Jordania intensificó las medidas represivas contra el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, deteniendo y procesando a miles de personas por criticar a las autoridades, expresar sentimientos favorables a Palestina o participar en protestas pacíficas. Centenares de personas fueron sometidas a detención administrativa, sin cargos ni acceso a las garantías del debido proceso. Se disolvieron partidos políticos. Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Las condiciones de las personas refugiadas y solicitantes de asilo empeoraron debido, entre otras cosas, a recortes de fondos. Jordania seguía siendo vulnerable al cambio climático, que amenazaba sus recursos hídricos.
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