Resumen

El país sufría una corrupción sistémica que provocaba la infrafinanciación de los servicios públicos. Los recortes de fondos por parte del gobierno de Estados Unidos afectaron negativamente al derecho a la salud, en un contexto en el que en torno a seis millones de personas sufrían inseguridad alimentaria aguda y más del 70% de la población infantil no estaba escolarizada. Las autoridades continuaron recurriendo a prácticas autoritarias, incluida la detención arbitraria, para reprimir y acallar la disidencia y la oposición política. El conflicto armado que había estallado en 2013 se intensificó, provocando desplazamientos masivos y decenas de homicidios. La presencia en el país de fuerzas armadas ugandesas constituía una violación del embargo de armas dictado por el Consejo de Seguridad de la ONU y renovado en mayo. Aunque las autoridades dieron un pequeño paso para establecer una Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación, no hubo ningún avance relativo a la creación de un organismo para indemnizar y reparar a las víctimas del conflicto, ni a la creación del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur.