Continuaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. El Tribunal Penal Especializado impuso duras penas de prisión a personas por su trabajo de derechos humanos y por expresar opiniones disidentes. Entre las personas detenidas arbitrariamente, enjuiciadas o condenadas había defensores y defensoras de los derechos humanos, personas críticas con el gobierno y otras que realizaban activismo político. A las defensoras de los derechos humanos que salían de prisión en libertad condicional se les imponía la prohibición judicial de viajar. Los tribunales recurrieron ampliamente a la pena de muerte, y hubo ejecuciones por una gran variedad de delitos. Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían siendo vulnerables a los abusos y la explotación en virtud del sistema de patrocino laboral del país, y miles de ellos fueron recluidos arbitrariamente y posteriormente deportados. Las autoridades penitenciarias violaron el derecho a la salud de defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas encarceladas tras juicios manifiestamente injustos.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
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