RESUMEN
La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad.
Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición. Y aun así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad sólo por pertenecer a un grupo “diferente” de quienes están en posiciones de privilegio o de poder.
La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicados. La labor de Amnistía Internacional se basa en el principio de no discriminación. Trabajamos con comunidades en todo el mundo para cuestionar leyes y prácticas discriminatorias y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad.
¿QUÉ IMPULSA LA DISCRIMINACIÓN?
En el fondo de todas las formas de discriminación están el prejuicio basado en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. Esto puede generar división, odio e, incluso, la deshumanización de otras personas porque tienen una identidad diferente.
En muchas partes del mundo, las políticas de la culpa y el miedo están en auge. La intolerancia, el odio y la discriminación causan una fractura cada vez mayor en las sociedades. La política del miedo divide a la población mientras los dirigentes difunden un discurso tóxico y culpan de los problemas económicos o sociales a determinados grupos o personas.
Algunos gobiernos intentan reforzar su poder y el statu quo justificando abiertamente la discriminación en nombre de la moral, la religión o la ideología. La discriminación puede incorporarse a la legislación nacional, a pesar de infringir el derecho internacional: por ejemplo, la criminalización del aborto, que niega a las mujeres, a las niñas y a las personas embarazadas los servicios de salud específicos que necesitan. Las autoridades pueden incluso considerar que ciertos grupos tienen más probabilidades de delinquir por el mero hecho de ser quienes son, como los pobres, los indígenas o los negros.
PRINCIPALES FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
La discriminación étnica y racial
El racismo afecta a todos los países del mundo. De forma sistemática, niega a las personas la totalidad de sus derechos humanos sólo por su color, raza, etnia, ascendencia (como la casta) u origen nacional. El racismo sin control puede alimentar atrocidades en gran escala, como el genocidio de Ruanda en 1994 y, más recientemente, la limpieza étnica y segregación racial de las comunidades rohinyás en Myanmar.
En India, miembros de las castas dominantes cometen múltiples abusos contra los derechos humanos de la comunidad dalit. Debido a actitudes discriminatorias, la policía no se toma en serio los crímenes contra la comunidad dalit —entre ellos violaciones por parte de grupos, asesinatos, y la destrucción de sus viviendas— y a menudo no los investiga.
Amnistía Internacional también ha documentado la discriminación generalizada a la que se enfrentan millones de personas romaníes en Europa, que incluye amenazas de desalojos forzosos, hostigamiento policial y segregación de los niños y niñas romaníes en las escuelas.
Discriminación contra personas extranjeras o xenofobia
La discriminación contra la población extranjera se basa muchas veces en ideas de superioridad y racismo fomentadas a menudo por políticos que buscan chivos expiatorios para problemas económicos y sociales en un país.
Desde 2008, Sudáfrica ha experimentado varios estallidos de violencia contra personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes procedentes de otros países africanos, con asesinatos, saqueos, y quema de tiendas y negocios. En algunos casos, los discursos cargados de odio de los políticos han avivado la violencia, al calificar erróneamente a las personas extranjeras como “delincuentes” y acusarlas de sobrecargar el sistema de salud.
La discriminación también es una característica común de la respuesta de la autoridades a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en otras partes del mundo. Muchas personas de países que reciben a personas refugiadas y solicitantes de asilo consideran la situación como una crisis , y tanto políticos como dirigentes explotan ese miedo para prometer, y en ocasiones, promulgar políticas abusivas e ilícitas.
Por ejemplo, en 2018 Hungría aprobó un paquete de leyes punitivas, dirigidas contra grupos que, según el gobierno, apoyaban a las personas refugiadas y migrantes. Además, la autoridades también sometieron a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a violentas expulsiones y malos tratos e impusieron la detención arbitraria de quienes intentaban entrar en territorio húngaro.
En Amnistía Internacional no estamos de acuerdo con que sea una crisis de cifras. Es una crisis de solidaridad. El problema son las causas que empujan a las familias y personas a cruzar fronteras y las respuestas miopes y poco realistas de los políticos.
CIFRAS BÁSICAS
Discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En todo el mundo, las personas sufren discriminación por amar a quien aman, por sentirse atraídas por determinadas personas y por ser quienes son. Las personas LGBTI pueden ser tratadas injustamente en todas las esferas de su vida, ya sea en el ámbito de la educación, el empleo, la vivienda o el acceso a los servicios de salud, y pueden sufrir acoso y violencia.
Algunos países castigan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género con penas de prisión o incluso con la muerte. Por ejemplo, en octubre de 2019, el ministro de Ética e Integridad de Uganda anunció que su gobierno tenía previsto introducir la pena de muerte para actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo.
En 2019, Amnistía Internacional documentó la violencia, los abusos y la discriminación generalizada que sufren los soldados gays y trans en Corea del Sur a causa de la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre hombres en las fuerzas armadas, y examinó los obstáculos a los que se enfrentan las personas transgénero para acceder a tratamientos de afirmación de género en China. También trabajamos para garantizar que las marchas del orgullo pudieran celebrarse en países como Turquía, Líbano y Ucrania.
Para las personas LGBTI, es muy difícil, y en la mayoría de los casos imposible, vivir su vida en libertad y obtener justicia por los abusos sufridos cuando las leyes no están de su parte. Incluso cuando lo logran, las identidades LGBTI están muy estigmatizadas y estereotipadas, lo que les impide vivir su vida como miembros de la sociedad en condiciones de igualdad o disfrutar derechos y libertades que están disponibles para otras personas. Por eso los y las activistas LGBTI trabajan sin descanso por sus derechos, por ejemplo a no sufrir discriminación, poder amar a quien quieran, conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género o gozar de protección contra los riesgos de agresiones y abusos.
Véase aquí más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional en torno a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional en torno a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Discriminación de género
En muchos países, en todas las regiones del mundo, existen leyes, políticas, costumbres y creencias que niegan a las mujeres y niñas sus derechos.
La ley prohíbe a las mujeres vestir como quieran (Arabia Saudí e Irán), trabajar por la noche (Madagascar) o solicitar un préstamo sin la firma de su esposo (Guinea Ecuatorial). En muchos países, las leyes discriminatorias limitan los derechos de las mujeres al divorcio, a la propiedad, a ejercer control sobre su propio cuerpo y a disfrutar de protección contra el acoso.
En la lucha permanente por la justicia, cientos de miles de mujeres y niñas han salido a las calles para exigir sus derechos humanos y pedir igualdad de género. En Estados Unidos, Europa y Japón, las mujeres se han manifestado contra la misoginia y el abuso en las marchas del movimiento #MeToo / #YoTambién. En Argentina, Irlanda y Polonia, las mujeres se han manifestado para exigir el fin de las leyes opresivas sobre el aborto. En Arabia Saudí han pedido que se ponga fin a la prohibición de conducir, y en Irán han pedido el fin del uso obligatorio del velo (hiyab).
En todo el mundo, las mujeres y niñas lideran las peticiones de cambio.
Sin embargo, pese al estratosférico aumento del activismo de las mujeres, la cruda realidad es que muchos gobiernos en todo el mundo apoyan públicamente políticas, leyes y costumbres que las someten y reprimen.
En todo el mundo, el 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países en los que el aborto sigue estando estrictamente restringido o es inaccesible en la práctica, aunque esté permitido por ley, y alrededor de 225 millones de mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos.
Las investigaciones de Amnistía Internacional confirmaron que a pesar de que las plataformas de redes sociales permiten que personas de todo el mundo se expresen participando en debates, estableciendo redes y compartiendo información, empresas y gobiernos han dejado sin protección a las personas usuarias frente a conductas abusivas en Internet, lo que ha hecho que muchas mujeres, en concreto, se autocensuren e incluso abandonen definitivamente estas plataformas.
En cambio, en algunas partes del mundo, las redes sociales han dado más relieve a las peticiones de las mujeres de igualdad en el trabajo, una batalla que obtuvo una atención renovada en forma de llamamientos para reducir la brecha salarial de género, que actualmente es de un 23% a nivel global. En el mundo, las mujeres no sólo reciben de media un salario inferior al de los hombres, sino que tienen más probabilidades de hacer trabajos no remunerados y de trabajar en empleos informales, inseguros y no cualificados. Gran parte de estas condiciones se deben a unas normas sociales que consideran que las mujeres y su trabajo tienen una categoría inferior.
Aunque la violencia de género afecta de forma desproporcionada a las mujeres, sigue siendo una crisis de derechos humanos que la clase política continúa ignorando.
más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional en torno a los derechos de las mujeres
Caso práctico: La menstruación y sus tabúes
“Esos días del mes”, “madre naturaleza”, “marea roja”. En muchas partes del mundo, el estigma en torno a la menstruación va mucho más allá de los eufemismos. Algunas personas activistas han sido detenidas o interrogadas por tomar postura y por intentar cambiar actitudes.
Samikshya Koirala, de Nepal, tuvo la menstruación por primera vez cuando tenía 11 años. No sólo tuvo que abandonar su casa durante 5 días sino que también se le prohibió tocar a los miembros varones de su familia durante 11 días y entrar en la cocina durante 19 días.
Ahora forma parte de un grupo estudiantil de Amnistía Internacional que trabaja para acabar con las actitudes negativas en torno a la menstruación.
“Hacemos vídeos, organizamos mítines y realizamos programas comunitarios en zonas rurales para los niños y niñas. Nos llena de orgullo oírles hablar abiertamente de estas cuestiones. En Nepal tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de la gente sobre las supersticiones acerca de la menstruación, y creo que de momento estamos haciendo un buen trabajo”, dice Samikshya.
Discriminación por razón de casta
La discriminación por el trabajo y la ascendencia (también conocida como discriminación por razón de casta) es una práctica generalizada en Asia y África y afecta a 260 millones de personas, incluidas comunidades de la diáspora. Debido al grupo social al que pertenecen por nacimiento, las personas de estas comunidades estás excluidas socialmente, marginadas económicamente y sometidas a violencia física y psicológica. La discriminación por el trabajo y la ascendencia está profundamente arraigada en la sociedad y se manifiesta en la vida cotidiana, en las percepciones individuales de la cultura y las costumbres, en las estructuras sociales y económicas, en la educación y en el empleo, y en el acceso a servicios, oportunidades, recursos y al mercado. La discriminación se perpetúa de generación en generación y en algunos casos está profundamente interiorizada, a pesar de que en algunos países existen leyes y acciones afirmativas para abordarla. Amnistía Internacional está comprometida a trabajar en colaboración con entidades asociadas en favor de los derechos de las comunidades afectadas por este tipo de discriminación.
Discriminación por razón de discapacidad
En todo el mundo, 1 de cada 10 personas vive con discapacidad. Sin embargo, en muchas sociedades, las personas con discapacidades tienen que enfrentarse al estigma, al ostracismo y a que las traten con pena o con miedo.
El 80 por ciento de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo. La inmensa mayoría de las personas con discapacidad —el 82 por ciento— viven por debajo del umbral de pobreza. Las mujeres con discapacidad son dos o tres veces más susceptibles de sufrir abusos físicos y sexuales que la mujeres sin discapacidad.
En Kazajistán, en aplicación de la legislación vigente, miles de personas con discapacidades psicosociales e intelectuales han sido declaradas “incapaces” por ley y puestas bajo el cuidado de un tutor o tutora. En virtud de este sistema, estas personas no pueden ejercer sus derechos ni impugnar la decisión ante los tribunales.
Amnistía Internacional también ha documentado graves abusos contra los derechos humanos de las personas con discapacidad en Somalia, donde estas personas corren peligro de sufrir matrimonio forzado, violación o desalojo forzoso.
Caso práctico: Lucha por mejorar la accesibilidad en Kirguistán
En Kirguistán, donde las personas con discapacidad son etiquetadas a menudo de “inválidas” y “enfermas”, Gulzar sigue luchando por su dignidad.
Gulzar Duishenova es una mujer kirguís que perdió el uso de las piernas en un accidente de automóvil. Ahora utiliza silla de ruedas, pero vive en una sociedad donde las personas con discapacidad sufren discriminación a diario. Una de estas formas de discriminación es la accesibilidad: desde ir a una consulta médica hasta usar el transporte público.
Pero Gulzar está luchando para cambiarlo. Ha convertido en la misión de su vida conseguir que las personas con discapacidad puedan vivir con dignidad. Los problemas de accesibilidad que sufre sólo han servido para fortalecer su determinación de exigir una vida mejor para ella misma y para otras personas.
Nos dicen que no podemos hablar, pero aun así hablamos. Yo sigo hablando.
Gulzar Duishenova
Tras años de trabajo de campaña por parte de activistas como Gulzar, en marzo de 2019 el presidente de Kirguistán, Sooronbay Jeenbekov promulgó una ley por la que el país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prepara el terreno para la inclusión efectiva en la vida social y económica del país de 180.000 personas que viven con discapacidades.
“Si las personas con discapacidad y las personas ancianas viven bien, la sociedad entera vive bien. También quiero decir alto y claro que no debe hacerse nada sobre nosotras sin nosotras,” afirma Gulzar.
LA SOLUCIÓN: ¿QUÉ PIDE AMNISTÍA INTERNACIONAL?
Que los gobiernos:
- acaben con las leyes discriminatorias y pongan en libertad a las personas encarceladas por su aplicación;
- protejan a todas las personas, sean quienes sean, de la discriminación y la violencia;
- introduzcan leyes y políticas que promuevan la inclusión y la diversidad en todos los ámbitos de la sociedad;
- tomen medidas para abordar las causas fundamentales de la discriminación, por ejemplo cuestionando los estereotipos y actitudes que la fomentan.