Amnistía Internacional ha pedido hoy la libertad inmediata e incondicional de dos defensores de derechos humanos procesados en Angola por cargos relacionados con un atentado contra la selección de fútbol de Togo en el que murieron dos personas y varias resultaron heridas.
Francisco Luemba, abogado, y Raul Tati, sacerdote católico, van a ser juzgados el 12 de julio por el delito de “otros actos contra la seguridad del Estado”, en relación con el atentado cometido en la región angoleña de Cabinda. Amnistía Internacional les ha declarado presos de conciencia.
Ambos pertenecían a la organización de derechos humanos Mpalabanda, actualmente prohibida, y hace años que critican públicamente al gobierno y al Frente de Liberación del Estado de Cabinda (FLEC), grupo armado que lucha por la secesión de Cabinda. “Estos hombres han sido detenidos sólo por expresar pacíficamente su opinión sobre Cabinda, y las autoridades están aprovechando el atentado cometido contra la selección de fútbol de Togo para reprimir a los defensores de derechos humanos”, ha declarado Muluka-Anne Miti, investigadora sobre Angola de Amnistía Internacional.
“Amnistía Internacional condena el lamentable atentado cometido contra la selección de fúrbol togolesa y pide a las autoridades que garanticen que los responsables comparecen ante la justicia.”
La selección togolesa fue atacada con disparos el 8 de enero, cuando se desplazaba en autobús por Cabinda para participar en la Copa Africana de Naciones.
La policía detuvo a Raul Tati y a Francisco Luemba poco después del ataque. Ambos llevaban documentos sobre Cabinda y habían asistido recientemente a una conferencia destinada a buscar una solución pacífica a la situación de la región.
En la conferencia participaron miembros del Frente de Liberación del Estado de Cabinda (FLEC), grupo armado que libra una campaña armada por la secesión de la región desde la independencia de Angola en 1975.
Las autoridades angoleñas afirmaron que las detenciones se habían practicado “en el contexto de investigaciones policiales encaminadas a determinar quiénes estaban detrás del atentado terrorista contra la selección de Togo del 8 de enero de 2010” y acusaron formalmente a ambos hombres de “otros actos contra la seguridad del Estado”.
Otros dos detenidos, José Benjamin Fuca y Belchior Lanso Tati, que también habían asistido a la conferencia, confesaron presuntamente pertenecer al FLEC. Los cuatro detenidos fueron acusados de violar el artículo 26 de la Ley sobre Delitos contra la Seguridad del Estado, que establece que “serán castigados todos y cada uno de los actos no previstos en la ley que pongan en peligro o podrían poner en peligro la seguridad del Estado”.
“El artículo 26 viola el principio de legalidad en el derecho penal. Es impreciso y no permite a los ciudadanos saber si un acto concreto es ilegal. Básicamente significa que cualquier acto que las autoridades consideren delito será delito aun cuando no estuviera previsto en la ley en el momento en que se cometió”, ha manifestado Muluka-Anne Miti.
“Este artículo viola claramente las leyes y normas internacionales de derechos humanos y, por tanto, debe ser revocado.”
José Benjamin Fuca y Belchior Lanso Tati, que también han sido acusados formalmente en aplicación de esta ley, deben ser puestos en libertad a menos que sean enjuiciados por un delito reconocible y se les garantice un juicio justo.
Un quinto hombre, André Zeferino Puati, que fue declarado culpable en aplicación de la misma ley el 11 de junio de 2010, debe ser puesto en libertad o juzgado de nuevo en virtud de una ley que cumpla los requisitos que establecen las normas internacionales.