A pesar de la indignación nacional e internacional, el Congreso mexicano ha aprobado una reforma constitucional que obliga a los jueces a ordenar la prisión preventiva en casos que impliquen una amplia serie de delitos. Esta reforma, en contra de lo establecido por el derecho internacional, no dispone que los jueces puedan renunciar a imponer la privación de libertad o evaluar cualquier prueba antes de determinar si dicha medida es adecuada.
