Resumen

Todas las partes en el prolongado conflicto armado cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional, sin que hubiera medidas de rendición de cuentas adecuadas para garantizar justicia y reparación a las víctimas. La coalición dirigida por Arabia Saudí que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente continuó bombardeando infraestructuras de carácter civil, y efectuó ataques indiscriminados, matando e hiriendo a civiles. Las fuerzas huzíes y leales a Salé bombardearon indiscriminadamente con artillería zonas residenciales civiles de la ciudad de Taiz, así como territorio fronterizo saudí, matando e hiriendo a civiles. El gobierno yemení, las fuerzas huzíes y leales a Salé y las fuerzas yemeníes alineadas con Emiratos Árabes Unidos emplearon prácticas ilegales de detención, incluidas desaparición forzada y tortura y otros malos tratos. Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo una arraigada discriminación y otros abusos, como matrimonio forzado o a edad temprana y violencia en el ámbito familiar. La pena de muerte seguía vigente; no se disponía de información pública sobre condenas a muerte y ejecuciones.

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