Se intensificó la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Entre quienes sufrieron hostigamiento, detención arbitraria, procesamiento y/o prisión había personas críticas con el gobierno, activistas de los derechos de las mujeres, defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de activistas, periodistas, miembros de la minoría chií y personas que criticaban en Internet las respuestas del gobierno a la pandemia de COVID-19. Al finalizar el año, prácticamente la totalidad de los defensores y defensoras saudíes de los derechos humanos que se sabía que desarrollaban su labor dentro del país estaban detenidos o encarcelados. Continuaron celebrándose juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado y otros órganos judiciales. Los tribunales recurrieron ampliamente a la pena de muerte, y hubo ejecuciones por una amplia variedad de delitos. Los trabajadores y trabajadoras migrantes eran aún más vulnerables a los abusos y la explotación debido a la pandemia, y miles de ellos fueron recluidos arbitrariamente y en condiciones terribles, lo que causó un número indeterminado de muertes.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
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