Las autoridades continuaron sometiendo a periodistas, disidentes sobre cuestiones políticas, y líderes y miembros de congregaciones religiosas a detención arbitraria, en algunos casos constitutiva de desaparición forzada. Las personas reclutadas para el servicio nacional obligatorio eran forzadas a servir durante periodos indefinidos. Persistieron las denuncias de violencia sexual cometida por jefes militares contra reclutas en el campamento de instrucción de Sawa. Eritrea no proporcionó información sobre su programa de vacunación contra la COVID-19.
Read MoreMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
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