Resumen

Israel siguió sometiendo a discriminación institucionalizada a la población palestina que vivía bajo su dominio en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Desplazó a centenares de palestinos y palestinas en Israel y la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, como consecuencia de demoliciones de viviendas y de la imposición de otras medidas coercitivas. Las fuerzas israelíes continuaron usando fuerza excesiva durante operaciones de aplicación de la ley en Israel y los TPO. En los TPO mataron a 31 palestinos, incluidos 9 niños; muchos fueron víctimas de homicidio ilegítimo cuando no representaban ninguna amenaza inminente para la vida. Israel mantuvo su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, sometiendo a la población a un castigo colectivo y empeorando la crisis humanitaria que ésta sufría. También siguió limitando la libertad de circulación de la población palestina en los TPO mediante puestos de control y controles de carretera. Las autoridades israelíes mantenían recluidos arbitrariamente en Israel a miles de palestinos y palestinas de los TPO, cientos de los cuales se hallaban sometidos a detención administrativa sin cargos ni juicio. La tortura y los malos tratos a personas detenidas, incluidos niños y niñas, quedaban impunes. Las autoridades recurrieron a toda una serie de medidas para atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas que criticaban la ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán de Siria. Persistía la violencia contra las mujeres, especialmente contra las ciudadanas palestinas de Israel. Las autoridades negaban a quienes solicitaban asilo el acceso a un proceso imparcial y rápido de determinación de la condición de persona refugiada. Se encarceló a objetores y objetoras de conciencia al servicio militar.

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