Ante las informaciones que circulan hoy en los medios de comunicación israelíes que indican que el Ministro de Economía de Israel prevé tomar medidas contra la organización y sus donantes en aplicación de la polémica ley antiboicot de 2011, en relación con su campaña en la que pide a los gobiernos que prohíban la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Las informaciones que indican que el gobierno israelí prevé castigar a Amnistía Internacional por su campaña sobre los asentamientos son muy alarmantes. Aunque las autoridades no nos han informado oficialmente de ninguna medida de este tipo, de ser cierta, sería un serio revés para la libertad de expresión y una señal preocupante para la capacidad de las ONG de derechos humanos de Israel de trabajar libremente y sin injerencias arbitrarias.”
Amnistía Internacional no ha recibido ninguna notificación oficial sobre si se va a tomar alguna medida y ha pedido confirmación al Ministerio de Economía israelí.
La adopción de una medida punitiva contra Amnistía Internacional por su campaña sobre los asentamientos constituiría un ataque descarado de las autoridades israelíes contra la legítima labor de derechos humanos de la organización.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
Los medios de comunicación israelíes han informado de que las autoridades de Israel cambiarán la condición jurídica de la Sección Israelí de Amnistía Internacional para que los donativos a la organización dejen de ser desgravables. La Sección Israelí de Amnistía Internacional no obtuvo el derecho al beneficio fiscal hasta el pasado mes de octubre.
“La adopción de una medida punitiva contra Amnistía Internacional por su campaña sobre los asentamientos constituiría un ataque descarado de las autoridades israelíes contra la legítima labor de derechos humanos de la organización. También sería el esfuerzo más reciente de las autoridades para silenciar a las organizaciones y activistas de derechos humanos que critican al gobierno israelí y piden que rinda cuentas de sus actos”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.
Amnistía Internacional ha subrayado en reiteradas ocasiones que la propia existencia de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados viola el derecho internacional, postura sobre la que existe un consenso internacional y está reflejada en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Los asentamientos contribuyen desde hace decenios al sufrimiento y a las violaciones masivas de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados.
Como organización de derechos humanos, Amnistía Internacional tiene como fin garantizar que los gobiernos cumplen sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional y no fomentan que se cometan violaciones de derechos humanos. Esa es la razón por la que la campaña de la organización dirige su llamamiento a Estados de todo el mundo, pidiéndoles que dejen de contribuir a una situación ilegal sosteniendo económicamente la política de asentamientos abusiva, discriminatoria e ilegal de Israel.
Al permitir la importación en sus mercados de productos procedentes de asentamientos israelíes y que empresas de sus países operen en los asentamientos o comercien con sus productos, la comunidad internacional está ayudando directamente a que las industrias de los asentamientos ilegales obtengan beneficios y prosperen. Es esencial que se acabe con la empresa de los asentamientos para poner fin a las violaciones masivas de derechos humanos que sufre la población palestina que vive sometida a la ocupación de Israel.
En términos generales, Amnistía Internacional no apoya ni se opone a los boicots de consumidores; sin embargo, la organización sí defiende los derechos de las personas a participar y propugnar boicots si así lo desean, y hace campaña en favor de quienes han sido castigadas por hacerlo.