Libertad de Expresión
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Perspectiva general

Tu voz cuenta. Tienes derecho a decir lo que piensas, a compartir información y a reivindicar un mundo mejor. También tienes derecho a estar o no de acuerdo con quienes ejercen el poder y a expresar tus opiniones al respecto en actos pacíficos de protesta.

El ejercicio de esos derechos, sin temor ni interferencias indebidas, es esencial en una sociedad abierta y justa, en la que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos.

Sin embargo, gobiernos de todo el mundo encarcelan a gente de forma habitual —o peor— sólo por alzar la voz, pese a que casi todas las constituciones nacionales ensalzan el valor de la libertad de expresión.

Los gobiernos tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan el odio e inciten a la violencia, pero, abusando de su autoridad, muchos silencian la disidencia pacifica con leyes que criminalizan la libertad de expresión. Para ello, se invoca a menudo la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional o la religión. Además, en los últimos tiempos, las autoridades vienen amenazando la libertad de expresión con medidas represivas contra activistas, ONG y personas anónimas que ayudan a la población refugiada y migrante.

La tolerancia de los gobiernos frente a opiniones desfavorables y voces críticas es, con frecuencia, un buen indicador de su respeto por los derechos humanos en general.

Amnistía Internacional apoya a quienes alzan la voz pacíficamente, en su propio nombre o en nombre de otras personas: desde periodistas que informan sobre la violencia de las fuerzas de seguridad, hasta sindicalistas que denuncian condiciones laborales deficientes o líderes indígenas que defienden sus derechos a la tierra ante grandes empresas. De igual forma, defenderíamos el derecho a expresarse pacíficamente de quienes respaldan las posturas de las grandes empresas, las fuerzas de seguridad o el empresariado.

Consideramos preso o presa de conciencia a cualquier persona encarcelada sólo por haber ejercido, de forma pacífica, su derecho a la libertad de expresión, y pedimos su liberación inmediata e incondicional.

La policía dispersa violentamente una protesta espontánea en la calle Tverskaya tras dictarse la sentencia del caso Bolotnaya, Moscú, febrero de 2014. © Alexander Baroshin / Amnesty International

¿Por qué es importante la libertad de expresión?

El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que describe sus elementos fundamentales como derecho consustancial a todas las personas. Posteriormente, ese derecho ha quedado protegido en infinidad de tratados internacionales y regionales.

La defensa de la libertad de expresión ha sido siempre parte esencial del trabajo de Amnistía Internacional, y es imprescindible para la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder. Además, la libertad de expresión es inherente a otros derechos humanos, como el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión que, sin ella, no podrían realizarse plenamente.

Asimismo, guarda estrecha relación con la libertad de asociación, es decir, el derecho a constituir clubes, sociedades, sindicatos o partidos políticos con cualquier persona que se desee y afiliarse a ellos; y con la libertad de reunión pacífica, que se concreta en el derecho a participar en manifestaciones pacíficas o reuniones públicas.

Sin embargo, estas mismas libertades son atacadas reiteradamente por gobiernos que tratan de silenciar las criticas.

Por ejemplo, en el Egipto actual es en extremo peligroso criticar al gobierno. A lo largo de 2018, [e invocando toda una retahíla de razones absurdas, las autoridades detuvieron, al menos, a 113 personas por actos como el envío de tuits, el apoyo a un club de fútbol concreto, la denuncia de actos de acoso sexual, la edición de películas o la concesión de entrevistas.

Las personas detenidas fueron acusadas de “pertenencia a grupo terrorista”y “divulgación de noticias falsas”. Tras meses de reclusión sin ser juzgadas, las que por fin comparecieron en juicio lo hicieron ante tribunales militares y fueron condenadas, pese a que el enjuiciamiento de civiles por militares es, por definición, injusto, tanto en Egipto como en cualquier otro lugar.

Libertad de prensa

Una prensa libre, que informe sobre los asuntos que nos interesan y conforman nuestras vidas, es una de las piedras angulares de cualquier sociedad respetuosa con los derechos. Sin embargo, en Azerbaiyán, Turquía y Venezuela —por citar sólo algunos países—, quienes ejercen el periodismo se enfrentan a represión y agresiones.

En junio de 2019, el Parlamento de Tanzania aprobó por la vía rápida el proyecto de Ley sobre Legislación Escrita, que vino a reforzar aún más la censura, ademas de otras violaciones de derechos. En la actualidad, sin la ratificación de esa ley, los profesionales del periodismo trabajan ya sometidos a una estricta ley de medios de comunicación que exige a estos últimos “transmitir o publicar noticias y cuestiones de importancia nacional según las indicaciones del gobierno”.

En julio de 2019, comenzó en Filipinas el juicio por calumnias contra Maria Ressa, directora ejecutiva del periódico online Rappler. Ressa, conocida por sus críticas al presidente Rodrigo Duterte, fue detenida en febrero de 2019 por cargos falsos de calumnia, tras haberse publicado en su portal investigaciones detalladas sobre algunas de las miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía y por individuos armados —animados abiertamente por Duterte— durante operaciones de lucha contra la droga. Su caso se considera, en general, un ataque del gobierno contra la libertad de prensa.

Durante los conflictos, la represión puede empeorar, como ha sido el caso de Myanmar, donde unos periodistas que investigaban la muerte de varios hombres y niños rohingyas a manos de las fuerzas de seguridad, fueron detenidos y encarcelados, aunque más tarde quedaron en libertad gracias a la presión internacional.

Libertad de expresión

La libertad de expresión abarca toda clase de ideas, incluidas aquellas que puedan considerarse profundamente ofensivas. El derecho internacional protege la libertad de expresión, aunque hay casos en los que, de conformidad con ese mismo derecho, es legítimo limitarla cuando viola los derechos de otras personas o promueve el odio e incita a la discriminación y la violencia.

No obstante, siempre que se restrinja la libertad de expresión, ha de hacerse de conformidad con la ley, y las limitaciones en cuestión deben proteger algún interés público o los derechos de otras personas, y ser claramente necesarias para ese fin.

En 2018, Amnistía Internacional publicó una investigación en la que demostraba cómo proliferan la violencia y los abusos contra las mujeres en la plataforma Twitter, a menudo impunemente. En lugar de ser una plataforma en la que las mujeres puedan expresarse con libertad y en la que se dé fuerza a su voz, Twitter lleva a las mujeres a la autocensura en sus publicaciones y limita su interacción. Como empresa, Twitter está incumpliendo su obligación de respetar los derechos de las mujeres en Internet, al no investigar de manera adecuada y transparente las denuncias de violencia y abusos y responder a ellas.

La frontera digital

El mundo digital permite que un número mucho mayor de personas tengamos acceso a la información que necesitamos, incluida aquélla que pone en entredicho a gobiernos y empresas. La información es poder, e Internet ofrece la posibilidad de empoderar de manera significativa a los 7.000 millones de personas que hay en el mundo.

Pero, a menudo, la libertad de expresión depende aún de la riqueza, de los privilegios y del lugar que ocupamos en la sociedad. Rara vez son las personas ricas y poderosas las que se ven limitadas a la hora de expresar sus opiniones. De manera similar, quien tiene un ordenador portátil con banda ancha dispone de un acceso a la información mucho mayor que quien se ve obligado a recorrer varios kilómetros hasta un cibercafé.

Cada vez es más habitual que ciertos Estados intenten limitar las comunicaciones digitales con cortafuegos o —como en el caso de Egipto, Sudán y Zimbabue, entre otros— que respondan a las protestas de la calle clausurando Internet. Por su parte, Irán, China y Vietnam han intentado desarrollar sistemas que les permitan controlar el acceso a la información digital. En la región de Cachemira, en el norte de India, la respuesta a casi cualquier disturbio es suspender Internet y las comunicaciones móviles. En Amnistía Internacional estamos buscando continuamente nuevas formas de evitar el bloqueo de nuestro sitio web en China.

Los gobiernos utilizan también peligrosas y sofisticadas tecnologías para leer el correo electrónico privado de activistas y periodistas, y encender por control remoto la cámara o el micrófono de sus ordenadores para grabar en secreto sus actividades. En 2014, Amnistía y una coalición de organizaciones de derechos humanos y tecnología lanzaron Detekt, una sencilla herramienta que permite a los y las activistas explorar sus dispositivos para detectar spyware de vigilancia.

¿Qué hace Amnistía para proteger la libertad de expresión?

Caso práctico: Polonia y el derecho de protesta

Amnistía Internacional ha documentado cómo la población de Polonia se ha echado a la calle para expresar sus opiniones pese a la restrictiva legislación del país que, unida a la mano dura policial, la vigilancia, los actos de hostigamiento y los juicios, amenaza con asfixiar el derecho de protesta pacífica.

Desde 2016, decenas de miles de personas vienen protestando contra la legislación represiva que tiene por objeto restringir los derechos de las mujeres y socavar la independencia del poder judicial. Las personas que se manifiestan se han enfrentado una y otra vez a una demostración de fuerza y a medidas restrictivas que conculcan su derecho a ser vistas y oídas. Cientos de personas se han encontrado bajo custodia policial y ante largos procedimientos judiciales.

Además de fortalecer las leyes que limitan el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, el gobierno ha ampliado en gran medida las facultades de vigilancia de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, que, como ha quedado demostrado, se han utilizado contra personas que organizaban protestas pacíficas o participaban en ellas.

Caso práctico: Se dispara el número de presos y presas de conciencia en Vietnam

En 2019, Amnistía publicó una alarmante investigación en la que revelaba que el número de presos y presas de conciencia encarcelados en Vietnam había crecido en un tercio, debido a la creciente represión contra el activismo pacífico de profesionales del derecho, autores y autoras de blogs, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas medioambientales o en favor de la democracia.

Las condiciones de reclusión siguen siendo deplorables, y ha quedado probado el uso de la tortura y otros malos tratos, la imposición habitual de los regímenes de incomunicación y aislamiento, y el mantenimiento de los presos y presas en pésimo estado, sin acceso a atención médica, ni a agua potable o aire fresco.

Muchos de estos presos y presas de conciencia fueron encarcelados por comentarios publicados en las redes sociales, en aplicación de una serie de disposiciones imprecisas y sumamente amplias del Código Penal.

Uno de ellos es Tran Hoang Phuc, activista medioambiental y en favor de la democracia que fue detenido en junio de 2017. Fue declarado culpable de “propaganda contra el Estado” por la elaboración y difusión en redes sociales de una serie de vídeos que se consideraron críticos con el gobierno. Le impusieron una condena de seis años de prisión, tras haber pasado ya cuatro bajo arresto domiciliario.

La solución: ¿Qué pide Amnistía Internacional?

  • Que se libere, de inmediato y sin condiciones, a todos los presos y presas de conciencia del mundo.
  • Que se supriman todas las leyes que criminalizan a quienes alzan la voz o protestan pacíficamente.
  • Que no se utilicen las leyes contra discursos de odio o contra la incitación a la discriminación y la violencia para reprimir la disidencia pacífica.
  • Que la población tenga acceso a la información, y que se restrinjan las facultades de los gobiernos y las empresas para recabar datos sobre particulares y asociaciones.

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Cifra básica

Artículo 19

La libertad de expresión está protegida por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.