Continuó la represión de quienes criticaban al gobierno. Las autoridades detuvieron arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil y violaron el derecho a la libertad de expresión. Se prohibieron algunas protestas y las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva contra quienes se manifestaban de forma pacífica desafiando la prohibición. Persistieron la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas. El acceso a alimentos y a atención de la salud seguía siendo precario para gran parte de la población.
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