El gobierno español ha propuesto una enmienda a la Ley de Extranjería que facilitaría la expulsión automática y colectiva de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo desde las fronteras de los dos enclaves españoles en el Norte de África (Ceuta y Melilla), privándoles así del derecho a pedir asilo y exponiéndoles al riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos.
