Resumen

Israel continuó sometiendo a discriminación institucionalizada a la población palestina que vivía bajo su gobierno en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Las fuerzas israelíes mataron a 38 personas palestinas, entre ellas 11 menores, durante manifestaciones celebradas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Muchas de ellas fueron víctimas de homicidio ilegítimo, ya que no suponían una amenaza inminente para la vida de nadie. Israel no garantizó rendición de cuentas ni reparación a las víctimas de estas graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los bombardeos aéreos y de artillería israelíes contra la Franja de Gaza mataron a 28 personas palestinas —entre ellas 10 menores— que eran civiles y no estaban participando directamente en las hostilidades. Israel mantuvo el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, sometiendo a sus habitantes a castigo colectivo y agravando la crisis humanitaria que sufrían. También continuó restringiendo mediante puestos de control y bloqueos de carretera la libertad de circulación de la población palestina en los TPO. Las autoridades israelíes mantenían detenidas ilegalmente en Israel a miles de personas palestinas de los TPO, cientos de las cuales estaban sometidas a detención administrativa sin cargos ni juicio. La tortura y otros malos tratos bajo custodia, infligidos incluso a niños y niñas, quedaban impunes. Israel desplazó a más de 900 personas palestinas en Cisjordania como consecuencia de demoliciones de viviendas. Las autoridades empleaban diversas medidas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas que criticaban la persistente ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán sirios. También negaban a quienes pretendían solicitar asilo el acceso a un procedimiento justo y rápido de determinación de la condición de persona refugiada. Se encarceló a varias personas por su objeción de conciencia al servicio militar.

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