Resumen

Permanecían pendientes de aprobación varios proyectos de ley federales que limitaban los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, y los gobiernos provinciales redactaron nuevos proyectos de ley que amenazaban la libertad de los medios de comunicación. Se detuvo a manifestantes y las fuerzas de seguridad continuaron utilizando fuerza innecesaria y excesiva para dispersar protestas. El gobierno no ofreció verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto del periodo 1996-2006. Miles de personas murieron de COVID-19 en un panorama de grave escasez de infraestructuras vitales, sin que el gobierno reaccionara de manera adecuada. La discriminación por motivos de género seguía presente en la ley y en la práctica. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones creíbles e independientes sobre varias muertes bajo custodia, en su mayoría de personas pertenecientes a comunidades marginadas.