La libertad de prensa y la protección de los derechos humanos están en peligro debido a las brutales acciones de bandas delictivas integradas por agentes de policía fuera de servicio en Río de Janeiro, ha dicho Amnistía Internacional ante los informes sobre el secuestro y la tortura de un equipo de periodistas por un grupo parapolicial conocido localmente como milicias.
“Amnistía Internacional acoge con satisfacción las garantías dadas por el Secretario de Estado de Seguridad Pública, José Beltrame, de que se investigarán estos terribles delitos. Los responsables deben responder de estos abusos y es preciso tomar medidas urgentes para desmantelar a las milicias”, ha dicho Tim Cahill, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional.
“Hasta ahora, el gobierno de Río de Janeiro ha distado mucho de cumplir con su responsabilidad de combatir estos grupos delictivos parapoliciales, y esto refuerza su sensación de legitimidad.”
El 14 de mayo, en la comunidad de Batan (Río de Janeiro), miembros de la milicia local retuvieron y torturaron durante varias horas a tres periodistas del diario local O Dia y un residente. Batan es una de las comunidades en las que estos grupos delictivos parapoliciales han arrebatado el control a las bandas de narcotraficantes.
Los tres miembros de O Dia, dos hombres y una mujer, vivían de incógnito en Batan para investigar la actuación de las milicias.
“Las torturas que sufrieron y el valor que demostraron han servido para destrozar por fin el mito, perpetuado por ciertos políticos y expertos de los medios de comunicación, de que las milicias proporcionan una verdadera protección contra el delito y la violencia”, ha dicho Tim Cahill.
“El trabajo de los periodistas es fundamental para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades más vulnerables de Río de Janeiro y de todo el mundo”.”
Información complementaria Los miembros de las milicias son policías y bomberos fuera de servicio. Muchos residentes de las favelas han descrito cómo controlan las comunidades con violencia, mientras extorsionan a sus habitantes para que paguen a cambio de seguridad, además de otros servicios, como gas, transportes o televisión por cable. Se las acusa de ejercer el poder político garantizando mediante la intimidación el voto para ciertos diputados estatales.
Aunque llevan existiendo desde hace algún tiempo en Río de Janeiro, su súbita expansión se remonta a diciembre de 2006, cuando los grupos de milicias invadieron más de un centenar de favelas. Parece bastante claro que el crecimiento de estos grupos es atribuible a décadas en las que se siguió una política de seguridad pública basada en la negligencia, las violaciones de derechos humanos y la impunidad de los perpetradores, que permitió que agentes de policía delincuentes y corruptos prosperaren a costa de otros que trabajan sin descanso para servir a la comunidad.
La política de mano dura en la actuación policial, defendida aún la pasada semana por el gobernador Sergio Cabral y basada en un elevado número de homicidios y operaciones de corte militar, ha demostrado graves deficiencias. En un reciente informe resumido presentado al Consejo de Derechos Humanos sobre su visita a Brasil, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó que la estrategia del gobernador tiene “se guía por la política y equivale a determinar la actuación policial según las encuestas de opinión”, subrayando que es “contraproducente”.
El gobierno estatal ha tratado siempre de defender su falta de actuación frente a las milicias con tecnicismos legales y excusas operativas, justificando las operaciones discriminatorias y represivas contra las facciones de narcotraficantes. Y no ha proporcionado la seguridad que millones de habitantes de las favelas anhelan desesperadamente mientras comunidades de todo Río de Janeiro siguen dominadas por las facciones de narcotraficantes y las milicias.
FIN/