Israel Y El Territorio Palestino Ocupado 2024

Israel cometió genocidio en Gaza, causando algunas de las mayores cifras de muertes de niños y niñas, periodistas y personal sanitario y humanitario jamás registradas en conflictos recientes ocurridos en el mundo y sometiendo deliberadamente a la población palestina a condiciones de existencia que acarreaban su destrucción física. El conflicto armado con Líbano causó muertes de civiles y desplazamientos masivos. Israel cometió el crimen de apartheid por medios como el traslado y desplazamiento forzosos de población palestina tanto en Israel como en el Territorio Palestino Ocupado. Se permitió actuar con impunidad a grupos de colonos violentos respaldados por el Estado; en cambio, se encarceló a objetores y objetoras de conciencia. Cientos de personas palestinas murieron en operaciones de detención militarizadas en la Cisjordania ocupada. Miles de personas palestinas fueron sometidas a detención arbitraria y a malos tratos, que en muchos casos equivalían a tortura. Se hizo caso omiso de las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para evitar el genocidio y poner fin a la ocupación ilegal. La libertad de expresión y de reunión pacífica fue objeto de ataques.

Información general

Israel reforzó su ocupación militar de la Franja de Gaza y Cisjordania mediante la ampliación y fortificación de las zonas militares, así como de los asentamientos de Cisjordania. En noviembre, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, destituyó al entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por no estar de acuerdo con el mantenimiento indefinido del control militar directo de Israel sobre Gaza ni con el reclutamiento de haredíes (judíos ultraortodoxos) para el ejército.

El conflicto entre el grupo armado libanés Hezbolá e Israel se intensificó significativamente. El 23 de septiembre, el ejército israelí lanzó la operación Flechas del Norte. El 1 de octubre, Israel inició una invasión terrestre en el sur de Líbano. El 27 de noviembre se firmó un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano.

En abril y octubre, ataques israelíes contra objetivos iraníes causaron la muerte de altos mandos militares, y las fuerzas iraníes lanzaron misiles hacia Israel, que mataron a un hombre palestino en Jericó, ciudad del este de Cisjordania.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Conflicto armado de Gaza

Israel cometió el crimen de genocidio en Gaza al matar a población civil palestina, causar lesión grave a la integridad física o mental de miembros de la población palestina y someter intencionalmente a ésta a condiciones de existencia que acarreaban su destrucción física, con actos como provocar desplazamiento forzado, obstaculizar o impedir la distribución de ayuda humanitaria vital y dañar o destruir infraestructura esencial para mantener la vida.¹

Los ataques israelíes efectuados durante el año causaron en el acto al menos 23.000 víctimas mortales, según observaciones del Grupo de Acción Sanitaria y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Territorio Palestino Ocupado (TPO). Aproximadamente el 60% eran mujeres, niños y niñas y personas mayores. El elevado número de muertes de civiles fue consecuencia de ataques directos, desproporcionados o indiscriminados. El 16 de abril, un ataque aéreo israelí mató deliberadamente a 15 personas, todas ellas civiles, en una calle comercial del campo de refugiados de Al Maghazi, en el centro de Gaza. Entre ellas había 10 niños y niñas que jugaban con un futbolín. Uno de los niños se encontraba allí tras haber huido de la ciudad de Gaza con su familia debido al hambre.²

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) notificó que, a lo largo del año, 52.214 personas palestinas habían sufrido heridas relacionadas con el conflicto. Basándose en informes de profesionales de la medicina que habían tratado traumatismos de extremidades inferiores, cabeza y columna vertebral, la OMS calculó en julio que alrededor del 25% de las personas heridas en Gaza necesitarían rehabilitación intensiva y continuada durante años.

Alrededor del 90% de la población de Gaza fue desplazada, en la mayoría de los casos varias veces. El 6 de mayo, Israel inició una operación militar a gran escala en el este de Rafá que se extendió a toda la gobernación, haciendo caso omiso de las advertencias de que tendría consecuencias humanitarias catastróficas y de una orden jurídicamente vinculante dictada por la Corte Internacional de Justicia para que se abstuviera de hacerlo. La operación desplazó a 1,2 millones de personas palestinas que vivían allí y que, en su gran mayoría, habían sido ya víctimas de desplazamiento interno. También cerró y destruyó gran parte del paso fronterizo de Rafá con Egipto.

El 6 de octubre, después de reiteradas órdenes de “evacuación” masiva, las fuerzas israelíes ordenaron el desplazamiento de las 300.000 personas palestinas que quedaban en la gobernación de Gaza del Norte. Más de un millón de personas, la mitad de ellas niños y niñas, vivían en tiendas de campaña durante el invierno, según el Consejo Noruego para Refugiados. Según el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), cinco niños y niñas recién nacidos murieron de hipotermia entre el 24 y el 29 de diciembre.

Las fuerzas israelíes atacaron hospitales y a personal médico y humanitario, y causaron la muerte de decenas de personas en ataques con drones, de artillería y aéreos. De los 36 hospitales de Gaza, sólo 17 tenían aún algunas partes en funcionamiento al finalizar el año, debido a los ataques israelíes. El 27 de diciembre, una incursión israelí contra el hospital de Kamal Adwan dejó fuera de servicio el último centro sanitario importante del norte de Gaza, y su director, Hussam Abu Safiya, fue detenido arbitrariamente junto con otros 240 miembros del personal y pacientes.

Todas las organizaciones humanitarias denunciaron excesivas restricciones y retrasos israelíes en la aprobación de las transferencias de ayuda. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras declaró en diciembre que para negociar la importación de refrigeración esencial para artículos médicos se habían necesitado cinco meses y que había equipo de esterilización bloqueado en la frontera. Como consecuencia del asedio militar israelí, el 96% del millón de niños y niñas de Gaza sufrían desnutrición, y unos 60.000 menores de cinco años padecían desnutrición aguda al finalizar el año. Casi dos millones de personas se enfrentaban a inseguridad alimentaria entre crítica y catastrófica, según la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria. Al menos 34 personas murieron de inanición entre abril y junio, según informes de la ONU.

El 28 de octubre, la Knéset aprobó una ley que prohibía el contacto entre autoridades israelíes, como las encargadas de gestionar las aprobaciones de transferencias de ayuda, y la UNRWA, principal organismo que proporcionaba ayuda y servicios educativos y sanitarios. Con su entrada en vigor se prohibió a la UNRWA desarrollar actividades en Jerusalén Oriental, e Israel cerró su sede.³

Las tropas israelíes llevaron a cabo acciones de destrucción gratuita, sin que hubiera una necesidad militar imperiosa.⁴ Las zonas más afectadas fueron el perímetro oriental, equivalente al 16% de Gaza, en particular, a sus tierras agrícolas productivas, y las localidades de Juza, en el sur, y Suyaiya, en el norte.

Debido al conflicto, el suministro de agua de Gaza se redujo a menos de cinco litros al día por persona durante todo el año. Oxfam notificó en julio que la grave escasez hídrica se debía a la destrucción sistemática de las infraestructuras de agua y saneamiento de Gaza. Todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales habían sido destruidas a finales de junio y la maquinaria pesada estaba averiada en el principal vertedero del sur de Gaza. La OMS informó de que, a fecha de 28 de mayo, 727.909 personas, especialmente niños y niñas, se habían visto afectadas por enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, como la hepatitis A.

Todas las universidades y colegios universitarios de Gaza, junto con cientos de mezquitas y tres iglesias, resultaron dañados o destruidos. La mayoría de las escuelas se transformaron en refugios para personas desplazadas, y, en noviembre, UNICEF informó de que el 95% de los edificios escolares habían sufrido daños.

Conflicto armado con Hezbolá

A lo largo del año, Hezbolá disparó repetidamente cohetes no guiados contra zonas civiles pobladas de Israel, matando e hiriendo a civiles y dañando y destruyendo viviendas civiles.⁵ Sus ataques causaron la muerte de más de 100 personas y el desplazamiento de unas 63.000 residentes en el norte de Israel. En octubre, tras la invasión terrestre israelí del sur de Líbano, Amnistía Internacional documentó tres ataques con cohetes de Hezbolá que mataron a ocho civiles e hirieron al menos a 16 y que podrían constituir crímenes de guerra.

Apartheid

Traslado forzoso

La OCHA informó de que en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las autoridades israelíes habían demolido 1.763 edificios, con el consiguiente desplazamiento permanente de 4.500 personas palestinas, la mayor cifra registrada en un año desde 2009.

Israel continuó con su campaña de destrucción de pueblos palestinos en Cisjordania. Según la ONG B’Tselem, la administración militar israelí sometió a la población de seis pueblos palestinos de Cisjordania a traslado forzoso al demoler sus viviendas, y amenazó con hacer correr la misma suerte al menos a otras 40 comunidades, cada una de ellas con varios centenares de habitantes. Las fuerzas israelíes permitieron a colonos a aterrorizar impunemente a estas poblaciones o los animaron a hacerlo, y, en ocasiones, incluso participaron en la violencia.

Israel estableció 43 nuevos asentamientos en Cisjordania, que se sumaron a los cerca de 330 creados en años anteriores, según Peace Now, organización israelí contraria a la ocupación. Aproximadamente 2.400 hectáreas de tierra fueron declaradas propiedad del Estado israelí en Cisjordania, lo que supuso la mayor confiscación de tierras llevada a cabo en el TPO desde 1992.

Dentro de Israel, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció en noviembre que el número de demoliciones de viviendas beduinas llevadas a cabo en la región del Néguev/Naqab, en el sur del país, desde principios de año había aumentado un 400% con respecto a 2022. El 8 de mayo, 300 personas palestinas beduinas ciudadanas de Israel se quedaron sin hogar cuando las autoridades demolieron su pueblo, Wadi al Jalil, sin consultarles debidamente.⁶ El 3 de junio, un tribunal de distrito ordenó a 500 personas beduinas del pueblo de Ras Jrabah que derribaran sus propias casas y se trasladaran a un municipio inacabado aprobado por el gobierno y que dependía de una autoridad distinta sólo para la población beduina. El 14 de noviembre, unidades de policía militarizadas demolieron todas las infraestructuras que quedaban y la mezquita de Umm al Hiran. Las autoridades israelíes afirmaron que las demoliciones eran necesarias para dar cabida a comunidades judías nuevas o en expansión.

La Ley de Deportación de Familias de Terroristas, aprobada el 7 de noviembre, permitía retirar la ciudadanía israelí o la residencia en Jerusalén a familiares de personas detenidas por presunto “apoyo al terrorismo” o condenadas por delitos contra la seguridad, lo que constituía una forma de castigo colectivo. La Ley de Nacionalidad y Entrada en Israel (Orden Temporal), renovada casi ininterrumpidamente desde 2003, seguía poniendo a ciertas categorías de personas palestinas en riesgo de apatridia.

Libertad de circulación

Se canceló el permiso para viajar a Cisjordania a unos 3.500 niños y niñas de Gaza con enfermedades crónicas a los que, después del 7 de octubre de 2023, se había previsto enviar allí para que recibieran tratamiento. En aplicación de una orden del 19 de junio, 22 pacientes —entre ellos, cinco niños y niñas recién nacidos—, que habían ingresado en hospitales israelíes o de Jerusalén Oriental en 2023 fueron enviados de regreso a Gaza sin recibir la atención médica para la que se les había remitido allí.

La OCHA contabilizó 793 bloqueos de carreteras y puestos de control en Cisjordania, que obstruían la circulación de la población palestina entre pueblos y ciudades palestinos y retrasaban el acceso de los servicios de emergencia. Se canceló por completo el permiso militar que se concedía dos veces al año para acceder a tierras agrícolas de propiedad privada, lo que afectó a personas que se dedicaban a la agricultura en 105 localidades de Cisjordania. El ejército israelí acordonó grandes localidades y campos de refugiados del norte de Cisjordania y los sometió a toques de queda de varios días durante incursiones en ellos. La OMS registró en Cisjordania el doble de incidentes de obstrucción a personal médico de primera intervención que en el año anterior.

Se anuló el permiso para trabajar en Israel a unos 100.000 trabajadores y trabajadoras palestinos y apenas se expidieron nuevos permisos.

Homicidios ilícitos

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, que investigó casos de homicidio relacionado con la labor periodística, los ataques israelíes mataron en el TPO a 74 personas palestinas que trabajaban como periodistas.

Según la OCHA, unas 487 personas palestinas, entre ellas 90 niños y niñas, murieron durante operaciones de detención militarizadas en las localidades de Yenín, Tulkarem, Nablús y Tubas, en el norte de Cisjordania. Las autoridades israelíes no investigaron estos homicidios aparentemente ilícitos.⁷

Los colonos mataron a seis personas palestinas e hirieron a otras 356, según la OCHA, principalmente en regiones rurales, como las colinas situadas al sur de Nablús y la parte sur de las colinas de Hebrón, y en zonas de Jerusalén Oriental y Hebrón. La violencia de los colonos, respaldada por el Estado, contribuyó a provocar el traslado forzoso de la población palestina.⁸

Detención arbitraria

Las fuerzas israelíes detuvieron a más de 10.000 personas palestinas y sometieron a gazatíes a desaparición forzada o detención en régimen de incomunicación.⁹ Según la ONG Hamoked, al finalizar el año había unas 5.262 personas palestinas recluidas sin cargos ni juicio: 3.376 de ellas en virtud de órdenes de detención administrativa y 1.886 en aplicación de la Ley de Combatientes Ilegítimos.

En noviembre, el ministro de Defensa anunció que Israel dejaría de dictar órdenes de detención administrativa contra colonos judíos.

Al menos 10 personas palestinas ciudadanas de Israel —de un total de 156 que habían sido detenidas en 2023 por cargos imprecisos y muy generales de “consumo persistente de material terrorista”, formulados contra ellas por haber visto imágenes de Gaza en las redes sociales— se hallaban en febrero recluidas en espera de juicio, según la ONG Mossawa Centre.

Tortura y otros malos tratos

Según declaraciones hechas por personas que habían estado detenidas y por personal penitenciario en calidad de denunciantes de irregularidades, el uso de violencia física extrema, incluidas agresiones sexuales y violaciones, contra las personas detenidas palestinas era habitual en todos los centros de detención. La privación de alimentos, agua, sueño, luz diurna y tratamiento médico suficientes era sistemática. Al menos 54 personas palestinas detenidas murieron bajo custodia, según la Asociación de Presos Palestinos. Adnan Al Bursh, destacado cirujano ortopédico de Gaza, murió a mediados de abril en la prisión de Ofer, en Cisjordania, sin estar acusado de ningún delito. Testigos presenciales afirmaron que había recibido fuertes palizas.

La procuradora general militar abrió 44 investigaciones penales sobre muertes bajo custodia y ocho sobre denuncias de tortura, pero sólo en un caso se dictó acta de acusación formal.

Las autoridades israelíes suspendieron las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja y de los familiares de las personas palestinas que se encontraban detenidas en Israel, lo que contribuyó a aumentar la falta de rendición de cuentas por el trato que se les dispensaba.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Israel no llevó a cabo ninguna investigación independiente, efectiva y transparente sobre las violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas israelíes, entre ellas posibles crímenes de guerra y genocidio en Gaza, además de homicidios ilícitos en Cisjordania. No se permitió la entrada en Gaza de equipos de investigación independiente.

El 26 de enero, el 28 de marzo y el 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que aplicara medidas provisionales para impedir el genocidio en Gaza. Las autoridades israelíes hicieron caso omiso de ello reiteradamente.

El 19 de julio, la CIJ declaró que la ocupación israelí de territorio palestino era ilegal según el derecho internacional.

El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu; el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, y un dirigente de Hamás por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, establecida por la ONU, seguía teniendo prohibida la entrada en Israel y en el TPO. No recibió respuesta alguna del gobierno israelí a 15 solicitudes de información y denunció que éste había dicho a la comunidad médica israelí que no cooperara con su investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por combatientes palestinos en el sur de Israel.

A principios del año, Estados Unidos, Francia y Reino Unido impusieron sanciones a determinados colonos supremacistas judíos armados y a organizaciones de colonos concretas, pero no parecieron servir para impedir la comisión de nuevos actos de violencia de colonos respaldados por el Estado ni la complicidad de soldados israelíes en los ataques de éstos.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las mujeres embarazadas y lactantes se vieron desproporcionadamente afectadas por la catástrofe humanitaria de Gaza. Según la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria, 16.500 mujeres embarazadas y lactantes gazatíes sufrían desnutrición aguda. Las mujeres y las niñas se enfrentaban a enfermedades debido a la destrucción de las infraestructuras sanitarias y de la mayoría de las instalaciones de salud, incluidas las salas de maternidad y neonatología.

La violencia en el ámbito familiar y por motivos de género aumentó tanto en Israel como en Gaza en el contexto de los desplazamientos masivos y el conflicto armado.

Libertad de expresión y de reunión

Los ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel se enfrentaban a detención y discriminación si expresaban su oposición a los ataques de las fuerzas israelíes contra Gaza. En febrero, el abogado de derechos humanos Ahmad Khalefa fue puesto bajo arresto domiciliario después de haber pasado 110 días en detención en espera de juicio por organizar protestas contra la guerra en octubre de 2023. Los cargos de “incitación al terrorismo” e “identificación con una organización terrorista” que pesaban contra él carecían de fundamento, según la ONG israelí Fondo de Defensores de los Derechos Humanos.

El Centro Mossawa manifestó en junio que había recibido unas 400 solicitudes de asistencia de trabajadores y trabajadoras despedidos por sus entidades empleadoras israelíes, en particular el proveedor de servicios sanitarios Clalit, por haber publicado en las redes sociales mensajes en contra de los ataques israelíes a Gaza.

Miles de ciudadanos y ciudadanas israelíes judíos se manifestaron contra el gobierno. La policía utilizó cañones de agua contra ellos y arrestó a decenas. El 2 de septiembre, el ministro de Economía solicitó una orden judicial para impedir que la Histadrut, el mayor sindicato de Israel, convocara una huelga general de un día en apoyo de las protestas. El 22 de septiembre, las fuerzas israelíes, que habían cerrado meses antes las oficinas de Al Yazira en Jerusalén, irrumpieron en las oficinas de la cadena de televisión en Ramala y las cerraron. Las autoridades israelíes siguieron prohibiendo la entrada en Gaza a periodistas de otros países, y el Tribunal Supremo israelí rechazó las peticiones de acceso presentadas por la Asociación de la Prensa Extranjera.

Derechos de objetores y objetoras de conciencia

Nueve ciudadanos y ciudadanas de Israel judíos y dos palestinos fueron encarcelados al negarse a servir en el ejército por su objeción de conciencia a la ocupación militar, el apartheid y el genocidio contra la población palestina. Dos de ellos, los adolescentes Tal Mitnick e Itamar Greenberg, pasaron seis meses en prisión.

Derecho a un medioambiente saludable

En junio, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente señaló que los escombros procedentes de la destrucción masiva de infraestructuras, las municiones de fósforo blanco y los residuos industriales y médicos estaban liberando niveles extremadamente altos de sustancias peligrosas en Gaza. Según sus cálculos, aunque los bombardeos cesaran inmediatamente, se tardarían 45 años en limpiar y reciclar los escombros y residuos.

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