Resumen

Los talibanes intensificaron sus ataques sistemáticos generalizados contra los derechos de las mujeres y las niñas. También discriminaron a los grupos etnorreligiosos, por ejemplo, obligando a miembros de la comunidad ismailí (chií) a convertirse al islam suní. Asimismo, reprimieron a los medios de comunicación independientes y silenciaron toda crítica de sus políticas, arrestando y deteniendo arbitrariamente a periodistas y miembros del funcionariado del anterior gobierno. Hubo ejecuciones extrajudiciales de personas detenidas y disidentes y se reprimieron las protestas de manera sistemática. Continuó siendo prácticamente imposible acceder a un juicio justo. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el líder y el presidente del Tribunal Supremo talibanes. El país se encontraba en una situación de inestabilidad económica, con una crisis humanitaria cada vez más grave. La falta de financiación puso en peligro servicios esenciales de atención sanitaria que proporcionaba la OMS. La discriminación restringió el acceso a la asistencia humanitaria de grupos étnicos y religiosos marginados. Los desalojos forzosos repercutieron de manera desproporcionada en las mujeres y las niñas, especialmente las hazaras.