juzgado o en la comisaría de policía.

¿Inocente hasta que se demuestre la culpabilidad?

Con una tergiversación moderna del “delito de pensamiento” orwelliano, se puede acusar a algunas personas de actividades por lo demás lícitas simplemente porque las autoridades creen que en el futuro participarán en actividades delictivas. Nuevas leyes penalizan los llamados actos delictivos preparatorios, que incluyen actividades como viajar a determinados lugares, o incluso más remotamente, prepararse para viajar.

Los gobiernos en Europa también se han interesado en iniciativas “predelincuencia” y recurren cada vez más a las órdenes o medidas administrativas que restringen la libertad de circulación de las personas, así como otros derechos. Esto ha llevado a que se sancione a muchas personas sin haber cometido ningún delito, socavando así la presunción de inocencia, un principio básico del derecho penal.

En estos casos la información se suele mantener secreta, es decir, que las personas sometidas a dichas medidas restrictivas ni siquiera pueden defenderse adecuadamente. Algunos países han aprobado nuevas leyes que les permiten detener sin cargos a personas sospechosas de terrorismo durante períodos prolongados. En muchos casos, nunca se presentaron cargos.

Discriminación

Las personas migrantes, refugiadas, defensoras de derechos humanos, activistas y las pertenecientes a grupos minoritarios se han visto particularmente afectadas por las nuevas medidas antiterroristas.

A ciertos grupos de población, en particular personas musulmanas y extranjeras o percibidas como tales, se los suele estereotipar y ver como con una mayor inclinación a la “radicalización”, el “extremismo” o la delincuencia y, abusando de manera absoluta de leyes que definen el terrorismo de forma muy vaga, se les aplican perfiles y se los selecciona como objetivo.

En el contexto de la seguridad nacional, la acción discriminatoria del Estado y de sus agentes es considerada cada vez más como “aceptable”. Y no lo es.

Esto nos afecta a todos

Se está creando, delante de nuestras narices, una Europa “hipersegurizada”, una Europa en la que el miedo, la alienación y los prejuicios están socavando de forma constante los  valores mismos sobre los que se fundó la UE: justicia, igualdad y no discriminación.

Los gobiernos europeos deben renovar urgentemente su compromiso con el respeto de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, al tiempo que luchan contra el terrorismo. El retroceso constante en tantos aspectos de la protección de los derechos en Europa debe acabar.

A menos que actuemos, corremos riesgo de convertirnos en víctimas de unas atribuciones peligrosamente desproporcionadas que supuestamente nos protegen.