Resumen

Las autoridades reprimían la disidencia pacífica y detuvieron arbitrariamente a personas críticas con el programa de desarrollo de la presidenta, a miembros de la oposición y personas vinculadas con la oposición, profesionales de la abogacía, a indígenas masáis y a activistas. El Parlamento reformó la Ley sobre Servicios de Medios de Comunicación. El Tribunal Superior falló a favor de la población masái de Loliondo en relación con su desalojo forzoso de tierras ancestrales. East African Crude Oil Pipeline Ltd. obtuvo la licencia para construir un oleoducto de 1.443 km. Las autoridades no permitieron el acceso de misiones de investigación internacionales para evaluar violaciones de derechos humanos cometidas contra la población masái en Ngorongoro. Permaneció en vigor la decisión de retirar una declaración judicial que permitía el acceso directo de personas y ONG a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. A pesar de que hubo mejoras en la impartición de la educación, persistían las bajas tasas de retención escolar de las niñas en las escuelas debido a la pobreza, los embarazos precoces y la violencia de género en las escuelas. Se intensificó el uso de lenguaje incendiario contra las personas LGBTI.