Reino Unido 2025

El gobierno siguió utilizando la legislación antiterrorista para restringir protestas pacíficas contra el genocidio en Gaza y la empleó también para prohibir la organización Palestine Action. Continuaron las exportaciones de armas a Israel. Las autoridades intensificaron su agenda hostil para reprimir los derechos de las personas solicitantes de asilo y migrantes en Reino Unido. Los delitos de odio por motivos racistas y religiosos seguían estando muy extendidos. En virtud de una decisión del Tribunal Supremo se redujo enormemente el ámbito de aplicación del reconocimiento legal de la identidad de género. Se aprobaron reformas de la seguridad social que abocaron a la pobreza incluso a personas con discapacidad.

Información general

El gobierno no modificó su política de mantener la Ley de Derechos Humanos y su adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero tomó varias medidas políticas dirigidas a reducir la aplicación de estas protecciones, especialmente en relación con la inmigración y el asilo. En septiembre, el gobierno presentó el esperado proyecto de “Ley de Hillsborough”, que contribuía a aumentar la rendición de cuentas de los actores estatales en casos de víctimas mortales y catástrofes atribuibles al Estado.

Libertad de expresión y de reunión

Continuó el uso de las competencias policiales para reprimir manifestaciones pacíficas, en particular las protestas contra el genocidio en Gaza. En enero, la policía detuvo a 73 personas que se manifestaban pacíficamente —entre las que había organizadores de la protesta y destacadas figuras políticas— por el presunto “incumplimiento de las condiciones” impuestas por la policía en una protesta convocada con el lema “Alto al genocidio”.

En febrero, el gobierno publicó un nuevo Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Actuación Policial que ampliaba las competencias de la policía para imponer restricciones a las protestas basándose en la “perturbación acumulada” de protestas anteriores y que la facultaba para restringir protestas en las proximidades de lugares de culto. Asimismo, se facultaba a la policía para prohibir el uso en las protestas de prendas que cubrieran el rostro. Al terminar el año, el proyecto de ley seguía pendiente de aprobación.

En julio, el gobierno ilegalizó el movimiento de protesta de acción directa Palestine Action por considerarlo una organización terrorista, y justificó la medida por la participación de este movimiento en actos que habían causado graves daños materiales en fábricas de armas vinculadas a Israel y en la base de Brize Norton de la Fuerza Aérea británica. La pertenencia o el “apoyo” a un grupo prohibido continuaba siendo delito en virtud de la Ley sobre el Terrorismo de 2000. Uno de los cofundadores de Palestine Action emprendió acciones para reclamar una revisión judicial de la decisión de prohibir el grupo, alegando que era una injerencia desproporcionada en el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La vista de la causa tuvo lugar en noviembre, pero al terminar el año no se había tomado una decisión.

Tras la prohibición comenzó una campaña general de desobediencia civil encabezada por el grupo Defendamos a Nuestros Jurados. En una serie de protestas en gran escala, personas que se manifestaban pacíficamente sostenían carteles que decían: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”. Al finalizar el año se habían practicado más de 2.700 arrestos y aproximadamente 254 personas habían sido acusadas en aplicación del artículo 13 de la Ley sobre el Terrorismo y podían ser condenadas a un máximo de seis meses de prisión.¹

Un número menor de personas que habían organizado protestas fueron arrestadas y acusadas en aplicación del artículo 12 de la Ley sobre el Terrorismo, que tipificaba como delito la organización y participación en reuniones de apoyo a una organización prohibida. La fiscalía señaló que pediría entre seis y nueve años de prisión para los infractores.

En septiembre se publicó la Revisión McCullough, que identificaba múltiples casos de vigilancia encubierta por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) contra periodistas y profesionales de la abogacía, incluidas actividades probablemente ilícitas que infringían la Ley de Derechos Humanos. Esta revisión se llevó a cabo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal sobre Competencias Indagatorias de diciembre de 2024 según la cual el PSNI y el Servicio de Policía Metropolitana habían violado los derechos humanos de dos periodistas sometiéndolos a vigilancia para descubrir sus fuentes.²

Transferencias irresponsables de armas

En julio, el Tribunal Superior desestimó una demanda de revisión judicial de la política de Reino Unido sobre la concesión de licencias para exportaciones de armas a Israel, presentada por la organización de derechos humanos palestina Al Haq y la Red Global de Acción Jurídica en diciembre de 2023. Las organizaciones demandantes argumentaban que el riesgo de que las armas se utilizaran para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluido el crimen de genocidio, era suficiente para detener las ventas. El tribunal resolvió que la decisión relativa a las ventas de armas a Israel correspondía al gobierno y no a los tribunales.

En septiembre, el ministro principal de Escocia reconoció públicamente que había pruebas de que Israel estaba cometiendo el crimen de genocidio contra el pueblo palestino, y anunció que Escocia no concedería más subvenciones para el desarrollo económico a empresas de armamento relacionadas con Israel o con cualquier otro país del que fuera razonable sospechar que cometía genocidio.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Hubo protestas, en ocasiones violentas, contra personas solicitantes de asilo alojadas en hoteles. Profesionales de la abogacía especializados en inmigración, jueces y juezas y personal de ONG fueron objeto de amenazas e intimidación, incluidas campañas de desinformación específicas en su contra por parte de periódicos y figuras políticas.

En agosto, el gobierno llegó a un acuerdo con Francia para devolver a este país a las personas que habían cruzado el canal de la Mancha hacia Reino Unido usando rutas ilegales. A cambio, Reino Unido recibiría de Francia un número equivalente de solicitantes de asilo a través de una ruta legal acordada. Al terminar el año, el número de personas transferidas en virtud de este acuerdo era muy reducido.

En noviembre, el gobierno dio a conocer su intención de poner fin a su obligación de ayudar a las personas solicitantes de asilo cuando éstas corrieran peligro de indigencia, así como su voluntad de negarse a considerar la concesión de la residencia permanente a personas refugiadas hasta al menos 20 años después de haberles concedido el asilo. Tales medidas restringirían el acceso al asilo y socavarían los derechos de las personas refugiadas. El gobierno suspendió la reagrupación familiar de las personas refugiadas y anunció que iba a restringir duramente el acceso al visado de reagrupación familiar para estas personas.

También en noviembre, el gobierno dio a conocer sus planes respecto a la manera en que las personas migrantes podrían “ganarse” la residencia permanente en Reino Unido. Estos planes penalizaban a quienes hubieran migrado a Reino Unido con un visado de trabajo cualificado pero no alcanzaran el umbral de “altos ingresos”. El periodo mínimo de residencia y trabajo en Reino Unido para que la persona solicitante pudiera optar a la residencia permanente se ampliaba de cinco a 10 años o más. Las revisiones se aplicarían con carácter retroactivo a quienes ya estuvieran en proceso de obtener la residencia. Las exenciones favorecerían a las personas migrantes adineradas o a las que cumplieran los requisitos para obtener el exclusivo visado de “talento global”, que podrían presentar su solicitud después de permanecer entre tres y cinco años en Reino Unido. Depender de fondos públicos o haber cometido infracciones podría dar lugar a que la solicitud se retrasara o se prohibiera con carácter permanente.

En diciembre se aprobó la Ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración de 2025, que ampliaba las competencias del gobierno, entre ellas las de procesar y sancionar a personas solicitantes de asilo. El objetivo declarado de la legislación era interrumpir las operaciones de tráfico ilícito de personas.

Discriminación

El número de delitos de odio registrados por la policía en Inglaterra y Gales en los 12 meses anteriores a marzo de 2025 aumentó por primera vez en tres años y, según informes, el racismo se había normalizado en el discurso y la vida públicos.

En octubre, el Real Colegio de Enfermería informó de que los insultos racistas dirigidos a sus miembros habían aumentado un 55% desde 2022.

Se denunciaron ataques constantes a lugares de culto. Entre julio y octubre hubo un total de 27 ataques a mezquitas, que en algunos casos coincidieron con la campaña “Raise the Colours” (Izar las banderas) en agosto, asociada a grupos antiderechos y a las protestas frente a hoteles donde se alojaban solicitantes de asilo. En octubre, un ataque a una sinagoga en Manchester se saldó con la muerte de dos personas.

En agosto, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte reveló que la policía había registrado 1.329 delitos de odio por motivos raciales en el año hasta esa fecha, 434 más que en los 12 meses anteriores. Las cifras incluían los ataques racistas generalizados en localidades de Irlanda del Norte en junio, que obligaron a familias de comunidades migrantes y minorizadas a huir de sus hogares.

También en agosto, el gobierno anunció su decisión, impulsada por el auge de la discriminación racial y los prejuicios, de publicar la nacionalidad y el origen étnico de las personas sospechosas en causas penales de gran resonancia.

Las fuerzas policiales seguían utilizando lo que se conocía como “actuación policial predictiva”, herramientas y sistemas automatizados de evaluación algorítmica de riesgos que actuaban de forma selectiva y desproporcionada contra las personas negras y racializadas y las procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, lo que daba lugar a violaciones de sus derechos humanos.³

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En abril, el Tribunal Supremo falló que la definición de sexo incluida en la Ley de Igualdad debía entenderse como “sexo biológico” o sexo asignado al nacer, lo que reducía en gran medida el ámbito de aplicación del reconocimiento legal de la identidad de género. El tribunal afirmó el derecho de las personas transgénero a recibir protección frente a la discriminación y el hostigamiento. Tras esta sentencia, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos publicó un dictamen provisional no vinculante en el que aconsejaba a los proveedores de servicios la exclusión de las personas transgénero de ciertos espacios no mixtos. En algunos casos se sugería que las personas transgénero fueran excluidas de los espacios acordes con su sexo de nacimiento.

Posteriormente, la Comisión llevó a cabo una consulta sobre la actualización de su código normativo de prácticas, que al terminar el año no se había presentado al Parlamento. Tras la sentencia, algunas empresas y entidades benéficas adoptaron nocivas políticas transexcluyentes.

Derechos sexuales y reproductivos

En junio, el Parlamento aprobó una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Actuación Policial para poner fin al enjuiciamiento de personas embarazadas que se hubieran sometido a un aborto al margen de la ley en Inglaterra o Gales. Las entidades proveedoras de servicios de aborto y quienes ayudaran a acceder a ellos seguirían siendo penalmente responsables, en contra de las normas internacionales. Al terminar el año, el proyecto de ley seguía pendiente de aprobación.

Persistieron los obstáculos para acceder a servicios de aborto en Irlanda del Norte, incluido el aborto farmacológico, a pesar de la puesta en marcha de estos servicios en 2022. La falta de exámenes tempranos para detectar malformaciones del feto seguía siendo motivo de preocupación, ya que contravenía las normas sanitarias y tenía importantes repercusiones en los derechos de la persona embarazada a la autonomía personal y la salud. Irlanda del Norte seguía siendo la única parte de Reino Unido donde no había telemedicina habilitada.

Derechos económicos y sociales

En febrero, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU concluyó que Reino Unido había incumplido sus obligaciones internacionales, entre ellas la de garantizar los derechos a alimentación, vivienda y seguridad social adecuada.

Los fallos sistémicos del sistema de seguridad social seguían abocando a personas a la pobreza.⁴ En junio, el gobierno presentó un proyecto de ley que proponía cambios en los regímenes de Crédito Universal y Prestación de Independencia Personal con el objetivo de ahorrar 5.000 millones de libras esterlinas. La propia evaluación del impacto realizada por el gobierno concluía que las medidas sumirían en la pobreza a otras 250.000 personas con discapacidad. Tras una intensa campaña, algunas de las propuestas más perjudiciales del proyecto de ley fueron retiradas en espera de revisión. En agosto se promulgó una ley que introducía el acceso a la seguridad social en dos niveles, con prestaciones más bajas para los nuevos solicitantes y requisitos dirigidos a excluir a las personas con estados de salud cambiantes. En septiembre, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos y la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, todos de la ONU, condenaron la legislación por ser regresiva e incompatible con el principio de no discriminación en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En noviembre, el gobierno anunció la supresión del límite de dos hijos para recibir pagos del Crédito Universal. Aunque se esperaba que esta medida alejara de la pobreza a 450.000 niños y niñas, persistía la preocupación de que sus efectos fueran limitados al no ir acompañada de la eliminación del límite máximo de prestaciones.

Impunidad

En septiembre, los gobiernos de Reino Unido e Irlanda aprobaron el Marco Conjunto para abordar la incompatibilidad de la Ley sobre el Conflicto de Irlanda del Norte (Legado y Reconciliación) de 2023 con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En octubre, el gobierno de Reino Unido publicó el Proyecto de Ley sobre el Conflicto de Irlanda del Norte para anular y sustituir la Ley de Legado y Reconciliación de 2023 y el borrador de Orden Correctiva. De ese modo se pretendía anular el programa de amnistía de facto y levantar la prohibición de las demandas civiles, como habían ordenado los tribunales de Belfast en la causa Dillon and Ors. La vista del recurso presentado por el gobierno de Reino Unido contra esta sentencia tuvo lugar en octubre, pero al terminar el año la sentencia continuaba pendiente.

En diciembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa examinó las causas McKerr v. United Kingdom, en las que se dirimían la falta de medidas para investigar debidamente los casos relacionados con miembros de las fuerzas de seguridad británicas acusados de abusos y la posibilidad de que la Ley sobre el Conflicto de Irlanda del Norte (Legado y Reconciliación) de 2023 hubiera contribuido a las deficiencias de esa investigación. El Comité de Ministros accedió a revisar dichas causas en 2026, al seguir existiendo motivos de preocupación en torno al proyecto de ley.