Tanzania 2025
La represión de la disidencia, en particular contra miembros y simpatizantes de la oposición, se intensificó durante el periodo electoral. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza ilícita y letal contra manifestantes: mataron a centenares de personas e hirieron a miles. La comisión de investigación sobre los homicidios no publicó ninguna conclusión. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de las personas críticas o presuntamente críticas con el gobierno se vieron seriamente menoscabados. Se sometió a desaparición forzada a miembros tanto de partidos de la oposición como del partido en el poder, mientras que el líder opositor Tundu Lissu fue acusado de traición. Dos activistas extranjeros (un hombre y una mujer) fueron sometidos a tortura y otros malos tratos. Las autoridades demolieron ilegalmente propiedades pertenecientes al pueblo indígena masái en la Zona de Conservación de Ngorongoro. Seguía pendiente la decisión de la Corte de Justicia de África Oriental sobre un recurso presentado por varias ONG regionales que impugnaba la legalidad del proyecto del Oleoducto de Crudo de África Oriental.
Información general
En mayo, la Comisión Electoral Nacional Independiente inhabilitó al principal partido de la oposición, Partido por la Democracia y el Progreso (Chadema), y le impidió participar en las elecciones generales del 29 de octubre. El partido se había negado a firmar el código ético electoral, citando motivos de preocupación sobre la integridad de las elecciones. En septiembre, el Tribunal Superior de Dodoma anuló la decisión de la Comisión Electoral que, alegando que el partido había violado sus propios procedimientos internos, impedía a Luhaga Mpina presentarse como candidato presidencial por el partido Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT Wazalendo). Sin embargo, la Comisión restableció la inhabilitación.
Tras las elecciones, la presidenta Samia Suluhu Hassan fue reelegida con el 98% de los votos. Su partido, Partido de la Revolución (Chama Cha Mapinduzi), obtuvo el 99% de los escaños parlamentarios. Los resultados suscitaron gran controversia entre los miembros y simpatizantes de la oposición y provocaron protestas en todo el país que fueron reprimidas brutalmente (véase infra).
Represión de la disidencia
La continua campaña del gobierno para reprimir la disidencia se intensificó durante el periodo electoral hasta alcanzar cotas sin precedentes el día de las elecciones y los días siguientes. Desde el 29 de octubre, las autoridades cortaron el acceso a Internet en todo el país durante cinco días. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas electorales con una violencia mortal y detuvieron arbitrariamente a cientos de manifestantes únicamente por ejercer su derecho de reunión pacífica (véase “Homicidios y ataques ilícitos” infra).
Durante todo el periodo electoral, las autoridades persiguieron a miembros y simpatizantes de la oposición, miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas que expresaban su desacuerdo. Las tácticas para silenciar las voces disidentes incluyeron el uso de la detención y reclusión arbitrarias, la desaparición forzada y la tortura y otros malos tratos.
Las personas que expresaban opiniones críticas se enfrentaron a enjuiciamientos y juicios injustos en virtud de una legislación que contenía disposiciones imprecisas y excesivamente amplias. El enjuiciamiento de Tundu Lissu, dirigente de Chadema detenido simplemente por instar a sus seguidores a boicotear las elecciones, ilustró la amplitud de la represión y la reducción del espacio para la participación política. Tundu Lissu había sido detenido en abril, durante un mitin político en Mbinga en el que la policía hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluidos lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos al aire, para dispersar a los seguidores. Fue acusado de traición —delito que no permitía la libertad bajo fianza— y al finalizar el año permanecía recluido. También en abril, cinco dirigentes más de Chadema fueron detenidos, entre ellos el vicepresidente John Heche, para impedir un mitin en Kariakoo, una zona de Dar es Salaam.
En junio, una orden judicial del Tribunal Superior de Dar es Salaam prohibió a Chadema desarrollar actividades políticas, después de que tres administradores del partido procedentes de Zanzíbar presentaran una demanda alegando discriminación en la asignación de los recursos del partido en favor de la Tanzania continental frente al archipiélago de Zanzíbar. Posteriormente se detuvo a decenas de miembros por participar en “asambleas ilegales”.
También en junio, la policía detuvo durante cuatro días a Janeth Rithe, presidenta del Ala de Mujeres de ACT Wazalendo, después de que expresara dudas sobre las afirmaciones de la presidenta Hassan acerca de la situación económica de Tanzania.
En julio, la policía de la región de Lindi detuvo y recluyó brevemente a Zitto Kabwe, exdirigente de ACT Wazalendo, por unos comentarios sobre irregularidades electorales que efectuó durante un mitin en el distrito de Tunduru.
En agosto, el ministro del Interior ordenó a la policía llevar a cabo “patrullas online” para, según afirmó, vigilar a las personas que utilizaban las plataformas digitales para perturbar la paz y la seguridad.
En septiembre, el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones de Tanzania impuso una prohibición de 90 días a la plataforma online JamiiForums alegando que había publicado contenido engañoso y difamatorio sobre el gobierno, en contravención del Reglamento de Contenidos Online de 2020 y sus enmiendas.
El 7 de septiembre, la policía interrumpió las concentraciones nacionales en conmemoración del Día de los Héroes y detuvo a altos cargos de Chadema en la región de Serengueti y a 20 simpatizantes del partido en una iglesia de la ciudad de Mwanza.
Homicidios y ataques ilícitos
Entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, las autoridades respondieron a las protestas nacionales (véase supra) con fuerza ilícita y letal, gases lacrimógenos y otras armas menos letales. Cientos de personas perdieron la vida y miles resultaron heridas. El bloqueo de Internet permitió que estas graves violaciones de derechos humanos se cometieran fuera de la vista del público y con impunidad. Como consecuencia de la imposición de toques de queda y la falta de transparencia del gobierno, se desconocía el número real de víctimas. El 14 de noviembre, la presidenta Hassan anunció la creación de una comisión de investigación sobre los homicidios, pero al finalizar el año no se habían publicado sus conclusiones.
En febrero, un guardia de la Agencia de Servicios Forestales de Tanzania mató a tiros a John James, de Dar es Salaam, en el distrito de Kisarawe, región de Pwani. En marzo, dos miembros de la Agencia de Servicios Forestales fueron detenidos en relación con el homicidio, y la policía declaró que las investigaciones seguían en curso. En julio, Frank Sanga murió por los disparos de un miembro de una patrulla policial motorizada en la zona de Ntyuka, en la región de Dodoma. Las autoridades policiales confirmaron la detención de dos agentes en relación con el incidente y se comprometieron a llevar a cabo una investigación exhaustiva. No se hizo pública más información.
En mayo, Charles Kitima, secretario general de la Conferencia Episcopal de Tanzania, fue hospitalizado tras sufrir un ataque de unos agresores no identificados en la sede de la Conferencia, en Dar es Salaam. Horas antes, había difundido un vídeo en Internet en el que condenaba la falta de respeto de la ley por parte de la policía y pedía justicia electoral. Al parecer, el incidente no se investigó.
Desapariciones forzadas
Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de decenas de miembros de partidos políticos que, al parecer, habían sido objeto de desaparición forzada. Tampoco había información pública que indicara que sus casos se estuvieran investigando.
El 27 de marzo, según informes, unos hombres no identificados secuestraron a Fakih Ali Salim, de Zanzíbar y miembro del partido ACT Wazalendo. El 2 de mayo, unos individuos no identificados —que se creía que eran agentes de policía— irrumpieron en el domicilio de Mdude Nyagali, miembro de Chadema, a quien golpearon y trasladaron a un lugar desconocido.
Se desconocía el paradero de al menos cuatro miembros del Partido de la Revolución: no se había sabido nada de Daniel Chonchorio, Siza Mwita Keheta y Anthony Gabriel desde marzo, julio y agosto, respectivamente. Humphrey Polepole, exembajador de Tanzania en Cuba que había criticado al gobierno tanzano, fue víctima de desaparición forzada el 6 de octubre.
Tortura y otros malos tratos
En abril, unos agentes de policía agredieron a 23 personas simpatizantes del partido Chadema que estaban detenidas, dos de las cuales afirmaron haber sido también víctimas de abusos sexuales. Las 23 fueron abandonadas en un bosque del distrito de Bagamoyo tras haber sufrido importantes lesiones. Su detención se había producido durante una concentración frente a un tribunal de Dar es Salaam en el que Tundu Lissu se enfrentaba a varios cargos (véase supra). Según informes, más de 50 simpatizantes adicionales fueron golpeados cuando intentaban entrar en el tribunal.
El 19 de mayo, unos agentes de seguridad detuvieron arbitrariamente al defensor de los derechos humanos ugandés Agather Atuhaire y al activista keniano Boniface Mwangi en Dar es Salaam, adonde se habían desplazado para observar el juicio de Tundu Lissu. Ambos fueron recluidos en régimen de incomunicación en un lugar desconocido y sometidos a tortura y otros malos tratos durante cuatro días, antes de ser deportados por la fuerza a Uganda y Kenia, respectivamente. También el 19 de mayo, la presidenta Hassan advirtió públicamente a los activistas extranjeros que no se involucraran en los asuntos de Tanzania.
Desalojos forzosos
En febrero se crearon la Comisión Presidencial sobre la Tierra en Ngorongoro y la Comisión Presidencial sobre el Reasentamiento desde Ngorongoro para que evaluaran los conflictos territoriales y el reasentamiento de los pueblos indígenas masái fuera de sus tierras en el distrito de Ngorongoro. El hecho de que las comisiones no presentaran sus conclusiones (tal y como se les había encomendado) a la presidenta Hassan en un plazo de tres meses y no cumplieran su promesa de proporcionar actualizaciones periódicas suscitó preocupación respecto a la transparencia y la rendición de cuentas.
En junio, la presidenta criticó públicamente la presencia de miembros de la comunidad masái local y su ganado en la Zona de Conservación de Ngorongoro. Dicha zona era objeto de prolongadas disputas territoriales entre la comunidad masái y el gobierno, que afirmaba que la presencia de los masáis perjudicaba al turismo. Tras la declaración de la presidenta, los guardias del parque demolieron viviendas recién renovadas y una iglesia pertenecientes a los masáis en el área de Oldupai, dentro de la Zona de Conservación. También detuvieron a varios residentes masáis, alegando que estaban invadiendo terrenos de la Zona. Según afirmaron activistas masáis que defendían la tierra, las acciones tenían como objetivo presionarlos para que abandonaran “voluntariamente” sus tierras.
Derecho a un medioambiente saludable
En febrero, la Corte de Justicia de África Oriental admitió a trámite un recurso presentado por cuatro ONG de la misma región que impugnaba la legalidad del proyecto del Oleoducto de Crudo de África Oriental, después de que una resolución anterior de esa misma corte considerara inadmisible su demanda. La decisión judicial seguía pendiente. El oleoducto subterráneo, de 1.443 km y destinado a transportar crudo desde los yacimientos petrolíferos de Hoima (Uganda) hasta el puerto de Tanga (Tanzania), estaba a punto de finalizarse.
Discriminación
Personas con albinismo
En febrero, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos resolvió que el gobierno era responsable de violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas con albinismo. La Corte destacó la discriminación, la violencia y la exclusión que sufría este grupo de población desde hacía mucho tiempo, y citó fallos en la protección estatal, la rendición de cuentas y el acceso a servicios esenciales. La Corte ordenó al gobierno que adoptara medidas, entre ellas compensar a las víctimas, reformar la legislación para tipificar la violencia contra las personas con albinismo como delitos agravados y llevar a cabo campañas nacionales de concienciación pública para combatir los mitos y supersticiones perjudiciales sobre el albinismo.