Europa y Asia Central 2019
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Europa y Asia Central 2019

En 2019, en el corazón de Europa, algunos Estados intentaron activamente menoscabar la independencia del poder judicial para eludir la rendición de cuentas. La Unión Europea continuó externalizando el control de fronteras y de la migración, lo que generó graves riesgos para los derechos humanos: decenas de miles de personas siguieron expuestas a conflictos, violencia, tortura y un futuro incierto en condiciones de miseria. Quienes se oponían a estas políticas de control migratorio y de fronteras sufrieron a menudo campañas difamatorias, hostigamiento, e incluso sanciones administrativas y penales. Un número creciente de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y medios de comunicación independientes sufrieron intimidaciones y procesamientos. Con frecuencia, la respuesta a las expresiones de disidencia en la calle consistió en la adopción de diversas medidas restrictivas y uso excesivo de la fuerza por la policía. En este contexto general de intolerancia y discriminación, las minorías y quienes intentaban defender sus derechos encontraban reacciones de violencia, lo que agravó la estigmatización de algunas comunidades. Las supervivientes de violencia sexual, incluida la violación, continuaron hallando obstáculos para acceder a la justicia. Aunque dos países celebraron por primera vez la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico, en otros hubo un retroceso en las leyes y políticas relacionadas con los derechos de las personas LGBTI.

En 2019, los valores fundacionales de la Unión Europea (UE) fueron cuestionados directamente desde dentro de la Unión. En Polonia se vio amenazada la independencia del poder judicial, componente esencial del Estado de derecho, al tomar el partido gobernante medidas más drásticas para controlar a los miembros de la judicatura y los tribunales. Este proceso de Polonia ilustraba claramente el cambio de valores que estaba teniendo lugar en Europa, y también persistía la preocupación por la independencia del poder judicial en Hungría, Rumania y Turquía. En toda Europa afloraron síntomas —desde políticas migratorias que anteponían la protección de las fronteras a la de las vidas humanas hasta medidas para reprimir la disidencia popular y la protesta pública— que a menudo dieron paso a abusos de los de organismos encargados de hacer cumplir la ley. La intolerancia contra minorías étnicas y religiosas se tradujo frecuentemente en violencia y discriminación.

Aunque en 2019 se vio que muchos Estados no garantizaban los derechos humanos de todas las personas dentro de sus fronteras, no faltó gente valiente, que, sin reparar en el coste personal, se atrevió a salir en defensa de esos derechos y se esforzó por hacer rendir cuentas a las autoridades. La gente salió a la calle de forma multitudinaria para reclamar sus derechos y luchar por una sociedad más justa y equitativa. Fue un llamamiento inequívoco a los gobiernos para que asumieran sus responsabilidades, no sólo en su propio país, sino también teniendo en cuenta desafíos globales como el cambio climático. La movilización en torno a estos asuntos fue un rayo de esperanza para el futuro.

Migración

En 2019, alrededor de 120.000 solicitantes de asilo y migrantes llegaron a Europa de forma irregular. Las llegadas por las rutas del Mediterráneo central y occidental disminuyeron, mientras que aumentaron por la ruta del Mediterráneo oriental.

Predominaba la idea de que la mejor forma de gestionar el control migratorio y de fronteras era “externalizarlo”, aunque quedara en manos de países con un dudoso historial en materia de derechos humanos. Los países de la UE parecieron encontrar igualmente aceptable contener a migrantes y solicitantes de asilo en condiciones terribles en la periferia de la Unión o al borde de sus fronteras.

Los abusos contra los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo que intentaban cruzar el Mediterráneo central alcanzaron nuevas cotas cuando se reanudaron las hostilidades en Libia en abril. Además de tortura y detención arbitraria, estas personas sufrían bombardeos y ataques directos de las facciones enfrentadas, que mataron a decenas de ellas. A pesar del deterioro de la situación en materia de seguridad y de los constantes indicios de comisión sistemática de violaciones de derechos humanos en los centros de detención de Libia, los países europeos continuaron cooperando con este país para contener allí a migrantes y solicitantes de asilo. En noviembre, el gobierno de Italia prorrogó otros tres años su acuerdo migratorio con Libia.

La cooperación con Libia estuvo acompañada de la política de “puertos cerrados” establecida por el gobierno italiano, en virtud de la cual se negaba el acceso a puerto seguro a barcos de ONG que habían rescatado a personas en el mar y que se veían obligados a esperar durante semanas mientras los Estados mediterráneos se ponían de acuerdo sobre dónde desembarcarlas. Esta política terminó tras un cambio de gobierno en Italia que creó las condiciones necesarias para la firma de un acuerdo temporal entre Francia, Alemania, Italia y Malta. Fue un paso pequeño y provisional, pero garantizaba una coordinación mínima entre los cuatro países para desembarcar y reubicar a las personas rescatadas en el mar.

A pesar de la condena constante de las organizaciones de derechos humanos, el acuerdo UE-Turquía de 2016 continuó marcando la política migratoria de la UE en el Mediterráneo oriental. Los informes sobre graves violaciones de los derechos humanos de personas refugiadas y solicitantes de asilo en Turquía no disuadieron a la UE de seguir utilizando a este país como socio en materia de migración. Antes de la incursión de Turquía en el noreste de Siria en octubre, Amnistía Internacional llevó a cabo decenas de entrevistas que indicaban que, probablemente, cientos de personas sirias habían sufrido deportación desde Turquía entre mayo y septiembre, disfrazada de “retorno voluntario”.

Mientras, a mediados de año se registró en Grecia el mayor aumento de llegadas por mar desde 2016. Como consecuencia de ello, en los campos de acogida de las islas del Egeo se alcanzaron niveles de hacinamiento sin precedentes. Más de 38.000 personas se alojaban en instalaciones con capacidad para poco más de 6.000. En noviembre, ante el aumento constante de las necesidades de protección de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo presentes en el país, el nuevo gobierno de Grecia se apresuró a introducir una nueva legislación caracterizada por los procedimientos acelerados de asilo, la intensificación de las medidas de detención y las devoluciones a Turquía, siguiendo la tendencia de Alemania, Austria y Finlandia, que restringieron los derechos de quienes solicitaban asilo y dieron más prioridad a la detención y las deportaciones.

Aumentaron las llegadas por la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, acompañadas de graves y continuas denuncias de devoluciones sumarias y violencia en el lado griego. Quienes se libraban de estas devoluciones continuaban su viaje a través de la península balcánica. Según los informes, más de 30.000 personas transitaban por esta ruta tras haber salido de Grecia y Bulgaria. Más de 10.000 quedaron atrapadas en precarios campos de acogida en Bosnia y Herzegovina y Serbia, sin poder continuar su viaje debido al carácter persistente y sistémico de las expulsiones colectivas y la violencia de la policía croata. En octubre, a pesar de indicios abrumadores de violaciones de derechos humanos en la frontera de Croacia, la Comisión Europea recomendó la plena integración del país en el espacio Schengen.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Hubo personas y organizaciones de la sociedad civil que continuaron oponiéndose a estas políticas contra la migración erigiéndose en defensores y defensoras de los derechos humanos que brindaban solidaridad y apoyo concreto a migrantes y solicitantes de asilo, rescatando a personas en el mar y en la montaña y ofreciendo transporte, comida y medicamentos a gente necesitada por todo el continente.

La reacción de muchos Estados europeos ante estos actos de humanidad consistió en criticar, intimidar, acosar, multar e incluso procesar a defensores y defensoras de los derechos humanos. En Grecia, Italia y Francia, el gobierno solía tratar las actividades de salvamento como tráfico de seres humanos, y las acciones de quienes defendían los derechos humanos se consideraban amenazas a la seguridad nacional, lo que impulsó la aprobación de leyes supuestamente urgentes que eran más restrictivas.

La falta de claridad de la legislación pertinente de la UE dejaba amplio margen a los Estados para interpretarla de forma draconiana en el ámbito nacional, lo que tuvo un efecto paralizante sobre el trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos. Muchas personas y ONG eran cada vez más reacias a emprender acciones de solidaridad.

En Turquía, decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a investigaciones penales y procesamientos y sufrieron privación de libertad bajo custodia policial o en la cárcel debido a su labor. Entre ellos estaban Taner Kılıç e İdil Eser, presidente honorario y ex directora de Amnistía Internacional Turquía, respectivamente, y otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos, cuyos juicios siguieron su curso durante todo el año. También continuó el juicio de Osman Kavala y 15 figuras de la sociedad civil.

Libertad de expresión

Las personas que defendían los derechos humanos no fueron las únicas que encontraron dificultades para realizar su trabajo. En muchas partes de la región, periodistas que investigaban casos de corrupción, delincuencia organizada y crímenes de guerra continuaron sufriendo amenazas, campañas de desprestigio, intimidación y, en algunos casos, violencia, como ocurrió en Croacia, Serbia y Bosnia y Herzegovina. Con demasiada frecuencia, las autoridades no condenaron tales ataques ni pusieron en marcha investigaciones efectivas, y en Bulgaria fueron las propias autoridades las que presentaron cargos contra periodistas de investigación que habían destapado escándalos de corrupción en los que podían estar implicados altos cargos públicos. En Albania, un controvertido paquete de medidas legislativas amenazó la libertad de los medios de comunicación en Internet.

Libertad de reunión

Hubo manifestaciones multitudinarias en numerosos países de Europa, entre ellos Francia, Austria, Polonia, Rumania, República Checa y Hungría. La gente protestaba contra las medidas de austeridad y en favor de la justicia social, pero también contra la corrupción y en relación con la independencia del poder judicial. Las manifestaciones y huelgas para exigir a los gobiernos que tomaran medidas contra el cambio climático fueron habituales en grandes ciudades europeas.

A menudo, la respuesta de muchos Estados fue adoptar medidas que violaban el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. En Francia, Austria y España, cientos de personas resultaron heridas durante las protestas. La policía hizo uso ilegítimo de la fuerza en Francia y disolvió violentamente reuniones pacíficas en Turquía, donde se recurría habitualmente a las prohibiciones generales para negar el derecho a la libertad de reunión pacífica. Los Estados no exigieron rendición de cuentas a sus fuerzas de seguridad por la violencia ejercida durante las manifestaciones. Algunos Estados también reforzaron las atribuciones de la policía, como Alemania, donde ya era posible imponer medidas como la asignación de residencia o la vigilancia de las comunicaciones a “futuros perpetradores de delitos”. En respuesta a ello, algunos tribunales tuvieron un papel decisivo en la salvaguardia de las libertades individuales, anulando prohibiciones generales de manifestaciones o, como en Polonia, haciendo respetar los derechos de quienes se manifestaban para expresar su oposición al nacionalismo y el racismo. Sin embargo, hubo que pagar un precio: en su empeño por socavar la independencia del poder judicial, las autoridades polacas hostigaron o degradaron a varios miembros de la judicatura que trabajaban en estos casos.

Independencia del poder judicial

En Polonia, Hungría, Rumania y Turquía, las iniciativas legislativas y administrativas amenazaron la independencia del poder judicial, el Estado de derecho y, como consecuencia, el derecho a un juicio justo.

Este conflicto fue evidente sobre todo en Polonia, donde el gobierno y el Parlamento intentaron introducir cambios jurídicos y políticos para obligar al poder judicial a acatar sus orientaciones políticas.

Los miembros de la judicatura y la fiscalía se vieron expuestos a sufrir actuaciones disciplinarias por pronunciarse en defensa del poder judicial, e incluso a convertirse personalmente en víctimas de violaciones de derechos humanos. También se emprendieron campañas de desprestigio en los medios de comunicación públicos y las redes sociales contra miembros concretos de la judicatura para intimidarlos.

En Hungría, la erosión del sistema de controles y contrapesos en los tribunales ordinarios continuó socavando la independencia del poder judicial. En mayo, la Comisión Europea advirtió a Rumania de que debía abordar asuntos como la injerencia del poder ejecutivo en el Estado de derecho o de lo contrario tendría que hacer frente a la activación de un procedimiento en virtud del cual podían suspenderse determinados derechos de un Estado miembro por violación persistente de los valores fundacionales de la UE.

Aunque las instituciones de la UE no tardaron en intensificar su respuesta a la situación en Polonia, sus intervenciones no se habían traducido en mejoras significativas al final del año.

Fuera de la UE, en Turquía, el poder judicial estaba amenazado. Tras la represión posterior al golpe de Estado de 2016, en 2018 se había aprobado nueva legislación que permitía despedir del servicio público al funcionariado por presunta vinculación a “organizaciones terroristas”.

Crímenes de odio y discriminación

Prueba de la tendencia al empeoramiento de la situación en la región, la intolerancia y la discriminación se tornaron a menudo en violencia en 2019. La violencia iba dirigida contra quienes alzaban su voz en defensa de minorías y en favor de la tolerancia y la inclusión.

Al menos dos autoridades pagaron un precio muy alto por defender estos valores. En Polonia, Pawel Adamowicz, alcalde de Gdansk y defensor de los derechos de las personas migrantes y LGBTI, fue mortalmente apuñalado durante un acto benéfico en enero. En Alemania, Walter Lübcke, presidente administrativo en funciones de la localidad de Kassel, fue asesinado de un disparo en la cabeza en junio por apoyar las políticas de acogida de personas refugiadas.

Dos personas fueron asesinadas en octubre en la ciudad alemana de Halle/Saale cuando un presunto ultraderechista armado intentó atacar una sinagoga durante las oraciones de la festividad del Yom Kipur y asaltó después un establecimiento de comida. También se tuvo noticia de asaltos a mezquitas en Francia, donde un hombre intentó quemar una mezquita en Bayona en octubre y disparó contra dos hombres, hiriéndolos de gravedad.

Continuaron la discriminación y los ataques contra comunidades romaníes en toda Europa. En Bulgaria, las comunidades romaníes de Voivodinovo y Gabrovo sufrieron desalojos forzosos y la demolición de sus viviendas. Como consecuencia de estos incidentes, responsabilidad de autoridades locales y turbas, cientos de personas sufrieron desalojos forzosos y sus casas fueron incendiadas o demolidas. En Italia, las autoridades de Giugliano desalojaron a una comunidad de unas 450 personas romaníes, incluidas familias con menores a su cargo, sin ofrecerles alojamiento alternativo. Igualmente hubo desalojos forzosos de romaníes en Suecia y Francia.

Derechos de las mujeres

Tras una decisión del Tribunal Superior de Belfast, en Irlanda del Norte se dio el paso largamente esperado de despenalizar el aborto y archivar todas las actuaciones penales abiertas. En Eslovaquia continuaron las iniciativas parlamentarias dirigidas a restringir aún más el acceso al aborto y a penalizarlo, que suscitaron protestas de las organizaciones de derechos humanos e impulsaron a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa a pedir al Parlamento la retirada del proyecto legislativo.

Las supervivientes de violencia sexual, incluida la violación, continuaban encontrando obstáculos para acceder a la justicia. En la legislación de la mayoría de los países europeos, la definición de violación continuaba basada en criterios de fuerza, contrariamente al derecho y las normas de derechos humanos, que reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. En países como Dinamarca, España y Reino Unido existían fallos sistémicos en la prevención, investigación y procesamiento de los casos de violencia sexual. Supervivientes de violencia sexual y activistas de los derechos de las mujeres denunciaron estos fallos y exigieron justicia.

En España, las protestas generalizadas por las sentencias en el caso de “la manada” llevaron al gobierno a anunciar que la definición jurídica de la violación sería modificada para dejar claro que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. Los tribunales españoles habían absuelto de violación a los cinco miembros de “la manada”, aun reconociendo que la víctima no había dado su consentimiento, y en su lugar los habían declarado culpables del delito, más leve, de abuso sexual por considerar que no había habido violencia ni intimidación. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló las sentencias y los acusados fueron condenados a 15 años de prisión en junio.

En Grecia, las iniciativas de supervivientes y activistas contribuyeron a la reforma de la definición jurídica de la violación para que estuviera basada en el consentimiento.

Derechos de las personas LGBTI

En varias provincias turcas estaban expresamente prohibidos los actos para celebrar la semana del Orgullo. En abril se levantó la prohibición general e indefinida que estaba vigente en Ankara desde noviembre de 2017. Sin embargo, con posterioridad se impusieron prohibiciones de actos concretos que mantuvieron las restricciones ilegítimas de los derechos LGBTI. Quienes desafiaron las prohibiciones se enfrentaron a violencia policial, investigaciones y procesamientos. En Polonia, hasta 64 ayuntamientos adoptaron resoluciones de oposición a la “ideología LGBT”.

Por el lado positivo, dos países celebraron por primera vez la Marcha del Orgullo Gay y Lésbico: Macedonia del Norte, en junio, y Bosnia y Herzegovina, en septiembre. Aunque había señales alarmantes de posible violencia y de la necesidad de fuertes medidas de seguridad, en ambos casos el acto contó con la aprobación y el apoyo de las autoridades nacionales y se celebró en un ambiente festivo y sin violencia alguna.