La fiscal general retiró los cargos de asesinato que pesaban sobre el ex primer ministro y la ex primera dama. Las protestas estaban prohibidas y, hasta agosto, las autoridades utilizaban el pretexto de la normativa sobre la COVID-19 para negar los permisos para celebrar reuniones. La brutalidad policial, incluidos casos denunciados de tortura y otros malos tratos y de un homicidio ilegítimo, seguía suscitando honda preocupación. La violencia de género continuaba aumentando mientras a las mujeres se las marginaba de los ámbitos económico y político. El acceso a asistencia médica era limitado, especialmente para las mujeres y las niñas en las zonas rurales.
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