Resumen

Se detuvo y enjuició a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas, violando el derecho a un juicio con las debidas garantías y a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las autoridades gubernamentales interfirieron en los asuntos internos del principal partido de oposición. Continuaron recibiéndose denuncias de detención y reclusión arbitrarias y de casos de desaparición forzada y violaciones del derecho a la vida. Persistían las acusaciones de existencia de parcialidad en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Hubo altos cargos que promovieron la discriminación e incitaron a la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género, así como contra las madres solteras. Aunque la violencia contra las mujeres seguía siendo motivo de preocupación, las denuncias y los enjuiciamientos de estos delitos continuaban siendo escasos. El gobierno tomó medidas que agravaron los efectos de la crisis del costo de la vida y provocaron un menoscabo del derecho a la salud. Casi 74.000 personas continuaban en situación de desplazamiento interno, la mayoría a causa de desastres naturales. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo burundesas que regresaban al país hacían frente a intimidación, extorsión y detención arbitraria.