El gobierno mexicano está dando a la ONU una valoración incompleta de la situación de los derechos humanos en el país, según un informe alternativo presentado por Amnistía Internacional al Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando éste examina, el 10 de febrero, la actuación del país latinoamericano.
Según Amnistía Internacional, el gobierno mexicano no ha reconocido la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el empeoramiento del clima de derechos humanos en muchas partes del país.
“El informe presentado por el gobierno mexicano sobre el estado de los derechos humanos en el país no refleja la realidad sobre el terreno”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“La lista de reformas e iniciativas positivas que enumera el informe del gobierno es una buena noticia. El problema es que no se da información sobre los progresos para impedir que sigan cometiéndose violaciones de derechos humanos y para poner fin a la impunidad”, ha manifestado Kerrie Howard.
Amnistía Internacional ha señalado, por ejemplo, que:
hasta el momento, México no ha reconocido explícitamente en su Constitución la categoría de los tratados internacionales de derechos humanos; las autoridades aún no han hecho rendir cuentas a nadie por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre las décadas de 1960 y 1980; los agentes de la policía federal, estatal y municipal de México implicados en violaciones graves de derechos humanos –como tortura, violación y homicidio ilegítimo–, especialmente las metidas durante los disturbios civiles en San Salvador Atenco y la ciudad de Oaxaca en 2006, no han comparecido ante la justicia; el sistema de justicia militar sigue juzgando casos de violaciones de derechos humanos pese a que las normas internacionales de derechos humanos insisten en que estos casos deben ser juzgados por tribunales civiles; el número de informes sobre abusos tales como detención arbitraria, tortura, malos tratos, violencia sexual y homicidios ilegítimos a manos de agentes de seguridad ha aumentado durante las operaciones emprendidas para combatir a las bandas criminales violentas; los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente los de zonas rurales, sufren a menudo persecución, y en ocasiones detención prolongada, por cargos penales falsos o de motivación política; las comunidades indígenas o que sufren cualquier otro tipo de marginación son a menudo víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan a sus medios de vida; los migrantes irregulares que atraviesan México son sometidos sistemáticamente a malos tratos por agentes del Estado, y a violencia sexual y de otro tipo por bandas criminales; pese a los avances en la legislación para proteger a las mujeres frente a la violencia, su aplicación es tenue. Los índices de denuncia, procesamiento y condena de los responsables de violencia intrafamiliar, violación e incluso homicidios de mujeres siguen siendo extremadamente bajos. Dos años después de la adopción, en 2007, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dos estados todavía no habían introducido siquiera la legislación necesaria para ponerla en vigor; la pobreza y la marginación siguen privando a muchas comunidades rurales, especialmente indígenas, del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho al desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades e intereses.Amnistía Internacional también ha manifestado su preocupación por la ausencia de un diálogo sostenido y sustancial con la sociedad civil sobre el fortalecimiento del impacto de las políticas en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha reconocido que el informe de México destaca la invitación abierta a los mecanismos internacionales de derechos humanos y, dado el papel fundamental del país en el diseño del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización confía en que el gobierno aprovechará esta oportunidad para redoblar sus esfuerzos de abordar los problemas de derechos humanos en México.
El proceso de examen periódico universal establece que los gobiernos pueden enviar un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos para que lo examine el Consejo de Derechos Humanos. A continuación, cada gobierno participa en un diálogo con otros Estados para presentar su informe y responder a las preguntas de los demás Estados. Las organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, pueden presentar sus propias contribuciones al proceso del examen periódico universal, para aportar información. En el transcurso del diálogo, los Estados miembros pueden recomendar medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del país en cuestión.
Si desean consultar el informe de Amnistía Internacional al examen periódico universal de la ONU en relación con México, pueden encontrarlo en: https://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/038/2008/es