Resumen

El número de personas ejecutadas en Arabia Saudí fue superior al registrado en cualquier año anterior. Las víctimas habían sido condenadas por una amplia variedad de delitos, entre ellos muchos relacionados con las drogas en los que había implicadas personas extranjeras. Al menos dos hombres fueron ejecutados por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores. Aunque dejaron en libertad a algunas personas detenidas por ejercer sus derechos, las autoridades continuaron restringiendo severamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, con medidas como someter a las voces críticas y a los defensores y defensoras de los derechos humanos a largas penas de prisión, juicios manifiestamente injustos y prohibiciones de viaje arbitrarias, incluso en casos en los que las víctimas habían quedado en libertad hacía poco. La población trabajadora migrante, en especial la empleada en el sector doméstico, seguía sujeta al sistema de patrocinio conocido como kafala y continuó sufriendo abusos, explotación y deportaciones masivas. Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica. Arabia Saudí no tomó medidas suficientes para hacer efectivo el derecho a un medioambiente saludable.