Las autoridades de El Salvador deben actuar con urgencia para investigar y hacer comparecer ante la justicia a los responsables de la muerte de más de 200 personas en la región septentrional de San Vicente durante una operación militar en 1982, ha declarado Amnistía Internacional en el 30 aniversario de la masacre.
Más de 200 hombres, mujeres, niños y niñas perdieron la vida de forma violenta en lo que hoy se conoce como la “masacre de El Calabozo”, cometida el 22 de agosto de 1982 junto al río Amatitán.
Es difícil confirmar el número de personas que murieron ese día. Según informes, los soldados, pertenecientes al Batallón Atlacatl, entrenado por Estados Unidos, arrojaron ácido sobre algunos de los cuerpos y el río se llevó muchos de los cadáveres.
En 1992, algunos de los sobrevivientes iniciaron un expediente judicial ante las autoridades, pidiendo que se investigaran los crímenes y que los responsables rindieran cuentas de sus actos ante la justicia.
En un artículo publicado hoy, Amnistía Internacional pone de relieve las voces de algunas de las sobrevivientes de la masacre.
“Los y las sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas en El Calabozo reviven el dolor de ese día una y otra vez, como si hubiera ocurrido ayer”, afirmó Esther Major, investigadora de El Salvador de Amnistía Internacional.
“Las autoridades salvadoreñas han agravado su dolor y su trauma al no hacer comparecer ante la justicia a ninguna de las personas que ordenaron o cometieron la masacre. Treinta años después, ya es hora de poner fin a esta farsa proporcionando finalmente una reparación a sobrevivientes y familiares, y enjuiciando a los responsables de este terrible crimen.”