La fiscal general retiró los cargos de asesinato que pesaban sobre el ex primer ministro y la ex primera dama. Las protestas estaban prohibidas y, hasta agosto, las autoridades utilizaban el pretexto de la normativa sobre la COVID-19 para negar los permisos para celebrar reuniones. La brutalidad policial, incluidos casos denunciados de tortura y otros malos tratos y de un homicidio ilegítimo, seguía suscitando honda preocupación. La violencia de género continuaba aumentando mientras a las mujeres se las marginaba de los ámbitos económico y político. El acceso a asistencia médica era limitado, especialmente para las mujeres y las niñas en las zonas rurales.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.