Resumen

Las fuerzas israelíes cometieron homicidios ilegítimos de palestinos y palestinas civiles, entre ellos niños y niñas, en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), y detuvieron a miles de palestinos y palestinas de los TPO que se oponían a la ocupación militar continuada de Israel, sometiendo a centenares a detención administrativa. La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo prácticas muy extendidas y quedaban impunes. Las autoridades continuaron promoviendo los asentamientos ilegales en Cisjordania, incluso intentando “legalizar” retroactivamente los construidos en terrenos privados palestinos, y aplicaron restricciones severas a la libertad de circulación de la población palestina, cerrando algunas zonas tras ataques palestinos contra israelíes. Las fuerzas israelíes siguieron manteniendo el bloqueo de la Franja de Gaza, con lo que imponían a sus 1,9 millones de habitantes un castigo colectivo, y continuaron derribando viviendas palestinas en Cisjordania y de habitantes de los pueblos beduinos de la región del Néguev/Naqab de Israel, sometiendo a sus ocupantes a desalojo forzoso. Las autoridades encarcelaron a objetores y objetoras de conciencia al servicio militar y detuvieron y expulsaron a miles de solicitantes de asilo procedentes de África.

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