Nepal

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre cuestiones de soberanía o disputas territoriales. Las fronteras trazadas en este mapa se basan en datos del servicio Geospatial de la ONU.
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Nepal 2022

Las autoridades llevaron a cabo detenciones arbitrarias para limitar la libertad de expresión, y las fuerzas de seguridad siguieron utilizando fuerza excesiva e innecesaria para dispersar protestas, en las que al menos una persona murió por disparos. Las iniciativas destinadas a garantizar justicia, verdad y reparación por los delitos de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto del periodo 1996-2006 continuaron siendo manifiestamente insuficientes. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones creíbles e independientes sobre las muertes ocurridas bajo custodia.

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades continuaron intimidando, deteniendo y enjuiciando a personas por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

En agosto, la policía detuvo al humorista Apoorwa Kshitiz Singh en la capital, Katmandú, tras haberse recibido varias denuncias sobre un vídeo que éste había publicado en Internet. En aplicación del Código Penal, se presentaron cuatro cargos contra él, por los que se enfrentaba a una condena de hasta cinco años de cárcel. En octubre, el Tribunal de Distrito de Katmandú ordenó su libertad bajo fianza.

También en octubre, la Comisión Electoral amenazó con solicitar el procesamiento de los miembros del grupo responsable de la campaña “No, Not Again” (“No, otra vez no”) en las redes sociales, y exigió su cierre y la eliminación de las publicaciones en las que criticaba a figuras políticas. En noviembre, el Tribunal Supremo ordenó a la Comisión abstenerse de actuar contra estos activistas y respetar su derecho a la libertad de expresión. También en noviembre, la Comisión exigió al portal de Internet Setopati.com la retirada de un artículo sobre un candidato electoral. Posteriormente, ante las críticas generalizadas, la Comisión se retractó de esta exigencia.

Las autoridades reprimieron a víctimas de usureros —en su mayoría, agricultores de entornos económicos desfavorecidos— que se concentraron en Katmandú para protestar y pedir justicia por los delitos económicos que habían sufrido. En septiembre, la policía cargó con porras contra un grupo de estas personas que se manifestaban pacíficamente, hiriendo al menos a 5 y deteniendo a más de 20.

Derecho a verdad, justicia y reparación

No hubo avances por parte del gobierno a la hora de ofrecer verdad, justicia y reparación a las decenas de miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado y los rebeldes maoístas durante el conflicto armado interno del periodo 1996-2006. Ni la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ni la Comisión para la Investigación de las Personas Desaparecidas resolvieron un solo caso, pese a haber recibido más de 60.000 y 3.000 denuncias de víctimas respectivamente. Aunque el gobierno prorrogó el mandato de ambas comisiones en octubre, ninguna de ellas tenía ningún miembro en activo, ya que los cargos de los anteriores habían expirado en julio.

En julio, el gobierno propuso un proyecto de ley de reforma de la Ley de las Comisiones para la Investigación de las Personas Desaparecidas y de la Verdad y la Reconciliación, de 2014. Este proyecto de ley de reforma, que suponía cierto avance en lo relativo a las reparaciones ofrecidas a las víctimas del conflicto —aunque no abordaba las deficiencias que el Tribunal Supremo había ordenado subsanar en una sentencia de 2015 para armonizar la ley en cuestión con las normas nepalíes e internacionales de derechos humanos—, no prosperó, ya que no fue aprobado antes de que acabara la legislatura en septiembre.

Tortura y otros malos tratos

Hubo informes frecuentes sobre torturas y otros malos tratos infligidos a personas detenidas en espera de juicio para conseguir “confesiones” u otras pruebas. Aunque el Código Penal de 2017 tipificaba como delito la tortura y otros malos tratos, al concluir el año no se había condenado a nadie en aplicación de la nueva legislación. No se llevaron a cabo investigaciones creíbles sobre varias muertes ocurridas bajo custodia, que se sospechaba que eran consecuencia de actos de tortura.

En mayo se halló el cuerpo sin vida del dalit Sundar Harijan ahorcado en un aseo de la prisión del distrito de Rolpa. La policía afirmó que se había suicidado. Aunque su familia rechazó esa posibilidad, las autoridades se abstuvieron de ordenar una investigación independiente sobre su muerte. En junio, una comisión de investigación del Ministerio del Interior concluyó que los funcionarios de prisiones habían intercambiado ilegalmente la identidad de Sundar Harijan con la de otro preso, al que habían puesto en libertad mientras Sundar Harijan cumplía su condena. Al concluir el año, las autoridades no habían publicado aún su informe.

Derechos de los pueblos indígenas

El gobierno no reformó la Ley de Parques Nacionales y Conservación de la Naturaleza de 1973, que no se ajustaba a las normas internacionales. Las personas indígenas desalojadas de sus tierras ancestrales durante la creación de parques nacionales y zonas de conservación seguían sin tierra y viviendo en asentamientos informales, con lo que quedaban expuestas a nuevos desalojos forzosos.

En junio la policía acabó con la vida de una indígena, Nabina Tharu, e hirió a un hombre al disparar munición real contra manifestantes en el distrito de Bardiya. La manifestación reivindicaba protección frente a los animales salvajes para las personas que vivían cerca del parque nacional, tras haber sido atacada una mujer por un tigre.

Derechos de las mujeres

Continuaba la discriminación por motivos de género. El gobierno no reformó las disposiciones constitucionales que impedían a las mujeres disfrutar de derechos de nacionalidad igualitarios.

El restrictivo plazo de prescripción de los delitos de violación y violencia sexual establecido en el Código Penal impedía a las sobrevivientes presentar denuncias y acceder a la justicia. Tras los actos de protesta que tuvieron lugar en mayo y los llamamientos generalizados de la sociedad civil, en julio el Parlamento aprobó una ley que ampliaba a 2 años —y en algunos casos, a 3— el anterior plazo de prescripción de un año para presentar denuncias.

Derecho a la alimentación y a la vivienda

Las autoridades no reformaron la Ley sobre el Derecho a la Vivienda de 2018, que no garantizaba de manera adecuada este derecho. En concreto, la ley no garantizaba protección frente a los desalojos forzosos a quienes vivían en asentamientos informales, ni definía conceptos clave, como sinhogarismo y seguridad de la tenencia. Cientos de familias que vivían en asentamientos informales de todo el país seguían en peligro de ser sometidas a desalojo forzoso ante las amenazas de desalojo de las autoridades.

En noviembre, el Comité de Alto Nivel para el Desarrollo Integrado de la Civilización Bagmati, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbanístico, publicó un aviso de desalojo con 10 días de antelación para las personas que vivían en asentamientos informales a la orilla del río Bagmati. El Comité amenazó con demoler los asentamientos sin seguir el debido proceso y sin ofrecer soluciones alternativas, argumentando que éstos entorpecían las labores de “embellecimiento”.

El gobierno tampoco tomó medidas para reformar la Ley sobre el Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria de 2018, que no se ajustaba a las normas internacionales de derechos humanos.

La falta del necesario marco normativo y reglamentario dificultaba la aplicación de las disposiciones de las leyes existentes para garantizar el acceso a la alimentación y la vivienda.