Resumen

Todas las partes en el prolongado conflicto armado cometieron con impunidad crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional. La coalición dirigida por Arabia Saudí que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente bombardeó hospitales y otras infraestructuras de carácter civil, y efectuó ataques indiscriminados, matando e hiriendo a civiles. El grupo armado huzí y las fuerzas aliadas con él bombardearon indiscriminadamente con artillería zonas residenciales civiles de la ciudad de Taiz, así como territorio fronterizo saudí, matando e hiriendo a civiles. Las fuerzas huzíes y sus aliados imponían duras restricciones al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en las zonas que controlaban, deteniendo arbitrariamente a quienes expresaban oposición o críticas, como periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y obligando a cerrar ONG. Sometieron a algunas personas detenidas a desaparición forzada y a tortura y otros malos tratos. Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo una arraigada discriminación y otros abusos, como el matrimonio forzado y la violencia en el ámbito familiar. La pena de muerte seguía vigente; no se disponía de información pública sobre condenas a muerte y ejecuciones.

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