Lesoto 2024
Una investigación de la Defensoría del Pueblo concluyó que había personal de los servicios penitenciarios que torturaba a personas detenidas. Se intimidaba y hostigaba a periodistas, que, a consecuencia de ello, practicaban la autocensura. El derecho a un juicio justo era objeto de restricciones. Quienes sobrevivían a la violencia de género hacían frente a barreras para acceder a la justicia. Una experta de la ONU expresó preocupación por la discriminación contra las personas con albinismo. El proyecto de la represa de Polihali restringía el acceso de las comunidades locales al agua y causaba importantes alteraciones ambientales.
Tortura y otros malos tratos
Se recibieron múltiples denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas. Las acusaciones apuntaban especialmente a los Servicios Penitenciarios de Lesoto, cuyo personal había sometido a este tipo de tratos al menos a 300 reclusos de la Institución Penitenciaria Central de Maseru, según las conclusiones de un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en marzo. El gobierno inició una investigación sobre estas denuncias, pero al terminar el año no se disponía de más información sobre sus avances.
Libertad de expresión
El proyecto de Ley de Delitos Informáticos y Ciberseguridad, de 2024, que incluía disposiciones que penalizaban y preveían multas cuantiosas para ciertas formas de expresión en Internet, seguía pendiente ante la Asamblea Nacional. Entre los medios de comunicación preocupaba que el proyecto de ley pudiera permitir un aumento de la vigilancia y la intimidación por parte del gobierno.
El homicidio del destacado periodista Ralikonelo Joki, cometido en mayo de 2023 por hombres armados no identificados, llevó a un gran número de profesionales del periodismo a practicar la autocensura. En abril de 2024, según informes, periodistas de Lesotho Tribune recibieron reiteradas amenazas y hostigamiento por parte de personas no identificadas en un aparente intento de acallar sus voces y disuadirlos de ejercer el periodismo de investigación. Otros profesionales de medios de comunicación fueron objeto de un trato similar.
Derecho a un juicio justo
Los profesionales de la judicatura y la abogacía eran objeto cada vez con mayor frecuencia de actos de intimidación, que incluían amenazas y otras formas de presión, procedentes sobre todo de las fuerzas armadas y otros actores estatales. Los informes indicaban que el hostigamiento se utilizaba para influir en resultados judiciales a fin de que fueran favorables a los intereses del gobierno y las fuerzas armadas.
Violencia por motivos de género
Según la Corporación Reto del Milenio, más del 86% de las mujeres y niñas sufrían violencia de género durante su vida. Sin embargo, muchas sobrevivientes no denunciaban los hechos por temor a represalias sociales o por considerar que era inútil. La legislación contenía disposiciones para proteger frente a esa violencia, pero su cumplimiento era deficiente y, en muchos casos, las autoridades no hacían rendir cuentas a los responsables. Las sobrevivientes hacían frente a barreras considerables para acceder a la justicia, como, por ejemplo, procedimientos judiciales prolongados y servicios de apoyo insuficientes.
Discriminación
En abril, después de visitar Lesoto, la experta independiente de la ONU sobre los derechos de las personas con albinismo afirmó que esta minoría sufría discriminación, que entre otras cosas se manifestaba en la falta de acceso a atención de la salud y a educación.
Derechos económicos, sociales y culturales
Según el informe del Banco Mundial Macro Poverty Outlook, casi el 50% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza. Esta proporción se elevaba al 61% en las zonas rurales. El proyecto de construcción de la represa de Polihali, en el distrito de Mokhotlong (véase infra), dio lugar al desvío del suministro de agua de comunidades locales, principalmente a Sudáfrica. Esto llevó a las comunidades locales a niveles cada vez más altos de pobreza y menoscabó su derecho a los medios de subsistencia.
Según UNICEF, las infraestructuras educativas no estaban dotadas de recursos suficientes. Por ejemplo, sólo 93 de las más de 1.700 escuelas identificadas tenían conexión a Internet.
Derecho a un medioambiente saludable
El proyecto de la represa de Polihali causó importantes alteraciones ambientales y dañó los ecosistemas. En julio, el Centro Jurídico Seinoli planteó su preocupación por la falta de voluntad del gobierno para implementar el proyecto de manera que garantizase que las comunidades afectadas recibían una indemnización justa y que se respetaban sus derechos socioeconómicos.