Se seguía restringiendo la libertad de reunión pacífica, especialmente en virtud de la amplia legislación de excepción aprobada en 2020. Las autoridades también limitaban la libertad de expresión tanto dentro como fuera de Internet. La violencia de género aumentó en el contexto del deterioro de la situación económica y de las restricciones asociadas a la COVID-19, así como debido a la persistente falta de protección jurídica frente a este tipo de delitos. Jordania continuaba acogiendo a más de 2,7 millones de personas refugiadas que disfrutaban de acceso a la vacunación gratuita contra la COVID-19, pero estaban expuestas a un fuerte aumento de la inseguridad alimentaria.
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