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Resumen

La libertad de expresión se garantizaba de forma selectiva, y se reprimía la disidencia restringiendo ilegítimamente las protestas pacíficas y silenciando las voces críticas. Se detuvo de manera arbitraria, a menudo sin cargos ni juicio, a defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes figuraban estudiantes, profesionales del ámbito académico, periodistas y artistas. Aunque el Tribunal Supremo ordenó aliviar la masificación de las prisiones a fin de frenar la propagación de la COVID-19, las autoridades siguieron encarcelando a numerosas personas críticas con el gobierno. Las autoridades no investigaron ni castigaron de manera adecuada a quienes perpetraron actos violentos por motivos de casta, sexo y género; por el contrario, tomaron represalias contra quienes denunciaron violaciones y delitos de casta. La impunidad y la ausencia de rendición de cuentas por los asesinatos y agresiones contra minorías religiosas cometidos por grupos parapoliciales y agentes de policía eran generalizadas. En respuesta a la pandemia, se impusieron restricciones apresuradas y extremas a la libertad de circulación, con lo que miles de trabajadores y trabajadoras migrantes quedaron bloqueados sin alimentación ni protección adecuadas. Algunas de las restricciones impuestas para frenar la pandemia amenazaban también el derecho a la privacidad.

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