Resumen

Las autoridades no impidieron la violencia generalizada contra niños y niñas, mujeres, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas refugiadas y solicitantes de asilo, y sólo en contadas ocasiones se emprendieron acciones judiciales al respecto. Ciertas prácticas culturales, como la poligamia, siguieron socavando los derechos de las mujeres. La protección contra la tortura y otros malos tratos era insuficiente. La policía continuó utilizando fuerza excesiva contra manifestantes. La pobreza siguió siendo endémica, sobre todo en las zonas rurales, pese a la riqueza que generaba la industria minera. Aunque el país conservaba la pena de muerte, no se habían llevado a cabo ejecuciones desde 1954.

Más información