Este documento se ha preparado para el examen periódico universal (EPU) al que se someterá Países Bajos en noviembre de 2022. En él, Amnistía Internacional evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a Países Bajos en su anterior EPU, de 2017, entre ellas las relativas a la elaboración de perfiles raciales y étnicos, la detención de personas migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo que no reúnen las condiciones para ser refugiadas, la educación en derechos humanos, la vigilancia masiva y las empresas y derechos humanos.
