Amnistía Internacional ha expresado hoy su satisfacción por la sentencia dictada por un tribunal neerlandés contra la empresa multinacional Trafigura por transportar residuos peligrosos a Ámsterdam ocultando su verdadera naturaleza, y por exportarlos a Costa de Marfil. Esta es la primera vez que la empresa es declarada responsable penal de su implicación en la exportación de residuos peligrosos a Costa de Marfil.“Esta resolución parece condenatoria dado que Trafigura ha negado previamente haber cometido actos ilícitos. Los residuos, que finalmente fueron vertidos en Costa de Marfil, han afectado gravemente a la vida de decenas de miles de personas”, ha declarado Benedetta Lacey, asesora especial de Amnistía Internacional que visitó Costa de Marfil y se entrevistó con víctimas del vertido. “Aunque la sentencia es un significativo paso adelante, este no es el final de la historia para las personas afectadas. Quedan preguntas sin responder sobre el impacto que los residuos podrían haber tenido en la salud humana, y las áreas donde se vertieron aún no están totalmente descontaminadas.” Por otra parte, la resolución judicial también parece suscitar serias preguntas sobre la inacción de las autoridades neerlandesas, que podían haber prevenido la tragedia impidiendo que los residuos salieran de los Países Bajos. Estas preguntas no han sido respondidas aún. Amnistía Internacional está evaluando el texto íntegro de la sentencia definitiva. En julio de 2006, Trafigura desembarcó en Ámsterdam los residuos que transportaba en un buque con la intención de verterlos, pero debido a los costes, volvió a embarcarlos y los transportó a Costa de Marfil. Los residuos se vertieron en agosto de 2006 en varios lugares situados alrededor de la ciudad de Abiyán. Tras el vertido, más de 100.000 personas requirieron atención médica por diversos problemas de salud y, según los informes, hubo 15 fallecimientos.La fiscalía neerlandesa se centró en los hechos ocurridos en los Países Bajos y aparentemente no considera el impacto del vertido en Costa de Marfil, lo que refleja los desafíos que plantea enjuiciar a las empresas por acciones que cometen en más de un país.“Es urgente que la comunidad internacional aprenda de este incidente. Los Estados deben hacer más para garantizar que las multinacionales respetan los derechos humanos tanto en su país de origen como fuera de él”, concluyó Benedetta Lacey.
