La ejecución en Afganistán de cinco hombres condenados por una violación en grupo tras una serie de juicios defectuosos es una afrenta para la justicia, ha declarado Amnistía Internacional.
Cinco hombres condenados por robo a mano armada y el delito de zina (relaciones sexuales extramatrimoniales) en relación con la violación en grupo de cuatro mujeres en el distrito de Paghman, en las afueras de Kabul, el 22 de agosto, han sido ejecutados hoy en la cárcel de Pul-e-Charkhi. Los cinco fueron condenados a muerte el 7 de septiembre, en una sentencia que confirmó un tribunal de apelación el 15 de septiembre y el Tribunal Supremo el 24 de septiembre, y sancionó el entonces presidente Hamid Karzai.
“No hay duda de que fue un crimen atroz y, por supuesto, es comprensible la indignación y la ira que ha suscitado el caso. Amnistía Internacional sigue haciendo campaña contra la violación y otras agresiones sexuales en todo el mundo, incluido Afganistán. Pero la pena de muerte no es justicia: sólo equivale a una venganza a corto plazo”, manifestó David Griffiths, director adjunto del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“La pena de muerte es una forma abominable de castigo y no debe emplearse nunca, en ninguna circunstancia. Los numerosos motivos de preocupación que ha suscitado la parcialidad del juicio sólo hacen que estas ejecuciones sean más injustas. Es muy decepcionante que el nuevo presidente Ashraf Ghani haya permitido que se lleven a cabo.”
Amnistía Internacional insta además al gobierno afgano a que garantice la prohibición de todas las violaciones en la ley, la política y la práctica, y el castigo de los perpetradores, y a que trabaje para eliminar el estigma social que llevan las víctimas de violación. Toda la culpa de la violación recae únicamente en los perpetradores y son solo ellos quienes deben llevar el estigma.
“Este caso ha puesto de relieve algunos defectos graves del sistema de justicia y las leyes de Afganistán, defectos que el mismo nuevo presidente Ashraf Ghani se ha comprometido a abordar. Los juicios han estado empañados por incoherencias, denuncias de tortura no investigadas e injerencias políticas. Al acusar a estos hombres del delito de zina las autoridades afganas han seguido la constante de tratar la violación de un modo erróneo”, prosiguió David Griffiths.
“Las acciones de su predecesor sobre este caso colocaron al presidente Ghani en una posición poco envidiable, pero lamentablemente, el presidente ha suspendido su primera prueba en la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho. Ya no se pueden deshacer estas muertes, pero el presidente Ghani debe ordenar una moratoria inmediata de todas las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte.”
Información complementaria
Las ejecuciones de hoy son las primeras que se realizan en Afganistán en 2014. Con el gobierno del ex presidente Karzai (diciembre de 2001-septiembre de 2014), Amnistía Internacional informó de al menos 51 ejecuciones. Actualmente hay alrededor de 300 presos condenados a muerte en el país.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y las circunstancias del delito; de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona, y del método empleado por el Estado para realizar la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el castigo cruel, inhumano y degradante por antonomasia.