Tanzania

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre cuestiones de soberanía o disputas territoriales. Las fronteras trazadas en este mapa se basan en datos del servicio Geospatial de la ONU.

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Resumen

El gobierno mantuvo la prohibición general, impuesta a los partidos políticos por el difunto presidente John Pombe Magufuli en 2016, de organizar concentraciones y otras actividades políticas. El Estado continuó atacando a los medios de comunicación digitales a través de normativas represivas y a pesar de anteriores promesas de reformar la legislación sobre medios de comunicación. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva en la división de Loliondo, en la región septentrional de Arusha, durante los desalojos forzosos de la comunidad indígena masái, e intimidaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. No se cumplió la promesa de levantar la prohibición de asistir a la escuela que pesaba sobre las niñas embarazadas o que habían sido madres y las discriminaba. Siguieron adelante los planes de construir el oleoducto de crudo de África Oriental a pesar del riesgo que éste suponía para el medioambiente y para los medios de vida y la salud de la población local. Se impedía buscar justicia directamente ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a personas y organizaciones a quienes el sistema de justicia nacional había fallado.

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Estado de pena de muerte

Abolicionista en la práctica

Mantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años

Ver el informe de Amnistía Internacional 2022/23

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