Instrumento de represión

Desde 2011, el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí se ha venido utilizando como instrumento de represión para silenciar la disidencia. Esto ha tenido efectos paralizantes. Entre las personas a las que el Tribunal ha impuesto duras penas hay periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la esfera política, profesionales de la literatura, clérigos y activistas de los derechos de las mujeres. Aplicando de forma generalizada la draconiana legislación antiterrorista y la Ley de Delitos Informáticos del país, los jueces del Tribunal Penal Especializado han presidido juicios manifiestamente injustos y han impuesto penas de hasta 30 años de prisión y múltiples condenas de muerte.

En este nuevo informe titulado “SILENCIAR LAS VOCES CRÍTICAS”, Amnistía Internacional ha documentado los casos de 100 personas —en su mayoría hombres— que fueron juzgadas por el Tribunal Penal Especializado entre 2011 y 2019. Entre ellas hay muchas procesadas por cargos basados únicamente en el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. La organización ha documentado los horribles detalles de sus casos y los patrones de violaciones de derechos humanos que ponen de manifiesto.

Varios musulmanes chiíes de Arabia Saudí, incluidos jóvenes juzgados por “delitos” cometidos cuando eran menores de 18 años, corrían peligro de ejecución inminente tras un juicio injusto ante el Tribunal Penal Especializado. Tienen buenos motivos para temer lo peor: al menos 28 musulmanes chiíes saudíes han sido ejecutados desde 2016.

Únete a nuestra campaña para liberar a todos los presos y presas de conciencia de Arabia Saudíy garantizar que se adoptan las reformas imprescindibles para poner fin a la parodia de la justicia representada en el Tribunal Penal Especializado.

La presunción de inocencia no forma parte del sistema de justicia de Arabia Saudí.

Taha al Hajji, abogado que ha representado a numerosos acusados ante el Tribunal Penal Especializado

Firma la petición y exige que el rey Salman de Arabia Saudí ponga de inmediato en libertad incondicional a todas las personas encarceladas por protestar pacíficamente.

Arabia Saudí: Libertad para activistas en prisión

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Reformas en la esfera de los derechos humanos: retórica frente a realidad

El discurso gubernamental saudí sobre la adopción de reformas, que se intensificó tras el nombramiento del príncipe heredero Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud en junio de 2017, contrasta acusadamente con la realidad de la situación de los derechos humanos. Junto con alguna reforma positiva, concretamente respecto a los derechos de las mujeres, las autoridades han puesto en marcha una intensa campaña de represión contra miembros de la ciudadanía que promueven el cambio, como economistas, docentes, clérigos, profesionales de la literatura y activistas, todas ellas personas que defienden por medios pacíficos las mismas reformas que el príncipe heredero había prometido o se disponía a adoptar. Sorprende ver que desde 2017 las autoridades saudíes han actuado prácticamente contra todas las personas que defienden los derechos humanos o se muestran críticas con el gobierno valiéndose de la detención arbitraria, la tortura y el procesamiento ante el Tribunal Penal Especializado, entre otros.

Sorprende ver que desde 2017 las autoridades saudíes han actuado prácticamente contra todas las personas que defienden los derechos humanos.

Amnistía Internacional

En efecto, el rey Salman bin Abdulaziz al Saud y el príncipe heredero han intensificado su férreo control de los organismos investigadores, fiscales y de seguridad. En octubre de 2017, la Ley contra el Terrorismo y su Financiación sustituyó a la legislación antiterrorista de 2014. Esto concentró los poderes relativos a la seguridad en manos del rey, delegando la facultad de detener, investigar, interrogar y llevar ante el Tribunal Penal Especializado en la Fiscalía y la Presidencia de Seguridad del Estado, ambas de reciente creación y que dependen directamente del rey. La nueva ley, además, introdujo la pena de muerte para los “delitos de terrorismo”, así como disposiciones que sancionan gravemente actos que pueden implicar simplemente el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Amnistía Internacional
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Represión de la asociación y la expresión pacífica

Hoy, prácticamente todos los defensores y defensoras de los derechos humanos y todas las voces independientes, de hombres y mujeres, están entre rejas cumpliendo largas penas impuestas por el Tribunal Penal Especializado. La mayoría fueron procesados por su labor pacífica de defensa de los derechos humanos y sus reivindicaciones de reforma. Entre ellos están todos los miembros fundadores y muchos simpatizantes de cuatro grupos independientes de derechos humanos prohibidos por las autoridades en 2013 que han permanecido en el país. Numerosos disidentes, activistas y pensadores independientes han huido del país para evitar la persecución.

Muchas de las personas condenadas por el Tribunal Penal Especializado han sido castigadas por expresar opiniones disidentes, defender el cambio, criticar a las autoridades, poner al descubierto abusos cometidos por la Dirección General de Investigaciones o resaltar los fallos del poder judicial, a menudo a través de las redes sociales. Desde 2011, Amnistía Internacional ha documentado los juicios y pronunciamientos de sentencia de 27 personas ante el Tribunal Penal Especializado. Considera que, de las 27 que continúan privadas de libertad, 22 son presos y presas de conciencia, y pide su libertad inmediata e incondicional.

Desde septiembre de 2017, y en varias oleadas de detenciones posteriores, en mayo de 2018 y abril de 2019, las autoridades han detenido arbitrariamente a decenas de personas, entre ellas importantes activistas de los derechos de las mujeres, profesionales de la literatura, clérigos y familiares de activistas. Aunque muchas de las personas detenidas continúan bajo custodia sin haber sido acusadas ni juzgadas, otras se enfrentan a juicio ante el Tribunal Penal Especializado y otros tribunales después de sufrir una terrible pesadilla de prisión preventiva prolongada así como tortura y otros malos tratos.

Por ejemplo, Mohammed al Bajadi,ya procesado anteriormente por su labor de derechos humanos, fue nuevamente detenido en mayo de 2018 y permanece bajo custodia junto a otros activistas sin cargos ni juicio. Salman al Awda, clérigo reformista detenido en septiembre de 2017, se enfrenta a la pena de muerte en su juicio ante el Tribunal Penal Especializado.

Aunque estaba previsto que las defensoras de los derechos humanosLoujain al Hathloul, Iman al Nafjan, Aziza al Yousef, Samar Badawi y Nassim al Sada, entre otras, comparecieran ante el Tribunal Penal Especializado, en cambio lo hicieron ante el Tribunal Penal de Riad para ser juzgadas por su labor pacífica de derechos humanos y por hacer campaña en defensa de los derechos de las mujeres.

De combatir el terrorismo a reprimir la disidencia

El Tribunal Penal Especializado fue establecido en octubre de 2008 para juzgar a personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo. Inicialmente, juzgó a personas sospechosas de ser miembros y simpatizantes del grupo armado Al Qaeda. Sin embargo, la remisión ante él de un grupo de 16 “reformistas de Yeda” en mayo de 2011 marcó un giro decisivo en su trabajo para incluir casos de personas a las que las autoridades simplemente pretendían silenciar. Poco después, el Tribunal Penal Especializado juzgó y condenó a un miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA). Desde entonces se han celebrado juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal contra otras muchas personas por ejercer de manera pacífica sus derechos fundamentales.

El Tribunal Penal Especializado no actúa con arreglo a unos procedimientos claramente establecidos y definidos. El Consejo Judicial Supremo nombra a los jueces sin ninguna transparencia de criterio. Activistas y abogados de derechos humanos piensan que el criterio principal que se aplica es la lealtad percibida del juez al gobierno y no su integridad, experiencia o conocimientos jurídicos.

Las autoridades llevan a personas ante el Tribunal Penal Especializado por cargos de definición ambigua o poco precisa que no están claramente tipificados en la ley y que, en algunos casos, equiparan actividades políticas pacíficas a delitos de terrorismo. En la lista de cargos utilizados en procedimientos ante el Tribunal Penal Especializado que se ha puesto a disposición de Amnistía Internacional, los más comunes son:

Amnistía Internacional
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Algunos de los cargos son contrarios al derecho y las normas internacionales de derechos humanos ya que penalizan el ejercicio pacífico de derechos humanos. La legislación antiterrorista de 2014 otorgaba al Tribunal Penal Especializado jurisdicción exclusiva para juzgar a las personas acusadas en aplicación de esta ley y para aplicarla con carácter retroactivo. Algunas personas que ya habían sido declaradas culpables por otros tribunales tuvieron que comparecer por cargos parecidos ante el Tribunal Penal Especializado, pero recibieron sentencias más duras en aplicación de la legislación antiterrorista.

La versión de la ley aprobada en 2017, igual que su predecesora, contiene definiciones excesivamente generales e imprecisas de “terrorismo”, “delito terrorista” y “entidad terrorista”. Además, introduce disposiciones que castigan la expresión pacífica de opiniones. Por ejemplo, prevé hasta 10 años de prisión por injurias directas o indirectas al rey o al príncipe heredero que cuestionen la religión o la justicia. Asimismo, las autoridades han recurrido ampliamente a la Ley de Delitos Informáticos de 2007 cuando han llevado ante el Tribunal Penal Especializado a personas por expresar críticas al gobierno o defender los derechos humanos, presentando tuits u otros mensajes online como pruebas.

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Un instrumento de represión brutal: Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí. #SaudiArabia

Hoy, prácticamente todos los defensores y defensoras de los derechos humanos y todas las voces independientes, de hombres y mujeres, están entre rejas cumpliendo largas penas impuestas por el Tribunal Penal Especializado.

Amnistía Internacional

Brutal represión de las manifestaciones de chiíes en la Provincia Oriental

Desde 2011, las autoridades mantienen una despiadada campaña de represión contra la minoría musulmana chií dirigida a acabar con las manifestaciones que exigen mas reformas y derechos así como la libertad de personas detenidas y recluidas sin cargos. Centenares de personas han sido detenidas en relación con las protestas celebradas en la gobernación de Al Qatif, en la Provincia Oriental, mayoritariamente poblada por musulmanes chiíes. La mayoría de las personas arrestadas quedaron en libertad sin cargos. Las demás permanecieron bajo custodia sin cargos ni juicio durante un año o más, y más tarde fueron acusadas y juzgadas por el Tribunal Penal Especializado. Con el aumento de las tensiones en la Provincia Oriental, dos clérigos conocidos por su postura crítica hacia el gobierno —Nimr al Nimr y Tawfiq al Amr— pronunciaron sendos sermones el 25 de febrero de 2011 que apoyaban la reivindicación de reformas políticas y religiosas. Ambos fueron detenidos. Persistieron las protestas, así como los arrestos y, el 5 de marzo de 2011, el Ministerio del Interior confirmó la prohibición de las protestas dirigidas a “contradecir la sharia [ley islámica] y los valores y tradiciones de la sociedad saudí”, vigente desde hacía mucho tiempo.
Desde entonces más de un centenar de musulmanes chiíes de Arabia Saudí han comparecido ante el Tribunal Penal Especializado en relación tanto con el ejercicio pacífico de la crítica al gobierno en discursos o en las redes sociales como con la participación en manifestaciones contra el gobierno. Estas personas han sido juzgadas por cargos imprecisos y variados que van desde la organización o el apoyo a manifestaciones hasta la presunta participación en ataques violentos y actos de espionaje para Irán.
Además, musulmanes chiíes han sido condenados a muerte y ejecutados por crímenes cometidos cuando tenían menos de 18 años, después de que el Tribunal Penal Especializado los declarase culpables basándose en “confesiones” obtenidas mediante tortura. Tres hombres jóvenes —Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon— que fueron detenidos por separado en 2012, cuando tenían 17, 16 y 17 años respectivamente, corren peligro de ejecución inminente tras su condena a muerte en un juicio manifiestamente injusto ante el Tribunal Penal Especializado.
El 2 de enero de 2016, las autoridades anunciaron que Nimr al Nimr y otras 46 personas condenadas a muerte habían sido ejecutadas, lo que desató nuevas protestas en la Provincia Oriental. Avivando la tensión, el Tribunal Penal Especializado continuó imponiendo condenas de muerte o largas penas de prisión a personas de la comunidad musulmana chií declaradas culpables de delitos relacionados con las protestas. En julio de 2017 fueron ejecutados varios hombres chiíes condenados a muerte por el Tribunal Penal Especializado, y en abril de 2019 se llevó a cabo la ejecución colectiva de 37 hombres, en su mayoría chiíes.

La primera vez que vi a Yusuf no lo reconocí. Cuando en nuestra primera visita empezó a hablar sobre las torturas soportadas, necesité verlo con mis propios ojos, así que le pedí que se descubriera. Me quedé en estado de shock.

Una persona próxima a Yusuf al Mushaikhass, ejecutado el 11 de julio de 2017 por cargos relacionados con la participación en las protestas de la Provincia Oriental

Los juicios celebrados ante el Tribunal Penal Especializado son una burla de la justicia.Con frecuencia, las vistas se celebran parcial o totalmente en secreto. Los jueces muestran claros prejuicios contra las personas acusadas. No cuestionan ni examinan con rigor las afirmaciones de la fiscalía, y admiten por sistema la “confesión” previa al juicio de la persona acusada como prueba de su culpabilidad, sin investigar cómo se obtuvo, aunque se retracte ante el tribunal y afirme haber confesado bajo tortura.

El Tribunal Penal Especializado ha juzgado y condenado a personas sin estar presentes sus representantes letrados, y en algunos casos después de excluirlos. Los jueces también han usado sus atribuciones para declarar culpables a personas por cargos imprecisos que no constituyen delitos comunes reconocibles, y tratar la disidencia pacífica, la protección de los derechos humanos y la defensa de la reforma política como crímenes contra el Estado o actos de terrorismo.

Amnistía Internacional revisó atentamente ocho causas judiciales ante el Tribunal Penal Especializado de 68 chiíes, la mayoría de los cuales fueron procesados por su participación en protestas antigubernamentales, y de otras 27 personas procesadas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación. En todos los casos concluyó que los juicios fueron manifiestamente injustos y hubo personas declaradas culpables —y, en muchos casos, condenadas a muerte— por cargos imprecisos y “muy generales” que penalizan la oposición pacífica como “terrorismo”, y basándose en “confesiones” obtenidas bajo tortura.

De hecho, todo el proceso judicial asociado al Tribunal Penal Especializado adolece de profundos defectos, desde el momento de la detención hasta el último recurso de apelación. La mayoría de las personas acusadas en los juicios documentados por Amnistía Internacional:

  • fueron detenidas sin orden judicial;
  • no fueron informadas de los motivos de la detención;
  • estuvieron recluidas en régimen de incomunicación y, a menudo, de aislamiento, sin acceso a familiares ni representación letrada durante días, semanas o meses;
  • fueron sometidas a tortura u otros malos tratos estando en reclusión preventiva como castigo por negarse a “arrepentirse” o con el fin de obligarlas a “confesar” o a comprometerse a dejar de criticar al gobierno, y
  • estuvieron recluidas sin cargos ni juicio, sin posibilidad de impugnar su detención, durante un periodo de hasta tres años y medio.

Uno de los defectos más llamativos del Tribunal Penal Especializado en los juicios examinados por Amnistía Internacional es la admisión incondicional de “confesiones” obtenidas bajo tortura. Al menos 20 hombres chiíes juzgados por el Tribunal Penal Especializado han sido condenados a muerte en función de estas “confesiones”, y de 17 fueron ejecutados.

Hussein al Rabi, uno de los acusados en el juicio colectivo contra manifestantes de la Provincia Oriental, explicó al Tribunal Penal Especializado que su interrogador lo había abofeteado y golpeado y que había amenazado con dejarlo suspendido de los brazos y aplicarle descargas eléctricas si no “confesaba”. También dijo al Tribunal que su interrogador había amenazado con torturarlo si se negaba a confirmar su “confesión” ante un juez. De hecho, cuando se negó a hacerlo fue privado de comida y agua, hasta que perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado al hospital. Y todo ello tras haber recibido ocho balazos en el momento del arresto. Hussein al Rabi fue ejecutado en abril de 2019.

Ninguna de las personas acusadas en los juicios ante el Tribunal Penal Especializado que examinó Amnistía Internacional tuvo acceso a asistencia letrada tras la detención ni durante su interrogatorio en cárceles de la Dirección General de Seguridad.Como mucho, pudieron reunirse con su defensa en la sesión de apertura del juicio. No se les dio la oportunidad de preparar y presentar sus argumentos durante el juicio, ni de refutar los argumentos y pruebas presentados en su contra en pie de igualdad con la acusación.

Por último, se conculca el derecho de apelación. Las vistas de los recursos presentados contra sentencias del Tribunal Penal Especializado se celebran a puerta cerrada y sin la presencia o participación de las personas acusadas y sus representantes letrados. En muchos casos no se les comunica con antelación la vista ante la Sala de Apelación del Tribunal Penal Especializado y sólo se enteran cuando ven que el recurso ha sido rechazado. A menudo las autoridades judiciales no comunican el resultado de la apelación a la persona acusada, a su representante letrado ni a su familia, ni siquiera cuando se ha confirmado su condena a muerte.

RECOMENDACIONES

  • Al rey y al príncipe heredero de Arabia Saudí quepongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas presas de conciencia, garanticen la anulación de sus sentencias y condenas y declaren la suspensión oficial de todas las ejecuciones con miras a la abolición de la pena de muerte.
  • Al Consejo Judicial Supremo queintroduzca reformas fundamentales en el Tribunal Penal Especializado para garantizar que celebra juicios justos, protege a la persona acusada frente a la detención arbitraria y a la tortura y otros malos tratos, y vigila que se celebren vistas justas para decidir una reparación adecuada a todas las víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos a manos de funcionarios del Estado o de personas que actuaban en su nombre.
  • A la Fiscalía quegarantice que todas las personas contra las que haya pruebas admisibles suficientes sobre su responsabilidad en actos de tortura u otros malos tratos son procesadas sin demora y juzgadas con las debidas garantías y que, si son declaradas culpables, se impongan condenas proporcionadas a la gravedad del delito y sin recurrir a la pena de muerte.
  • Al Consejo de Ministros queestablezca una comisión de investigación independiente sobre el uso de la tortura y otros malos tratos por la Dirección General de Seguridad y otros agentes estatales, que derogue o reforme la legislación antiterrorista y la Ley de Delitos Informáticos para que sean acordes al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y que garantice que ninguna persona menor de 18 años en el momento de su presunto delito es condenada a muerte.
  • A los aliados estratégicos de Arabia Saudí quepidan al gobierno saudí que respete íntegramente el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
  • Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU queestablezca un mecanismo de vigilancia de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí.