Afganistán 2025

Los talibanes intensificaron sus ataques sistemáticos generalizados contra los derechos de las mujeres y las niñas. También discriminaron a los grupos etnorreligiosos, por ejemplo, obligando a miembros de la comunidad ismailí (chií) a convertirse al islam suní. Asimismo, reprimieron a los medios de comunicación independientes y silenciaron toda crítica de sus políticas, arrestando y deteniendo arbitrariamente a periodistas y miembros del funcionariado del anterior gobierno. Hubo ejecuciones extrajudiciales de personas detenidas y disidentes y se reprimieron las protestas de manera sistemática. Continuó siendo prácticamente imposible acceder a un juicio justo. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el líder y el presidente del Tribunal Supremo talibanes. El país se encontraba en una situación de inestabilidad económica, con una crisis humanitaria cada vez más grave. La falta de financiación puso en peligro servicios esenciales de atención sanitaria que proporcionaba la OMS. La discriminación restringió el acceso a la asistencia humanitaria de grupos étnicos y religiosos marginados. Los desalojos forzosos repercutieron de manera desproporcionada en las mujeres y las niñas, especialmente las hazaras.

Información general

Los talibanes seguían siendo las autoridades de facto del país tras el colapso del anterior gobierno en agosto de 2021. El Consejo de Seguridad de la ONU continuó sancionando a los talibanes, muchos de cuyos dirigentes tenían prohibición de viajar.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Se privó a las mujeres y las niñas de casi todos sus derechos fundamentales, y las mujeres hazaras y de otras minorías religiosas sufrían discriminación interseccional.¹ Se intensificaron los decretos y las políticas de los talibanes dirigidos a las mujeres y las niñas, que les impedían acceder a la enseñanza después de los 12 años, trabajar con organismos de la ONU, ONG e instituciones estatales y disfrutar del derecho a la libertad de circulación, expresión y participación política. En junio, según los medios de comunicación, los talibanes intimidaron y amenazaron a mujeres que trabajaban para organismos de la ONU y a sus familias en la capital, Kabul. En septiembre, las fuerzas de seguridad de los talibanes impidieron que las mujeres afganas que trabajaban para organismos y contratistas de la ONU entraran a los recintos de la organización.

El requisito de los talibanes de que las mujeres fueran acompañadas por un mahram (familiar varón) en sus desplazamientos restringió el acceso de éstas al trabajo en el sistema de atención sanitaria y sus posibilidades de buscar atención médica. Los talibanes ordenaron a negocios privados y centros de salud que no atendieran a ninguna mujer que no fuera con un mahram, según informó la ONU. Su draconiana Ley de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio redujo aún más el ya limitadísimo acceso de las mujeres a oportunidades económicas, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

En marzo, la UNAMA informó de que los talibanes habían impedido que las mujeres asistieran a las oraciones en las mezquitas durante el Ramadán en las provincias de Badghis y Herat. En julio, los talibanes arrestaron a decenas de mujeres en Kabul por violar su restrictivo código indumentario. En noviembre, los talibanes impusieron una nueva restricción en la provincia de Herat: todas las pacientes, cuidadoras, visitantes y miembros del personal femenino debían llevar burka —una prenda de vestir que cubre totalmente el rostro y el cuerpo— para acceder a los centros de salud.

Violencia por motivos de género

Las mujeres y las niñas sufrían niveles cada vez mayores de violencia por motivos de género, tanto en el hogar como en público. Según informó la ONU, el riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas se había incrementado un 40% bajo el régimen talibán, y 14,2 millones de mujeres necesitaban protección y ayuda. Las mujeres y las niñas que sufrían violencia de género seguían dependiendo de las políticas y prácticas draconianas de los talibanes o de los sistemas tradicionales de resolución de disputas, pues los talibanes habían desmantelado totalmente el marco institucional de apoyo, incluidos tribunales y fiscalías.

Aumentaron los matrimonios forzados, prematuros e infantiles. Los talibanes respaldaron y participaron en matrimonios forzados, a pesar de haber introducido un decreto que los prohibía.

Libertad de religión o de creencias

Los decretos, políticas y prácticas de los talibanes discriminaban a las minorías etnorreligiosas. Según la UNAMA, en enero los talibanes obligaron al menos a 50 hombres de la comunidad ismailí (chií) a convertirse al islam suní en la provincia de Badajshán. Los que se negaron fueron agredidos físicamente, coaccionados y amenazados de muerte. La organización local de derechos humanos Rawadari informó de que los talibanes habían obligado al menos a 203 personas a convertirse al islam suní. Los talibanes también obligaron a comunidades ismailís a que enviaran a sus niños y niñas a recibir enseñanza religiosa suní.

Según informaron Rawadari y los medios de comunicación, en las provincias de Bamiyan, Ghazni, Ghor, Herat, Kabul y Nimruz los talibanes habían impuesto restricciones a la celebración de los ritos religiosos de las comunidades chiíes de etnia hazara, concretamente durante el mes de muhárram. En las provincias de Badghis y Ghazni se obligó a la población chií a romper el ayuno y orar según el anuncio del Eid de los talibanes.

Libertad de expresión

Los talibanes siguieron atacando y reprimiendo a los medios de comunicación independientes y críticos, persistiendo en atacar a periodistas que criticaban sus políticas draconianas. Según el Sindicato Nacional de Periodistas, en julio los talibanes arrestaron a siete periodistas por cargos de “corrupción moral” y espionaje, entre otros.

En julio, la UNAMA informó de que en al menos la mitad de las provincias del país los talibanes habían prohibido que se tomaran fotos o se emitieran por televisión imágenes de seres vivos. En agosto, los talibanes arrestaron a tres miembros del personal de una emisora de radio local, Radio Nasim, que dejó de emitir en las provincias de Daikundi y Bamiyan después de 13 años. A finales de noviembre, un medio de comunicación local informó de que la emisora de Bamiyan había reanudado sus emisiones después de tres meses de interrupción.

Los talibanes restringieron aún más la libertad de expresión y el derecho a la educación al prohibir en las universidades los libros escritos por mujeres y la enseñanza de materias incompatibles con su interpretación de la sharia (ley islámica). También prohibieron los textos poéticos que fueran críticos con sus políticas, decisiones y prácticas, así como la poesía romántica. Las personas que los criticaban públicamente, por ejemplo en las redes sociales, eran arrestadas y encarceladas arbitrariamente.

Detención y reclusión arbitrarias

Los talibanes detuvieron y recluyeron arbitrariamente a quienes criticaban sus normas draconianas, incluidos periodistas y activistas de derechos humanos. Los “guardianes de la moralidad” talibanes también detuvieron y recluyeron a quienes incumplían la ley sobre el vicio y la virtud, por motivos tales como la longitud del cabello o el tipo de peinado, por no asistir a la oración comunitaria, por oír música o por tomar fotos.

Los medios de comunicación y la ONU informaron de casos de personas disidentes, entre ellas miembros del funcionariado del anterior gobierno, que habían sido devueltas a Afganistán y sometidas a detención y reclusión arbitrarias. Hasta marzo, la UNAMA había registrado al menos 23 detenciones y reclusiones arbitrarias de miembros del funcionariado del anterior gobierno. Los talibanes también sometieron a desaparición forzada a miembros del funcionariado del anterior gobierno y a personas acusadas de colaborar con sus oponentes.

Ejecuciones extrajudiciales

Según Rawadari, 251 personas —entre ellas manifestantes, figuras influyentes y miembros del funcionariado del anterior gobierno— fueron víctimas de ejecución extrajudicial, misteriosamente asesinadas o heridas por los talibanes y por actores desconocidos durante la primera mitad del año. Entre abril y junio, siete miembros del funcionariado del anterior gobierno fueron víctimas de homicidio ilícito, según informes.

Tortura y otros malos tratos

Las personas detenidas fueron sometidas a tortura y otros malos tratos. Las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos HRD+, Rawadari, Organización Mundial contra la Tortura y otras destacaron el uso por parte de los talibanes de torturas como “arrancar dientes y uñas”, “aplicar descargas eléctricas”, “realizar simulacros de ahogamiento” y “amenazar con matar a familiares de la víctima”. Según los informes, los talibanes sometieron a agresiones y abusos sexuales tanto a hombres como a mujeres en detención. La UNAMA documentó cinco casos de tortura y otros malos tratos infligidos a miembros del funcionariado del anterior gobierno entre enero y marzo. Los informes pusieron de manifiesto que las personas detenidas pertenecientes a minorías etnorreligiosas, especialmente la chií y la hazara, habían sido sometidas a más hostigamiento, como insultos y prohibición de realizar prácticas religiosas.

Los talibanes impusieron castigos corporales, que equivalían a tortura y otros malos tratos, por acusaciones de “adulterio”, “consumo de alcohol”, “homosexualidad” y “pederastia”. Estos castigos se añadían a las penas de cárcel. La UNAMA informó de que al menos 231 personas habían sido sometidas a castigos corporales entre abril y junio.

Libertad de reunión pacífica

Los talibanes continuaron reprimiendo las reuniones pacíficas críticas o independientes. Según los informes, en los distritos de Argo, Jurm y Khash de la provincia de Badajshán, los talibanes mataron al menos a 10 manifestantes e hirieron a 40 más durante las protestas que desencadenó el programa de erradicación del cultivo de adormidera. La UNAMA informó, además, del arresto de al menos 48 hombres y menores de edad uzbekos que protestaban contra los arrestos de miembros de su comunidad por un altercado con pastunes de la zona en el distrito de Dawlat Abad (provincia de Faryab) en junio.

El temor a arrestos y encarcelamientos arbitrarios hizo que las protestas contra las draconianas políticas de los talibanes se trasladaran a plataformas online.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Dado que los talibanes habían desmantelado la legislación y las instituciones jurídicas que existían previamente, resultaba casi imposible acceder a un juicio con garantías. La restrictiva interpretación de los talibanes de la sharia (ley islámica) siguió prevaleciendo frente a la anterior legislación, sin que se tuvieran en cuenta la diversidad religiosa, los derechos de las mujeres y las niñas ni las obligaciones internacionales. Organismos de supervisión como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, así como el Parlamento y los consejos provinciales permanecieron disueltos.

En una histórica decisión tomada en octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo de investigación independiente para Afganistán que recopilara, confirmara, conservara y analizara las pruebas de crímenes de derecho internacional y abusos y violaciones de derechos humanos que se habían cometido en el pasado y se seguían cometiendo.²

En julio, la CPI dictó orden de detención contra el líder y el presidente del Tribunal Supremo talibanes por el delito de “persecución por motivos de género”, considerado un crimen contra la humanidad.³ Mujeres y activistas de derechos humanos de Afganistán calificaron de “apartheid de género” los ataques que estaban llevando a cabo los talibanes contra las mujeres y las niñas. Amnistía Internacional abogó por que se reconociera el apartheid de género como crimen de derecho internacional.

Derechos económicos, sociales y culturales

En el país continuó la inestabilidad económica y se agudizó la crisis humanitaria; 22,9 millones de personas —casi la mitad de la población— dependían de la ayuda. La crisis humanitaria se agravó a causa de catástrofes como terremotos, devoluciones forzosas masivas sin precedentes desde Irán y Pakistán y el impacto de la crisis climática. En agosto, miles de familias sufrieron los efectos de un terremoto en el este del país, que causó 1.992 muertes y dejó 3.631 personas heridas.

La crisis humanitaria se vio agravada por el recorte de los fondos de ayuda de Estados Unidos, el mayor donante de Afganistán, y la reducción de la ayuda de otros países. Afganistán siguió muy desconectado de la economía mundial debido al regreso al poder de los talibanes y la congelación de sus activos en el extranjero.

Aunque existían, según el Banco Mundial, señales de una recuperación económica gradual, los talibanes agudizaron la crisis humanitaria, especialmente para las mujeres. Debido a las restrictivas políticas de los talibanes, que, entre otras cosas, prohibían a las mujeres trabajar con ONG y agencias de la ONU, su acceso a la ayuda humanitaria resultó cada vez más difícil.

En agosto, la ONU calculaba que más del 78% de las mujeres afganas estaban excluidas de la educación, el empleo y la formación. En junio, UNICEF informó de que el 90% de los niños y las niñas vivían en situación de pobreza alimentaria, la mitad de ellos en grado extremo. En torno a 4 millones de niños y niñas menores de cinco años y de mujeres embarazadas y lactantes sufría desnutrición aguda.

El acceso a la atención sanitaria continuó siendo limitado, especialmente en las zonas rurales, ya que se mantenía la fragilidad del sector sanitario del país y su dependencia de la ayuda internacional. Durante las operaciones de rescate tras el terremoto, a las mujeres sobrevivientes se les negó ayuda médica inmediata debido a las políticas discriminatorias de los talibanes.

Discriminación

Se discriminó a las comunidades bayat, hazara, ismailí (chií) y tajika en la entrega de ayuda humanitaria en las provincias de Badajshán, Ghazni, Ghor y Nimruz debido a presiones para que la ayuda se centrara en las zonas designadas por los talibanes. Las ONG denunciaron que se discriminaba en el empleo a grupos étnicos marginados y minorías religiosas. Los medios de comunicación informaron sobre situaciones de desigualdad y favoritismo en las que estaban implicadas autoridades judiciales y no judiciales talibanas.

En julio, los talibanes desalojaron por la fuerza a familias hazaras del pueblo de Rashak, en el distrito de Panjab (provincia de Bamiyan), después de que un tribunal talibán resolviera un conflicto sobre tierras a favor de comunidades nómadas de etnia pastún. Inicialmente se dio a los residentes hazaras un plazo de 15 días para abandonar el pueblo. Ante su resistencia, los talibanes asaltaron el pueblo y los desalojaron por la fuerza sin ofrecerles alojamiento alternativo ni indemnización.

También en julio, los talibanes desalojaron por la fuerza cientos de hogares en el distrito de Dawlatyar (provincia de Ghor) por un largo conflicto sobre tierras entre dos tribus. Según los medios de comunicación, los desalojos tenían motivación política, ya que muchas de las personas afectadas apoyaban al anterior gobierno. No se les ofreció alojamiento alternativo ni indemnización.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

A pesar de los abusos y violaciones de derechos humanos generalizados perpetrados por los talibanes y del agravamiento de la crisis humanitaria, varios países devolvieron a personas afganas, violando con ello el principio de no devolución. Alemania y Austria comenzaron a deportar a personas afganas, colocándolas en situaciones de peligro. Irán, Pakistán, Tayikistán y Turquía devolvieron a personas refugiadas y solicitantes de asilo afganas en expulsiones masivas. Hasta el mes de diciembre, Irán y Pakistán habían devuelto a 2,8 millones de personas.⁴ Al volver, las mujeres y las niñas eran privadas de casi todos sus derechos y las personas disidentes y las que habían sido miembros del funcionariado del anterior gobierno corrían grave peligro de que los talibanes las sometieran a violaciones de derechos humanos y a ataques en represalia.

Homicidios y ataques ilícitos

Explosiones y atentados suicidas que se atribuyeron a grupos contrarios a los talibanes, a actores desconocidos y a restos de municiones sin explotar de anteriores conflictos mataron e hirieron a civiles, según la ONU y organizaciones afganas de derechos humanos. Los ataques transfronterizos entre los talibanes y Pakistán y los bombardeos aéreos del ejército paquistaní causaron muchas más víctimas civiles.