Irak debe declarar una moratoria inmediata de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición, ha declarado Amnistía Internacional, tras conocerse ayer la ratificación de nuevas penas de muerte.
Según informes, el 17 de diciembre, uno de los vicepresidentes ratificó las condenas a muerte impuestas a 28 personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo. Este es el último paso del proceso judicial y los acusados podrían ser ejecutados de forma inminente.
Este mes se supo del traslado de 40 presos condenados a muerte a la prisión de Al Kadhemiya de Bagdad, donde se llevan a cabo las ejecuciones.
Irak ha ejecutado al menos a 129 personas en 2012, la cifra más elevada desde 2005. Como en años anteriores, se calcula que los tribunales han impuesto o confirmado la pena capital a cientos de personas.
“Las condenas a muerte se están imponiendo tras juicios manifiestamente injustos basados en ‘confesiones’ obtenidas bajo tortura”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“En lugar de realizar ejecuciones, las autoridades iraquíes deberían dar prioridad a corregir su sistema de justicia penal, lleno de deficiencias.”
El 16 de diciembre, el vicepresidente iraquí Tareq al Hashemi y su yerno fueron condenados a muerte en ausencia por quinta vez en un juicio sumamente politizado ante el Tribunal Penal Central, por posesión y uso de armas. Ambos han sido condenados a otras cuatro penas de muerte por delitos relacionados con el terrorismo.
Desde que se reintrodujo la pena de muerte en Irak en 2004, su imposición y las ejecuciones, tras procedimientos que violan las normas de derechos humanos, se han extendido ampliamente.
Muchos juicios que desembocan en la pena capital no reunieron las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, incluyendo el uso de “confesiones” obtenidas bajo tortura u otros malos tratos como prueba contra los encausados.
Algunas emisoras de televisión iraquíes siguen emitiendo testimonios autoinculpatorios de detenidos incluso antes de que se inicie el juicio, lo que va en detrimento del derecho fundamental de los procesados a ser considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
La semana pasada, Amnistía Internacional instó a las autoridades iraquíes a que anulasen las penas de muerte impuestas a cuatro hombres el 3 de diciembre en la provincia de Anbar, en la región occidental de Irak, tras la retransmisión de “confesiones” realizadas mientras, según informes, eran torturados en prisión preventiva.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, por considerarla una violación del derecho a la vida y la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia.
Más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
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