En marzo, las autoridades declararon el estado de excepción para combatir la COVID-19 y otorgaron al primer ministro amplios poderes que permitieron la detención de al menos 13 periodistas críticos con el gobierno y el rey, así como de personas acusadas de “propagar el pánico sobre la COVID-19”. Durante el confinamiento asociado a la COVID-19 se produjo un aumento de la violencia de género en el ámbito familiar. Gran número de trabajadores y trabajadoras migrantes quedaron abandonados a su suerte, sin que les pagaran sus salarios. El trabajo infantil aumentó como consecuencia del impacto económico de la pandemia, que dejó a muchas familias sumidas en la pobreza. Los niños y niñas de madre jordana y padre extranjero quedaron privados de acceso a los fondos de emergencia estatales. Se dejó sin ayuda humanitaria a algunas personas refugiadas sirias, y muchas otras perdieron su trabajo y regresaron a zonas de Siria controladas por el gobierno.
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