Tras el repentino fallecimiento del presidente Magufuli, la presidenta entrante estableció un grupo de trabajo para mejorar la respuesta de las autoridades a la pandemia, iniciativa que marcó un cambio en la política de negación de la COVID-19 seguida por su predecesor. El gobierno siguió limitando el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica mediante la aplicación de medidas draconianas dirigidas contra la oposición y la disidencia política, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. Las autoridades siguieron presionando a las personas refugiadas de Burundi para que regresaran a su país. El gobierno levantó la prohibición de asistir a centros escolares ordinarios que pesaba sobre las niñas embarazadas.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años