Resumen

Cientos de presos y presas de conciencia y otras personas detenidas quedaron en libertad, y se permitió el retorno al país de activistas en el exilio. No obstante, las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Prosiguió el conflicto armado, que causó más de 2.000 muertes de civiles y el desplazamiento forzoso de al menos un millón de personas. Aunque se adoptaron algunas medidas para llevar ante la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos relacionados con el conflicto, en la mayoría de los casos las autoridades no hicieron rendir cuentas a los altos mandos implicados en crímenes de derecho internacional, y la impunidad seguía siendo generalizada. A la mayoría de la población se le negaban derechos básicos como la salud, aunque se produjeron algunos avances cuando el gobierno introdujo la educación primaria universal y gratuita.

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