Myanmar 2020
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Myanmar 2020

Continuó el conflicto interno de Myanmar entre el ejército y grupos étnicos armados, con graves violaciones de derechos humanos en todo el país. En los estados de Rajine y Chin, el ejército llevó a cabo ataques aéreos y bombardeos indiscriminados, que provocaron el desplazamiento de miles de civiles. Los grupos humanitarios vieron gravemente restringidas sus actividades, lo que limitó su acceso a los sectores de población en situación de riesgo. Las autoridades limitaron indebidamente el acceso a la información en los estados de Rajine y Chin, cuya población tuvo por tanto menos posibilidades de recibir información, posiblemente vital, sobre la pandemia de COVID-19 y el conflicto armado en curso. En todo el país se siguió persiguiendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades restringieron de manera arbitraria los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Información general

El 23 de enero, la Corte Internacional de Justicia —que continuaba estudiando la causa presentada por Gambia— ordenó a Myanmar proteger a la población rohinyá musulmana contra actos de genocidio, así como a informar periódicamente sobre la aplicación de esa orden.1

El gobierno insistió repetidamente en que la petición de responsabilidades a los autores de violaciones de derechos humanos era una cuestión interna. La impunidad siguió siendo generalizada y el gobierno no tomó medidas de calado para garantizar la supervisión civil del ejército ni para crear un mecanismo efectivo interno de investigación y rendición de cuentas.

Debido a la pandemia de COVID-19, se impusieron distintos grados de confinamiento en las principales ciudades a medida que iban aumentado los casos. El sistema de salud del país estaba mal preparado para afrontar brotes de tanta envergadura y las consecuencias económicas de la pandemia afectaron negativamente a los sectores de población en situación de riesgo, incluidas las personas desplazadas internamente y los millones de personas que vivían en la pobreza.

En las elecciones generales del 8 de noviembre, la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi mantuvo la mayoría parlamentaria.

En las zonas del país afectadas por el conflicto —entre ellas una gran parte del estado de Rajine— se canceló la votación, con lo que más de un millón y medio de personas, sobre todo en ese estado, se vieron privadas de su derecho al voto. No obstante, la mayor parte de la población rohinyá había quedado ya excluida de los procesos electorales antes de las votaciones de 2015, cuando se revocaron sus documentos de identidad, conocidos como “tarjetas blancas”.

Violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno

Durante el año, el ejército lanzó ataques aéreos y bombardeos indiscriminados en numerosas partes del estado de Rajine y en el municipio de Paletwa (estado de Chin), que provocaron muertes y heridas entre la población civil.2

Desde el recrudecimiento del conflicto entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakán, a principios de 2019, habían aumentado los casos de trabajos forzosos, detenciones arbitrarias, y torturas y otros malos tratos de civiles a manos de las tropas gubernamentales.

Siguieron recibiéndose informes de violaciones de los derechos humanos de la población civil cometidas por el ejército en varios conflictos armados de los estados de Kachin y Shan del Norte. También hubo informes de abusos contra los derechos humanos perpetrados por grupos étnicos armados, entre ellos secuestros, asesinatos, detenciones ilegales, porteo forzoso, extorsiones y reclutamiento forzoso —incluso de niños— para formar parte de grupos armados.

El 12 de junio, el ministro de Bienestar Social, Rescate y Reasentamiento de la Unión anunció la creación de dos cuerpos para limpiar las minas terrestres antipersonal de todo el país en el marco de un programa de reasentamiento de la población civil desplazada por el conflicto armado. Tanto el ejército como los grupos étnicos armados continuaron utilizando minas terrestres antipersonal y dispositivos explosivos improvisados.3

Personas internamente desplazadas

En los estados de Rajine, Chin, Kachin y Shan del Norte, unas 300.000 personas se vieron desplazadas por el conflicto armado entre el ejército de Myanmar y diversos grupos étnicos armados. A lo largo de la frontera de Myanmar con Tailandia, decenas de miles de personas seguían desplazadas desde hacía decenios a consecuencia del conflicto.

Durante el año, el conflicto armado provocó el desplazamiento de decenas de miles de personas del estado de Rajine. Esto se sumó a la crisis de desplazamiento ya existente en ese estado, donde 130.000 personas, en su mayoría musulmanes rohinyás, permanecían internadas de hecho en campos desde que estalló la violencia en 2012. En el estado de Kachin, casi 100.000 personas continuaban en campos desde la reanudación de los combates entre el Ejército Independentista Kachin y el ejército de Myanmar en 2011.

Aunque el gobierno había previsto el cierre de numerosos campos, durante el año no se cerró ninguno. Aún no había comenzado la repatriación de la población rohinyá refugiada en Bangladesh, que había huido de las atrocidades perpetradas en el estado de Rajine en 2016 y 2017.

Negación de acceso humanitario

Las agencias de la ONU y las ONG internacionales de ayuda y suministros humanitarios encontraron obstáculos considerables para el desarrollo de su labor. Las autoridades restringieron el acceso a zonas afectadas por conflictos y a los lugares en los que el gobierno y los grupos étnicos armados se disputaban el poder.

Los agentes humanitarios encontraron restricciones especialmente notables en el estado de Rajine, donde la engorrosa burocracia y las prohibiciones de viaje impuestas por el gobierno impedían el acceso a poblaciones en riesgo, algunas de ellas desplazadas o en situaciones de conflicto.

Para los grupos humanitarios era peligroso viajar por el estado de Rajine. En abril, en el municipio de Minbya (estado de Rajine), un vehículo de la Organización Mundial de la Salud que transportaba muestras de pruebas de COVID-19 fue tiroteado y su conductor perdió la vida. El 28 de octubre, en el municipio de Rathedaung, dos hombres resultaron heridos y uno muerto a bordo de una embarcación de ayuda contratada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En ambos casos, tanto el ejército de Myanmar como el Ejército de Arakán negaron toda responsabilidad.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades recurrieron a toda una serie de leyes represoras para detener, procesar y encarcelar a quienes ejercían sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

A lo largo del año se efectuaron detenciones y se iniciaron procesos judiciales de forma arbitraria y atendiendo a motivos políticos, con un total de 58 personas encarceladas.4 Las autoridades invocaban con frecuencia el artículo 66.d de la Ley de Telecomunicaciones de 2013 y los artículos 505.a y 505.b del Código Penal para presentar cargos contra personas críticas y defensores o defensoras de los derechos humanos.

En virtud de esas dos leyes, las autoridades acusaron de “difamación en Internet” al grupo de poesía Peacock Generation por sus representaciones pacíficas de thangyat en las que criticaban al ejército. El thangyat es un espectáculo satírico tradicional que mezcla poesía, comedia y música y se representa en abril durante la Fiesta del Agua para celebrar el año nuevo. Fueron condenadas 6 personas del grupo a entre 2 y 6 años de cárcel. Al concluir el año, 3 continuaban en prisión.

Las autoridades utilizaron la legislación nacional de seguridad para limitar de manera arbitraria el derecho a la libertad de expresión e información. También recurrieron con frecuencia a la Ley de Asociaciones Ilícitas de 1908 para perseguir, hostigar, intimidar y castigar a activistas y periodistas, sobre todo si pertenecían a minorías étnicas y religiosas.

El 24 de marzo, el gobierno catalogó al Ejército de Arakán como organización terrorista, con lo que pasó a ser ilegal toda forma de comunicación con él. Al menos 3 periodistas fueron procesados por haberse puesto en contacto con este grupo, en aplicación de la Ley Antiterrorista y de los artículos 17.1 y 17.2 de la Ley de Asociaciones Ilícitas. El personal de los medios de comunicación se autocensuró y era habitual que explicaran que, por temor a acciones judiciales, no podían ponerse en contacto con el grupo étnico armado pertinente para pedir su opinión.

De conformidad con la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas, quienes organizaban concentraciones públicas, tales como manifestaciones o marchas, tenían que notificar el acto a la policía antes de celebrarlo si no querían enfrentarse a sanciones penales. En virtud del artículo 19 de dicha ley, el poeta y activista Maung Saungkha fue condenado el 4 de septiembre por haber colocado una pancarta en un puente sobre una carretera durante un acto de protesta con motivo del primer aniversario de la imposición de restricciones a la conexión a Internet en dispositivos móviles en zonas de los estados de Rajine y Chin. Maung Saungkha decidió pagar una multa de 30.000 kyats (22,50 dólares estadounidenses) en lugar de cumplir una condena de 15 días de prisión.

Durante el mes de septiembre, las autoridades detuvieron a 15 miembros de la Federación Pan-Birmana de Sindicatos de Estudiantes que habían participado en manifestaciones pacíficas contra la guerra y en campañas de distribución de folletos de sensibilización por todo el país para pedir el fin del conflicto en los estados de Rajine y Chin y el restablecimiento de los servicios móviles de Internet en las zonas en las que éstos habían sido ralentizados por orden del gobierno.

De ellas, 6 fueron acusadas en aplicación de los artículos 505.a y 505.b del Código Penal; una, en virtud del artículo 25 de la Ley de Gestión de Catástrofes Naturales; en los 8 casos restantes, se presentaron cargos de conformidad con el artículo 19 de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas. Se dictaron varias condenas de prisión de hasta 6 años y, al concluir el año, aún había actuaciones judiciales en curso. Otras personas, también miembros de la Federación Pan-Birmana de Sindicatos de Estudiantes, permanecían ocultas.

Acceso a la información

En agosto, el gobierno levantó parcialmente las restricciones de conexión a Internet en dispositivos móviles impuestas en junio de 2019 en las zonas norte del estado de Rajine y sur del estado de Chin, afectadas por el conflicto. En los lugares donde se restableció el servicio, se redujo drásticamente la velocidad de conexión, lo que dificultó el flujo de datos y, en concreto, la difusión de documentación sobre abusos y violaciones de derechos humanos, y de información esencial sobre atención médica durante la pandemia de COVID-19.

Invocando la seguridad nacional, las autoridades hicieron uso de sus amplias facultades para bloquear sitios web críticos con el gobierno. Así, del 19 al 31 de marzo, en aplicación del artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones —que concedía al gobierno facultades amplias y arbitrarias para suspender redes de telecomunicaciones— se publicaron tres órdenes que supusieron el bloqueo de 2.147 sitios web.

Las autoridades restringieron el acceso efectivo de los medios de comunicación independientes y los observadores de derechos humanos a las zonas en conflicto. Tanto periodistas como medios de comunicación sufrieron presiones y actos de intimidación y hostigamiento por haber informado sobre cuestiones delicadas. La amenaza de detención se cernía sobre cualquier persona que informara sobre el conflicto y, de manera desproporcionada, sobre periodistas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios. Aung Marm Oo, redactor jefe de una agencia de noticias con sede en el estado de Rajine que había informado sobre violaciones cometidas durante el conflicto entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakán permanecía oculto desde mayo de 2019. Se enfrentaba a cargos en aplicación del artículo 17.2 de la Ley de Asociaciones Ilícitas, que preveía hasta cinco años de cárcel para quien gestionara, ayudara o promoviera una asociación ilícita.

Rendición de cuentas de las empresas

En septiembre se descubrió que algunas empresas internacionales contribuían a la financiación de las fuerzas armadas, incluidas numerosas unidades directamente responsables de delitos de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos.5 En concreto, unos documentos oficiales filtrados pusieron al descubierto las enormes rentas que recibía el ejército de sus acciones en Myanmar Economic Holdings Limited, un hermético conglomerado empresarial cuyas actividades abarcaban los sectores minero, cervecero, tabacalero, textil y bancario.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El artículo 377 del Código Penal tipificaba como delito las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas. Aunque esta disposición no se solía aplicar, su existencia sobre el papel daba lugar a un entorno hostil y legitimaba los actos de hostigamiento, discriminación y violencia contra la población LGBTI, que quedaba así expuesta a ataques y extorsiones de la policía y otras autoridades.

Derecho a la educación

El 13 de febrero, Día de la Infancia, un proyectil de artillería cayó en la Escuela de Educación Secundaria Básica de la localidad de Kha Mhwe Chaung (distrito de San Hnyin Wai, municipio de Buthidaung) e hirió al menos a 17 estudiantes.

El ejército ocupó las escuelas del estado de Rajine, que utilizó provisionalmente como base. Al apropiarse de los centros educativos, las fuerzas armadas no sólo negaban a los niños y niñas su derecho a la educación, sino que también convertían las escuelas en potenciales objetivos militares, con lo que ponían en peligro y la vida y la seguridad de la población civil.

Violencia contra mujeres y niñas

Se paralizó el proceso de aprobación de la Ley de Prevención y Protección ante la Violencia contra las Mujeres. En el Parlamento se siguieron debatiendo disposiciones clave del anteproyecto, incluidas las definiciones de violación, ya que, de conformidad con el Código Penal, la violación conyugal no era delito. Aunque la última versión de la Ley penalizaba la violación conyugal, ésta se castigaba con penas más leves que la violación fuera del matrimonio.

El 21 de enero, la Comisión Independiente de Investigación de Myanmar —órgano nacional encargado de investigar las atrocidades cometidas contra la población rohinyá en 2016 y 2017—, publicó un resumen ejecutivo de sus conclusiones, en el que negaba la existencia de “testimonios creíbles sobre violaciones en grupo cometidas por las fuerzas de seguridad de Myanmar”. No obstante, la Comisión reconocía no haber entrevistado a sobrevivientes rohinyás musulmanas que habían huido a Bangladesh. La afirmación de la Comisión contradecía diametralmente las conclusiones de grupos de derechos humanos, de profesionales de la salud y de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar, que habían documentado violaciones generalizadas y sistemáticas de mujeres y niñas rohinyás.

El 11 de septiembre, el ejército admitió que 3 de sus soldados habían violado a una mujer de etnia rajine durante operaciones efectuadas en el municipio de Rathedaung el 30 de junio, pese a haberlo negado previamente, cuando —tras haber presentado cargos la sobreviviente en julio— los medios de comunicación locales se habían hecho eco de las acusaciones. En su declaración, el ejército hizo público el nombre de la sobreviviente, pero no los de los violadores. A finales de diciembre, los 3 soldados fueron condenados a 20 años de trabajos forzados cada uno.


  1. Un tribunal mundial ordena a Myanmar que proteja a la población rohinyá (noticia, 23 de enero)
  2. Myanmar: Indiscriminate airstrikes kill civilians as Rakhine conflict worsens (noticia, 8 de julio)
  3. Myanmar: Pueblos incendiados y población civil muerta y herida a medida que se intensifica el conflicto en el estado de Rajine (noticia, 12 de octubre)
  4. “I will not surrender”: The criminalization of human rights defenders and activists in Myanmar (ASA 16/2041/2020)
  5. Myanmar: Documentos filtrados revelan vínculos de empresas internacionales con delitos cometidos por las fuerzas armadas (noticia, 10 de septiembre)

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