Decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente en Managua este domingo 14 de octubre, cuando se disponían a iniciar una marcha cívica bajo el lema “Unidos por la Libertad”. Esto claramente pone en práctica las amenazas del presidente Daniel Ortega de criminalizar a toda persona que se atreva a disentir en contra den su gobierno, haciendo uso legítimo de su derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica, denunció Amnistía Internacional.
Es una aberración que el gobierno del presidente Daniel Ortega haga uso arbitrario del aparato penal de justicia para silenciar a quienes se manifiestan en su contra en reclamo de justicia y del ejercicio de sus derechos fundamentales.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
El comunicado de prensa de la Policía Nacional de 14 de octubre confirmó que 38 personas habían sido detenidas -8 de ellas posteriormente liberadas, – por participar en “actividades instigadoras y provocadoras”, bajo el argumento de no tener la autorización para realizar la manifestación, y de alterar “la paz y normal convivencia”.
“Es una aberración que el gobierno del presidente Daniel Ortega haga uso arbitrario del aparato penal de justicia para silenciar a quienes se manifiestan en su contra en reclamo de justicia y del ejercicio de sus derechos fundamentales. Detener a personas simplemente por salir a la calle a protestar, refleja el desapego de este gobierno a la legalidad y los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
A través de recientes comunicados oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega había advertido que las manifestaciones públicas en su contra se declaraban ilegales, y que toda persona señalada de organizarlas o convocarlas sería detenida y responsabilizada de cualquier delito o alteración al orden público. Esto en total contravención de sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, la defensora de derechos humanos Haydeé Castillo fue detenida arbitrariamente en el aeropuerto de Managua instantes antes de abordar un vuelo para asistir a una reunión sobre personas defensoras de derechos humanos fuera del país. El día 8 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares por considerar que sus derechos a la vida e integridad personal se encontraban en una situación de gravedad y urgente protección.
Detener a personas simplemente por salir a la calle a protestar, refleja el desapego de este gobierno a la legalidad y los derechos humanos.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha venido documentando la detención arbitraria de personas por el simple hecho de participar en manifestaciones, o criticar públicamente al gobierno. Muchas de estas personas son líderes de movimientos sociales y estudiantiles, así como representantes de múltiples sectores de la sociedad antes el Diálogo Nacional, suspendido por el gobierno. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al 18 de agosto de 2018 al menos 300 personas estaban siendo procesadas por su participación en las protestas.
Hasta el momento, las, al menos, 30 personas reportadas como detenidas este domingo permanecen en el centro de reclusión de “El Chipote”. Amnistía Internacional ha podido constatar que no se encontraban en la comisión flagrante de ningún delito establecido en la ley, ni existía, al momento del arresto, una orden de aprehensión en su contra.
“Estas detenciones arbitrarias muestran la intolerancia y la falta de voluntad del presidente Ortega para solucionar la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, demostrando hasta dónde es capaz de llegar para silenciar las voces de la ciudadanía que reclaman la rendición de cuentas y justicia. El gobierno de Nicaragua se equivoca al pensar que el pensamiento crítico, la exigencia de derechos y la indignación pueden ser encarceladas”, dijo Guevara Rosas.
De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la falta de aviso o autorización para la celebración de una manifestación pacífica no puede ser razón para declarar la misma ilegal y arrestar a quienes participan. Todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión o manifestación pacífica deben ser inmediata e incondicionalmente liberadas.
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