Los y las jóvenes pedimos a las autoridades nacionales de El Salvador fortalecer a la Policía Nacional Civil tomando en cuenta las necesidades y la protección de todas las personas jóvenes en el país por un futuro libre de abusos y violaciones a derechos humanos.
Muchas personas jóvenes en El Salvador sufrimos a diario discriminación y violencia. A veces, por el simple hecho de ser jóvenes; otras, por los barrios en que habitamos; o por caminar por lugares considerados violentos; o por vestirnos y expresarnos de formas que para algunas personas son no convencionales. Estas formas de violencia muchas veces son ocasionadas por la misma Policía.
Los y las jóvenes tenemos derecho a la dignidad, a la libertad e integridad personal, a la seguridad, a expresarnos, reunirnos y manifestarnos pacíficamente.
Si bien reconocemos que para garantizar la seguridad de todas las personas la Policía debe cumplir con su deber, también observamos que es posible tener una Policía que proteja a todas las personas jóvenes en El Salvador, sin distinción alguna.
1. La Policía solo debe hacer uso de la fuerza con estricto apego a la legalidad, la absoluta necesidad y la proporcionalidad, siempre con respeto pleno a los derechos humanos. La Policía debe abstenerse de realizar detenciones arbitrarias, amenazas y otro tipo de abusos, los cuáles deben ser investigados y sancionados.
2. Las y los jóvenes asumimos el compromiso de construir ambientes libres de violencia, con tolerancia. Estamos convencidos y convencidas que el monitoreo policial desde nuestros espacios, mediante la identificación de casos de abuso policial, la asesoría, la denuncia y la difusión de nuestros derechos son esenciales para superar las violaciones de derechos humanos que se cometen en nuestro país.
3. Creemos que instituciones y mecanismos efectivos e independientes de control interno y externo de Policía son indispensables para identificar actuaciones que no respeten los derechos humanos, promover la investigación y la sanción de quienes sean responsables de abusos policiales y, así, fortalecer la confianza en la Policía.
4. Reconocemos que las y los policías cumplen una labor indispensable en nuestra sociedad, por lo que es necesario que las autoridades asuman y cumplan políticas públicas encaminadas a la formación continua con énfasis en el respeto a los derechos humanos hacia las personas jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños, población LGBTIQ+; el uso proporcional de la fuerza, el adiestramiento físico y la aplicación del Código de Conducta Policial.
5. Reconocemos la dificultad y los retos que viven las personas que trabajan en la Policía, por lo que instamos al gobierno a que incluya dentro de su fortalecimiento el respeto a los derechos humanos de la Policía, incluyendo sus derechos laborales y la protección de su salud física y mental.