22 de diciembre de 2023, detenidos en el Centro Penitenciario de Maseru (MCCI, por sus siglas en inglés), en Lesoto, fueron sometidos a tortura y otros malos tratos por los funcionarios de Servicios Penitenciarios, quienes los golpearon con diversas armas y les negaron el acceso a la atención médica necesaria. Al visitarlos, sus familiares notaron que tenían lesiones visibles y solicitaron que se tomaran acciones jurídicas urgentes. El 23 de enero de 2024, el Tribunal Supremo de Lesoto censuró el uso desfasado de castigos corporales contra los detenidos en el MCCI, y una investigación de la Defensoría del Pueblo de Lesoto reveló deficiencias sistémicas que contribuyen a estas violaciones.
