El gobierno mantuvo la prohibición general, impuesta a los partidos políticos por el difunto presidente John Pombe Magufuli en 2016, de organizar concentraciones y otras actividades políticas. El Estado continuó atacando a los medios de comunicación digitales a través de normativas represivas y a pesar de anteriores promesas de reformar la legislación sobre medios de comunicación. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva en la división de Loliondo, en la región septentrional de Arusha, durante los desalojos forzosos de la comunidad indígena masái, e intimidaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. No se cumplió la promesa de levantar la prohibición de asistir a la escuela que pesaba sobre las niñas embarazadas o que habían sido madres y las discriminaba. Siguieron adelante los planes de construir el oleoducto de crudo de África Oriental a pesar del riesgo que éste suponía para el medioambiente y para los medios de vida y la salud de la población local. Se impedía buscar justicia directamente ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a personas y organizaciones a quienes el sistema de justicia nacional había fallado.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.