Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sufrieron nuevos ataques. La nueva legislación de prevención de la tortura y otros malos tratos y de las desapariciones forzadas no brindaba protección efectiva contra esos delitos. Las autoridades de Tailandia seguían sometiendo a las personas refugiadas que huían de Myanmar a detención, reclusión y extorsión en la frontera entre ambos países. Se siguió imponiendo la recogida masiva y discriminatoria de muestras de ADN a la población musulmana malaya de la región fronteriza meridional.
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