Resumen
El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Se calcula que en todo el mundo, cada año, uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto.
Pero, aunque la necesidad de someterse a un aborto es común, el acceso a servicios legales y sin riesgos de aborto dista de estar garantizado para quienes puedan necesitarlos.
De hecho, el acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos en todo el mundo, y el acalorado debate que genera está empañado por la desinformación sobre las verdaderas repercusiones de restringir el acceso a este servicio de salud básico.
Estos son los datos básicos sobre el aborto que todo el mundo debería conocer.
Datos clave
Estos son los datos básicos sobre el aborto que todo el mundo debería conocer:
Se tienen abortos en todo momento, con independencia de lo que dicte la ley
Poner fin a un embarazo es una decisión común, que toman millones de personas: todos los años, el 25% de los embarazos acaban en aborto.
Y con independencia de que el aborto sea o no legal, la gente sigue necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ellos. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, organización sin ánimo de lucro del campo de la salud reproductiva con sede en Estados Unidos, la tasa de abortos es de 37 por 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente o lo permiten sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer y de 34 por 1.000 personas en los que lo permiten en general, diferencia que no es significativa estadísticamente.
Cuando lo practica un proveedor de servicios de la salud capacitado y con las debidas condiciones de salubridad, el aborto es uno de los procedimientos médicos que menos riesgos entraña, menos aún que el parto.
Pero cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada. Lo que nos lleva al siguiente aspecto de la cuestión.
Penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro
Impedir a las mujeres y las niñas el acceso al aborto no hace que dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir el número de abortos; lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”.
La OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Tanto es así que los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar además a cinco millones de discapacidades en gran medida evitables, según la OMS.
Casi todas las muertes y lesiones por aborto inseguro son evitables
Las muertes y lesiones causadas por abortos inseguros son evitables. Sin embargo, tales muertes son comunes en los países donde el acceso al aborto está limitado o prohibido por completo, pues la mayoría de las mujeres y las niñas que necesitan someterse a un aborto debido a un embarazo no deseado no pueden acceder legalmente a él.
En los países con tales restricciones, la legislación prevé normalmente una lista reducida de excepciones a la penalización del aborto. Entre ellas puede figurar que el embarazo sea consecuencia de una violación o de incesto, que se trate de un caso de malformación grave y mortal del feto o que haya riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada. Sólo un pequeño porcentaje de abortos se practica por estos motivos, lo que significa que la mayoría de las mujeres y las niñas que viven en países con este tipo de legislación pueden verse obligadas a recurrir a abortos inseguros y poner su salud y su vida en peligro.
Las que son ya personas marginadas se ven afectadas de manera desproporcionada por tal legislación, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales y sin riesgos en otro país o acceder a atención privada. Entre ellas figuran las mujeres y las niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las mujeres cisgénero bisexuales, las personas transgénero o de género no conforme y las mujeres pertenecientes a minorías o indígenas.
La OMS ha señalado que uno de los primeros pasos que deben darse para evitar las lesiones y muertes maternas es que los Estados garanticen que las personas tienen acceso a educación sexual, pueden utilizar métodos anticonceptivos eficaces, pueden someterse a abortos legales y sin riesgos y reciben atención con prontitud en caso de complicaciones.
Los datos disponibles indican que los índices de aborto son más altos en los países donde el acceso a los métodos anticonceptivos es limitado. Los índices de aborto se reducen cuando las personas, incluidas las adolescentes, tienen información sobre métodos anticonceptivos modernos y pueden acceder a ellos, así como cuando existe educación sexual integral y es posible el acceso al aborto legal y sin riesgos por numerosos motivos.
Muchos países están empezando a modificar su legislación para permitir mayor acceso al aborto
En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto, en ocasiones reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Irlanda se sumó a esa lista el 25 de mayo de 2018 tras un ansiado referéndum en el que la población votó abrumadoramente a favor de anular la prohibición casi total del aborto que establecía la Constitución.
A pesar de la tendencia a reformar la legislación para impedir las muertes y lesiones, algunos países —entre ellos Nicaragua y El Salvador— mantienen leyes draconianas y discriminatorias, que siguen prohibiendo el aborto prácticamente en todas las circunstancias. De hecho, según la OMS, en todo el mundo, el 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o donde, aunque el aborto sea legal, no se dispone de servicios de aborto o son inaccesibles. En esos Estados, el aborto está prohibido o sólo se permite en circunstancias muy restringidas, o, si es legal, no es accesible debido a múltiples obstáculos existentes en la práctica.
Incluso en los Estados con acceso en general a servicios legales de aborto, las personas embarazadas pueden encontrar aún múltiples restricciones y obstáculos para acceder a ellos, como el precio, la falta de imparcialidad en el asesoramiento y la existencia de plazos obligatorios de espera. La OMS ha publicado una guía técnica para los Estados sobre la necesidad de identificar y eliminar tales obstáculos.
Penalizar o restringir el aborto impide a los profesionales de la salud prestar atención básica
La penalización del aborto y las leyes restrictivas sobre él impiden a los proveedores de servicios de salud hacer bien su trabajo y prestar la mejor atención posible a sus pacientes, conforme a la buena práctica médica y a sus responsabilidades éticas profesionales.
La penalización del aborto tiene un “efecto disuasorio”, que puede hacer que los profesionales médicos no comprendan los límites de la ley o apliquen las restricciones de manera más estricta de lo dispuesto en ella. Esto puede deberse a varios factores, como las convicciones personales, el estigma sobre al aborto, los estereotipos negativos sobre las mujeres y las niñas o el temor a incurrir en responsabilidad penal.
También disuade a las mujeres y las niñas de solicitar atención después del aborto en caso de complicaciones provocadas por un aborto inseguro o de otras complicaciones relacionadas con el embarazo.
Claire Malone, joven de Irlanda que tenía ya dos hijos, ofreció a Amnistía Internacional su angustioso testimonio de cómo se había menoscabado su derecho a la salud por no poder acceder a servicios de aborto debido a la estricta legislación del país.
Claire sufre varios problemas de salud complicados y que ponen en riesgo su vida, como atresia pulmonar e hipertensión pulmonar, y en 2014 le quitaron un pulmón. Si las mujeres con hipertensión pulmonar se quedan embarazadas, corren un gran riesgo de enfermar aún más o morir durante el embarazo. Claire lo sabe y por eso solicitó la interrupción, pero sus médicos se la denegaron porque la legislación les impedía llevarla a cabo.
“Mis médicos me dijeron que no podían ofrecerme la interrupción porque mi salud no estaba en peligro en ese momento, y punto. Sé que les obliga la ley, pero sentí que, si esperaba a estar tan mal de salud que corría peligro de morir, entonces ya sería demasiado tarde. ¿Y por qué un riesgo para salud, tan malo como era ya, no es suficiente? ¿Por cuánto tengo que pasar para que mis médicos puedan atenderme?”
No son sólo las mujeres y las niñas cisgénero las que necesitan servicios de aborto
No son sólo las mujeres y las niñas cisgénero (aquellas a las que se asignó el sexo femenino al nacer) las que pueden necesitar acceso a servicios de aborto, sino también las personas intersexuales, los hombres y los niños transgénero y las personas con otras identidades de género que tienen la capacidad reproductiva de quedarse embarazadas.
Uno de los mayores obstáculos que encuentran estos grupos para acceder a servicios de aborto es la falta de acceso a la atención de la salud. Además, en el caso de las que sí tienen acceso a la atención de la salud, pueden sufrir estigma y opiniones prejuiciosas en la prestación de servicios de salud, así como la presunción de que no necesitan acceso a información y servicios relacionados con la contracepción y el aborto. En algunos contextos, el 28% de las personas transgénero y de género no conforme denuncian sufrir hostigamiento en los entornos médicos, y el 19% afirman que se les niega por completo la atención medica debido a su condición transgénero, siendo aún mayor el porcentaje en las comunidades de color. Esto se debe a muchos factores interrelacionados de pobreza, raza y discriminación múltiple conexa.
Los defensores y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y los activistas y las activistas de los derechos LGBTI hacen campaña para sensibilizar sobre esta cuestión y conseguir que los servicios de aborto sean accesibles e inclusivos para todas las personas que los necesiten sin discriminación por ningún motivo.
Penalizar el aborto es una forma de discriminación, que fomenta aún más el estigma
En primer lugar, la negación de servicios médicos, incluidos los servicios de salud reproductiva que sólo determinadas personas necesitan, es una forma de discriminación.
El comité que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW o Tratado de los Derechos de las Mujeres) ha manifestado constantemente que las leyes sobre el aborto restrictivas constituyen discriminación contra las mujeres. Esta afirmación es aplicable a todas las mujeres y todas las personas que puedan quedarse embarazadas, pues el Comité de la CEDAW ha confirmado que las salvaguardias de la Convención y las obligaciones de los Estados conexas se aplican a todas las mujeres e incluyen, por tanto, la discriminación contra las mujeres que son lesbianas, bisexuales y/o transgénero, especialmente si se tienen en cuenta las formas específicas de discriminación que sufren.
En segundo lugar, el estigma en torno al aborto y los estereotipos de género están estrechamente relacionados con la penalización del aborto y otras leyes políticas restrictivas sobre el aborto.
La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que el personal de los servicios de salud, la familia y los jueces, entre otros, estigmaticen a las mujeres y las niñas. Como consecuencia, las que intentan acceder a servicios de aborto corren el riesgo de sufrir discriminación y hostigamiento. Algunas mujeres han informado de que los proveedores de servicios de salud las insultaron y las hicieron avergonzarse cuando solicitaron servicios de aborto o asistencia médica tras un aborto.
El acceso al aborto sin riesgos es una cuestión de derechos humanos
El acceso a servicios de aborto sin riesgos es un derecho humano. Según el derecho internacional de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, discriminación ni tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El derecho de los derechos humanos especifica claramente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son sólo nuestras, principio que se conoce como “autonomía física”.
Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la intimidad y a la autonomía física.
En muchas circunstancias, quienes no tienen más opción que recurrir a un aborto inseguro corren además riesgo de procesamiento y sanción, incluida prisión, y pueden también exponerse a sufrir trato cruel, inhumano y degradante, discriminación y exclusión en el acceso a servicios esenciales de atención a la salud después del aborto.
El acceso al aborto está, por tanto, esencialmente ligado a la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las demás personas que pueden quedarse embarazadas y a la consecución, por consiguiente, de justicia social y de género.
Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.