Burundi 2024

Se sometió a detención arbitraria, reclusión y agresiones físicas a periodistas y otras personas que se pronunciaron en contra de autoridades. Se despenalizaron algunos delitos de prensa. El gobierno seguía inmiscuyéndose en los asuntos internos de la oposición política. Continuaron las detenciones y las desapariciones forzadas de miembros de la oposición. La atención de la salud que recibían las personas reclusas era inadecuada. Se amplió el mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para incluir los conflictos sobre tierras. Continuó la discriminación de las personas LGBTI y las mujeres no casadas. La crisis del costo de la vida se agravó con los aumentos de los precios de los combustibles y los alimentos. Había más de 86.000 personas internamente desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, y más de 289.500 personas burundesas continuaban refugiadas en países vecinos.

Información general

En el periodo previo a las elecciones legislativas y locales de 2025, un nuevo código electoral adoptado en junio aumentó considerablemente las cantidades que debían entregar en concepto de depósito quienes desearan presentar su candidatura a los comicios.

En septiembre se llevó a cabo el primer censo nacional desde 2008, que recopiló datos sobre población, vivienda, agricultura y ganadería.

Persistían las tensiones con Ruanda. En enero, Burundi cerró la frontera con Ruanda en respuesta a ataques cuya autoría fue reivindicada por el grupo armado Resistencia por un Estado de Derecho en Burundi (RED-Tabara), que, según señaló el Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo, estaba apoyado por Ruanda. Las fuerzas armadas de Burundi continuaron desplegadas en la región oriental de República Democrática del Congo en virtud del acuerdo bilateral firmado en febrero entre ambos países tras la retirada de la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental en diciembre de 2023.

En junio, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos recomendó la reclasificación a la baja de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos de Burundi debido a su insuficiente grado de independencia y eficacia. En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato del relator especial sobre Burundi.

Libertad de expresión, asociación y reunión

El 13 de febrero, la Sala de Casación del Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria dictada contra la periodista Floriane Irangabiye en relación con sus críticas al gobierno. La periodista recibió un indulto presidencial el 14 de agosto y quedó en libertad el 16 del mismo mes.¹

La periodista Sandra Muhoza fue detenida el 12 de abril y acusada posteriormente de “atentado contra la seguridad interior del Estado” y “aversión étnica” por unos comentarios formulados en un grupo de WhatsApp.² Su juicio, previsto para el 5 de septiembre, fue aplazado, según informes, por no haber combustible para el traslado de personas reclusas al tribunal. En una vista celebrada el 12 de noviembre, la fiscalía pidió una pena de 12 años de prisión. El 16 de diciembre, Sandra Muhoza fue declarada culpable y condenada a 21 meses de prisión.

Varios periodistas que trabajaban para el periódico Iwacu (uno de los últimos medios de comunicación independientes que quedaban) y otras organizaciones privadas de medios de comunicación sufrieron agresiones físicas, arrestos y reclusión. El 6 de junio, Iwacu recibió una carta del organismo oficial Consejo Nacional de Comunicación en la que se lo apercibía por “mala conducta profesional grave” y se enumeraban varios artículos publicados por el periódico sin indicar motivos concretos. La noche del 25 de junio, personas no identificadas arrojaron piedras durante varias horas contra el recinto de la oficina de Iwacu en Buyumbura.³

Se revisó la ley de medios de comunicación, por cuarta vez desde 2013, y se introdujo lo que se calificó de despenalización parcial de los delitos de prensa. En virtud de la nueva ley, promulgada por el presidente en julio, se redujo a una multa en lugar de pena de prisión la sanción prevista por publicar o emitir información constitutiva de los delitos de “insultos”, “imputación lesiva”, “desacato”, “difusión de noticias falsas”, “ofensa pública a las buenas costumbres”, “denuncia difamatoria”, “atentado contra la vida privada”, “atentado contra la presunción de inocencia” y “revelación de la identidad de una víctima de violencia sexual”.

Continuó la intromisión del gobierno en los asuntos internos del partido opositor Congreso Nacional por la Libertad (CNL). En marzo, el ministro del Interior denegó al presidente del CNL, Agathon Rwasa, la autorización para celebrar un congreso extraordinario. Ese mismo mes, el ministro admitió, de manera formal y rápida, el informe y los resultados de un congreso extraordinario de miembros del CNL contrarios a Agathon Rwasa en el que éste fue sustituido como líder del partido. El sustituto de Agathon Rwasa fue Nestor Girukwishaka, a quien se consideraba cercano al partido gobernante, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia.

Detención y reclusión arbitrarias

Eran habituales los informes de detenciones de miembros de partidos políticos de la oposición, incluidos el Movimiento por la Solidaridad y la Democracia, el Frente por la Democracia en Burundi y el Congreso Nacional por la Libertad. En marzo se detuvo a miembros del Congreso Nacional por la Libertad leales a Agathon Rwasa cuando se dirigían al congreso en el que éste fue sustituido (véase supra) y en el exterior del lugar donde se celebraba el evento.

La sindicalista Émilienne Sibomana fue excarcelada el 21 de noviembre, más de cuatro meses después de haber sido absuelta, el 28 de junio, por el Tribunal de Apelación de Gitega del cargo de “denuncia difamatoria”. Había sido detenida en enero de 2023, al día siguiente de acusar de abuso sexual al director de una escuela durante una reunión a la que asistía el ministro de Educación.

Desapariciones forzadas

La ONG burundesa Foro por la Conciencia y el Desarrollo documentó 34 casos de desaparición forzada entre enero y junio, principalmente de miembros de partidos políticos de la oposición. A finales de junio no había noticias sobre la suerte o el paradero de 24 de esas personas.

Condiciones de reclusión inhumanas

Se negaba a la población reclusa el acceso a atención médica adecuada y a visitas de familiares. Las prisiones adolecían de hacinamiento crónico.

Christophe Sahabo, detenido en abril de 2022 en un conflicto por la gestión del Hospital de Kira, continuaba recluido y su causa judicial sufría importantes demoras. El 10 de septiembre, durante una vista en el Tribunal Superior de Muha, en Buyumbura, vomitó y se desmayó; fue trasladado a un hospital donde se le practicaron pruebas y comenzó un tratamiento. A pesar de la recomendación de mantenerlo en observación médica durante varios días, el 12 de septiembre fue trasladado de nuevo a la prisión de Ruyigi (a 160 kilómetros del hospital). El 14 de septiembre no se permitió a sus familiares visitarlo en la prisión. Dos doctores independientes examinaron el historial médico y los resultados de las pruebas de Christophe Sahabo y confirmaron que su afección podría poner en peligro su vida y requería atención médica urgente.⁴

Derecho a verdad, justicia y reparación

En mayo se renovó el mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación por otros cuatro años. En una notable ampliación de sus competencias, la Comisión asumió la responsabilidad de los casos que había dejado sin resolver la Comisión Nacional de Tierras y Otros Bienes al expirar su mandato en 2022, así como los nuevos casos de conflictos sobre tierras. Entre 2006 y 2022, esta última comisión había sido la encargada de resolver los conflictos de tierras relacionadas con el retorno de personas refugiadas e internamente desplazadas que habían huido durante periodos de violencia anteriores. La ley que regulaba la Comisión de la Verdad y Reconciliación establecía que sus decisiones no podían recurrirse judicialmente.

Discriminación

La acusación y la defensa presentaron sendos recursos en el caso de 24 personas detenidas en la capital, Gitega, en un taller sobre inclusión económica celebrado en febrero de 2023. Estas personas, y otras dos que se añadieron posteriormente a la causa, habían sido procesadas por “homosexualidad” e “incitación a actos licenciosos”. En enero, el Tribunal de Apelación de Gitega absolvió del cargo de “homosexualidad” a las 26 personas encausadas. Cinco de ellas fueron declaradas culpables de “incitación a actos licenciosos” y condenadas a un año de prisión y al pago de una multa, y quedaron en libertad en febrero.

Había altos cargos que seguían empleando una retórica violenta e incendiaria contra las personas LGBTI. En marzo, en un discurso con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el presidente Ndayishimiye afirmó en lengua kirundi: “Lo he dicho y lo repito, los homosexuales deben ser lapidados públicamente”.

En varias provincias, las autoridades llevaron a cabo una campaña contra el “concubinato” (la convivencia de una persona casada con alguien diferente a su cónyuge, lo cual era ilegal según la legislación de Burundi). Como resultado, 900 mujeres y 3.600 niños y niñas fueron expulsados de sus hogares en la provincia de Ngozi entre enero y junio. También en la provincia de Ngozi, el gobernador dio de plazo hasta el 30 de junio para que 1.300 parejas no inscritas en el registro civil regularizaran su matrimonio.

Derechos económicos y sociales

La difícil situación económica de Burundi se deterioró y el gobierno no respondió con eficacia. Las elevadas tasas de inflación y la falta de una divisa fuerte contribuyeron a una grave escasez de combustible que dificultó el desplazamiento de las personas que viajaban a diario a su trabajo. Los precios de los alimentos sufrieron un fuerte aumento y, por ejemplo, el precio del azúcar se había incrementado un 150% a mediados de septiembre. En julio, el precio de las patatas era superior en un 45% a la media de los cinco años anteriores.

Como en ciclos electorales anteriores, a partir de agosto hubo denuncias generalizadas de que se obligaba a personas y negocios a pagar contribuciones al partido Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia, y a quienes se negaban a hacerlo se les impedía acceder a servicios.

Derecho a un medioambiente saludable

En diciembre, 86.159 personas continuaban desplazadas internamente, el 93% de ellas a causa de fenómenos climáticos extremos potenciados en parte por el cambio climático, como lluvias torrenciales, corrimientos de tierras e inundaciones causadas por ríos y en las orillas del lago Tanganica, que afectaron al menos a un total de 298.000 personas. La iniciativa Atribución Metereológica Mundial (WWA, por sus siglas en inglés) instó a Burundi a mejorar sus políticas en materia de preparación ante desastres y sus sistemas de alerta temprana para reducir los efectos de estos fenómenos. En septiembre, el gobierno puso en marcha, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un proyecto de resiliencia climática dotado de 10 millones de dólares estadounidenses en algunas de las zonas más afectadas de Buyumbura y sus alrededores.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

A 31 de diciembre, 289.621 personas refugiadas burundesas vivían en países vecinos; durante el año, 20.081 personas refugiadas retornaron a Burundi desde países de la región, principalmente Tanzania. Las personas retornadas constituían el 7% de la población internamente desplazada en Burundi, proporción que ascendía al 35 y el 21%, respectivamente, en las provincias fronterizas de Kirundo y Cankuzo.

Las autoridades de Tanzania emitieron mensajes contradictorios sobre el futuro de la población refugiada burundesa presente en el país. En marzo, el comisario regional de Kigoma (Tanzania) mantuvo una reunión con un grupo numeroso de personas refugiadas en la que reiteró la petición de que la población refugiada burundesa se inscribiera voluntariamente para su repatriación, y agregó que la condición de refugiado se retiraría en enero de 2025 y que el campo de Nduta se cerraría el 31 de diciembre de 2024. El Ministerio del Interior de Tanzania aseguró después al ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que los campos continuarían abiertos y que no se obligaría a nadie a retornar.