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TANZANIA 2021

Tras el repentino fallecimiento del presidente Magufuli, la presidenta entrante estableció un grupo de trabajo para mejorar la respuesta de las autoridades a la pandemia, iniciativa que marcó un cambio en la política de negación de la COVID-19 seguida por su predecesor. El gobierno siguió limitando el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica mediante la aplicación de medidas draconianas dirigidas contra la oposición y la disidencia política, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. Las autoridades siguieron presionando a las personas refugiadas de Burundi para que regresaran a su país. El gobierno levantó la prohibición de asistir a centros escolares ordinarios que pesaba sobre las niñas embarazadas.

Información general

Samia Suluhu Hassan tomó posesión de su cargo como primera presidenta de Tanzania el 19 de marzo y se comprometió a mejorar los derechos humanos, pero al terminar el año muchos de sus compromisos no se habían concretado en acciones.

Derecho a la salud

En la primera parte del año apenas existieron medidas de prevención en materia de salud pública. El presidente Magufuli, que murió en marzo, había subestimado la magnitud de la pandemia, entre otras cosas rechazando públicamente el uso de mascarillas, la distancia social y las vacunas. Hasta mayo, el gobierno ocultó información relativa a la COVID-19, haciendo caso omiso de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a la manera de responder a la pandemia.1 En febrero y marzo, líderes religiosos informaron de un repunte del número de muertes relacionadas con la COVID-19, que afectaba entre otros a personal de enfermería, sacerdotes y monjas. El gobierno de la nueva presidenta invirtió el enfoque de su predecesor y reforzó las medidas para controlar el virus. El 28 de julio, el gobierno puso en marcha su programa de vacunación contra la COVID-19, que dio prioridad al personal sanitario, tras la recomendación de un grupo de trabajo nacional creado en mayo por la presidenta entrante para orientar la respuesta del Estado a la pandemia. Este grupo recomendó a las autoridades la introducción de medidas preventivas para hacer frente a la propagación del virus. En agosto, el gobierno comenzó a expedir certificados electrónicos de vacunación, en cumplimiento de los requisitos internacionales. Según la OMS, al terminar el año Tanzania había administrado más de 2.431.769 dosis de vacunas contra la COVID-19, cifra que representaba el 4% de la población.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las personas refugiadas de Burundi en Tanzania seguían viviendo con miedo. La policía y los servicios de inteligencia, en cooperación con los servicios de inteligencia de Burundi, siguieron usando en 2021 la violencia, la detención arbitraria, estrictas políticas de retención en campamentos y amenazas de deportación para presionar a las personas refugiadas con el fin de que salieran del país, según afirmaciones de personas expertas en derechos humanos de la ONU. El gobierno también siguió implementando retornos de personas refugiadas facilitados por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Fuentes del gobierno y del ACNUR calculaban que, al final de diciembre, en Tanzania había 162.711 refugiados originarios de Burundi (cifra que representaba aproximadamente el 65% de la población refugiada del país), y el ACNUR y otros asociados presentes en Tanzania habían apoyado a más de 20.000 burundeses para que retornaran a su país. Muchas de estas personas refugiadas salieron de Tanzania por las presiones del gobierno tanzano.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El 24 de noviembre, el gobierno anunció que había levantado la prohibición de asistir a centros escolares ordinarios que pesaba desde 2017 sobre las niñas embarazadas o con hijos. Desde 2017, las autoridades aplicaban la prohibición en virtud de la Ley sobre Normativa de Educación de 2002, que establecía que las personas que estudiaban podían ser expulsadas si se casaban o cometían un delito.

En agosto, la presidenta hizo comentarios sexistas y otros comentarios ofensivos sobre las mujeres futbolistas, a las que describió diciendo que algunas eran de “pecho plano” y de las que sugirió que su apariencia física les impediría casarse. Los comentarios se realizaron en una alocución ante invitados a un acto para celebrar la victoria de un equipo de fútbol masculino en una competición regional.

Detención y reclusión arbitrarias

En la madrugada del 21 de julio, unos agentes de policía irrumpieron en un hotel de la localidad de Mwanza y detuvieron a Freeman Mbowe, líder del principal partido opositor, Partido de la Democracia y el Progreso (conocido generalmente como Chadema), y a 11 cargos del partido. Freeman Mbowe iba a convocar una reunión para pedir reformas constitucionales.2 Ese mismo día detuvieron en Mwanza a otros tres hombres relacionados con Chadema. Freeman Mbowe fue llevado a la comisaría de policía de Oysterbay (Dar es Salaam), compareció ante un tribunal más de cinco días después y fue acusado de delitos relacionados con delitos económicos y financiación de actividades terroristas, sobre la base de denuncias que se remontaban al periodo comprendido entre mayo y agosto de 2020. La operación pareció una táctica para silenciarlo. El líder político fue trasladado después a la prisión de Ukonga, donde continuaba al terminar el año. Los otros 14 detenidos fueron acusados de reunión ilegal y de vulnerar las medidas de prevención de la COVID-19, aunque tales restricciones no se habían hecho públicas. De ellos, 11 quedaron en libertad bajo fianza el 24 de julio y los 3 restantes el 25 de julio.

El 3 de agosto, la policía detuvo a 22 mujeres de BAWACHA (la organización de mujeres de Chadema) antes de las protestas previstas contra la detención de Freeman Mbowe. Las detenciones tuvieron lugar en múltiples regiones, entre ellas la capital (Dar es Salaam), Mara y Mwanza. Las mujeres estuvieron detenidas bajo custodia policial entre 4 y 15 días antes de quedar en libertad bajo fianza.

Derecho a un juicio justo

El 17 de agosto, un tribunal retiró los cargos formulados contra el actor, humorista y presentador de radio tanzano Idris Sultan, detenido en mayo de 2020 por presunto “ciberacoso” tras haber distribuido en las redes sociales un vídeo en el que se burlaba del difunto presidente. Los cargos formulados en su contra —“no registrar una tarjeta SIM previamente propiedad de otra persona” y “no informar del cambio de titularidad de una tarjeta SIM”— se retiraron al no continuar con el caso el director de la Fiscalía.

El 22 de septiembre, un tribunal desestimó una causa de sedición incoada contra el número dos del partido Chadema, Tundu Lissu, y cuatro empleados el periódico Mawio, tras retirar los cargos el director de la Fiscalía. Desde 2016, estos cinco hombres habían comparecido ante los tribunales en repetidas ocasiones, tras sostener el ministerio público que habían publicado contenidos sediciosos en el periódico Mawio.

Libertad de expresión

El Departamento de Servicios de Información, organismo oficial del Ministerio de Información, Cultura, Artes y Deportes facultado para autorizar los periódicos, siguió haciendo uso de leyes represivas sobre los medios de comunicación para reprimir y atacar la información independiente e imponer restricciones a ese sector. Las autoridades impusieron el artículo 59.2 de la Ley de Servicios de Información de 2016, que concedía al titular del Ministerio de Información poderes para prohibir cualquier publicación periódica y censurar medios de comunicación.

El 6 de abril, la presidenta dio instrucciones a las autoridades para que permitieran a los medios de comunicación prohibidos durante el mandato de su predecesor reanudar sus actividades. El director del Departamento de Servicios de Información (también principal portavoz gubernamental del departamento) rectificó la orden y anunció en Twitter que la presidenta había “dado instrucciones de levantar únicamente la prohibición que afectaba a la televisión en línea”, por lo que los periódicos continuaban sujetos a la prohibición “de acuerdo con las leyes”.

El 11 de agosto, las autoridades suspendieron durante 14 días el periódico Uhuru, propiedad de Uhuru Publications Limited y fundado por el partido gobernante, Chama Cha Mapinduzi (CCM). Las autoridades afirmaron que había publicado una información falsa con el titular siguiente: “No tengo intención de aspirar a la presidencia en 2025 – Samia”. El secretario general de CCM respondió diciendo que el consejo editorial del periódico había suspendido a tres altos directivos, entre ellos el director ejecutivo, por esa información y que estaban realizando investigaciones para determinar el motivo de su publicación. Uhuru volvió a editarse el 27 de agosto.

El 5 de septiembre, el Departamento de Servicios de Información suspendió el periódico Raia Mwema durante 30 días, aduciendo que había vulnerado reiteradamente las normas del periodismo profesional y había violado la ley al publicar informaciones engañosas y constitutivas de incitación a la violencia.

El 23 de septiembre, la policía detuvo al humorista gráfico Optatus Fwema en su domicilio de la zona de Bunju (Dar es Salaam) después de que éste publicara una caricatura de la presidenta en las redes sociales. El humorista estuvo detenido en la comisaría de policía de Oysterbay, donde se le negó el acceso a un abogado incluso durante los interrogatorios. Optatus Fwema quedó en libertad bajo fianza el 8 de octubre tras ser encausado por un tribunal de Dar es Salaam y acusado formalmente de publicar información falsa en Internet. Al finalizar el año estaba en espera de juicio.

El 2 de octubre, el periodista de Mgawe TV Harold Shemsanga y seis mujeres miembros de Chadema fueron detenidos cuando habían salido a correr. Se formularon en su contra cargos de reunión ilegal y quedaron recluidos en la comisaría de policía de Mbweni (Dar es Salaam), antes de ser puestos en libertad el 4 de octubre sin haber comparecido ante un tribunal.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades sometieron a las personas defensoras de los derechos humanos a detención y reclusión arbitrarias, enjuiciamiento, intimidación, hostigamiento y amenazas. El 5 de enero, un tribunal de Dar es Salaam puso en libertad al defensor de los derechos humanos Tito Magoti y al también acusado Theodory Giyani. Ambos habían sido detenidos en diciembre de 2019 en relación con actividades en las redes sociales y habían sido acusados en virtud de la Ley de Control de Delitos Económicos y Delincuencia Organizada de 1984 por delitos que no permitían la libertad bajo fianza, y por otros cargos en virtud de la Ley de Ciberdelincuencia de 2015 y la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2007. Su causa judicial se aplazó en más de 10 ocasiones antes de que llegaran a un acuerdo de sentencia con el director de la Fiscalía en virtud del cual debían pagar una multa conjunta de 17,3 millones de chelines tanzanos (unos 7.400 dólares estadounidenses), y quedaran finalmente en libertad.3

El 20 de abril, la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Tanzania integrada por más de 160 miembros, entre ellos ONG y personas defensoras de los derechos humanos anunció que sus cuentas bancarias habían sido desbloqueadas. La policía había ordenado a un banco comercial de Tanzania que las bloquease en agosto de 2020, aduciendo que la Coalición no había presentado ante la Secretaría de Hacienda sus acuerdos contractuales con los donantes. Ese bloqueo obligó a la Coalición a suspender sus operaciones durante ese periodo.


  1. Tanzania: President’s new COVID-19 taskforce a positive move but the work starts now, 26 de abril
  2. Tanzania: Release opposition leader and party members, 21 de julio
  3. Tanzania: A chance to prioritize human rights. Amnesty International submission for the UN Universal Periodic Review, 39th session of the UPR Working Group, November 2021 (Índice: AFR 56/3885/2021), 25 de marzo