Las autoridades continuaron imponiendo restricciones a la libertad de reunión, expresión y asociación de periodistas, activistas políticos, trabajadores y trabajadoras, mediante detenciones arbitrarias y la aplicación de leyes represivas. Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de vigilancia. Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Las personas refugiadas se enfrentaron a dificultades para acceder a servicios esenciales debido a los recortes en la ayuda internacional.
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